Fiscal del Distrito Fronterizo Costa, Tapachula, Chiapas
Expediente 190/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 1 actuación registrada, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Fiscal del Distrito Fronterizo Costa, Tapachula, Chiapas
Actuaciones
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de marzo de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta misma fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 190/2022, promovido por Eulises Díaz Cruz, contra actos del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que se hace consistir en la orden de aprehensión, detención, presentación, localización y búsqueda. Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir en el término de cuarenta y ocho horas, para tal efecto, se les envía copia simple de la demanda. Se señalan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 2 celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las pondrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gog.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.as p con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 125, 128,139, 162 y 166 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la orden de aprehensión detención, presentación, localización y búsqueda para los efectos siguientes: A). En el caso de que el acto reclamado consista en una orden de aprehensión, decretada por un juez de control, de conformidad con el artículo 166 de la ley de la materia, los efectos de la suspensión serán: I. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano jurisdiccional de amparo le imponga, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. II. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión solo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 3 ??????A???????? B) Si se trata de una orden de detención, búsqueda, presentación o localización, girada por autoridad administrativa, para el efecto de que no se prive de la libertad personal que goza el quejoso, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 66/2001, que resolvió la contradicción de tesis número 52/200-PS entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de cuatro de julio de dos mil uno, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ORDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUELLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar a proceder la detención de una persona, mientras que aquéllas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgado deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 4 fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la Ley de la Materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aún cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continué surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." Asimismo, la jurisprudencia 86/2010, que resolvió la contradicción de tesis 454/2009, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintisiete de octubre de dos mil diez, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 5 ??????A???????? solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador." C) De igual forma, para que las cosas se mantengan en el estado que guarden y no se aplique en su contra alguna de las medidas de apremio contenidas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como amonestación, multa, el uso de la fuerza pública o el arresto con la finalidad de presentar al promovente. Sin embargo, lo anterior no significa que el incidentista esté relevado de cumplir con el mandamiento decretado en su contra, VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 6 pues es claro que el procedimiento de investigación y las diligencias que en él se decretan son consideradas de orden público y, por ende, insuspendible; y D). Ahora bien, si la orden de aprehensión fue dictada por una autoridad del sistema tradicional, la medida suspensional concedida es para el efecto siguiente: I. Si se tratara de delitos considerados como no graves el efecto será para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se prive de la libertad personal que goza la parte quejosa, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva II. Si se tratara a delitos considerados como graves o que la ley aplicable no permita expresamente conceder la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte promovente del amparo en caso sea detenido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el Centro de Readaptación Social en el que sea recluido bajo la estricta responsabilidad de la autoridad ejecutora y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la secuela del procedimiento penal. Por otra parte, debe decirse que la medida suspensional no surtirá efectos si los actos de los que se solicita la suspensión enumerados con anterioridad, derivan de una autoridad diversa a las señaladas como responsables, o si se trata de actos distintos a los reclamados. En esa tesitura, tomando en consideración que el procedimiento penal es de orden público y no es dable VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 7 ??????A???????? suspenderlo, este juzgado en uso de la facultad discrecional de la fracción II, del artículo 166 de la Ley de Amparo, estima procedente fijar al peticionario de amparo, las medidas de efectividad y aseguramiento siguientes: 1.- Con apoyo en lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo y toda vez que es una facultad discrecional del Juez de amparo fijar la garantía que deberá exhibir el quejoso y atendiendo de que se trata de una medida de aseguramiento para evitar que el incidentistas, se sustraiga a la acción de la justicia, así como que no se cuenta con datos del tipo de delito de que se trata; de su naturaleza dolosa o culposa, del bien jurídico tutelado vulnerado y del monto estimado de la posible reparación del daño, se fija la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual podrá exhibirse en cualquiera de las formas legales, hasta antes de la fecha señalada para el verificativo de la audiencia incidental, es decir, no deberá exceder el plazo de cinco días siguientes al dictado del presente proveído; en la inteligencia que si la impetrante no exhibe la citada cantidad dentro del plazo concedido, la medida cautelar concedida dejará de surtir efectos. La anterior cantidad se fija en forma discrecional pues como ya se dijo, se desconoce la modalidad y características del o los delitos por los cuales se libró la orden de aprehensión, detención, presentación, localización y búsqueda, que se reclama, lo que puede ocasionar que fácilmente el promovente de la medida cautelar se sustraiga de la acción de la justicia; en la inteligencia de que la presente determinación puede variar tomando en consideración los informes previos que en su momento rindan las autoridades y demás elementos allegados al sumario. VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 8 Apoya lo anterior, por las razones que informan la jurisprudencia 1ª./J.68/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 377, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)". En la inteligencia de que si opta por billete de depósito deberá ser expedido por el Banco del Ahorro y Servicios VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 9 ??????A???????? Financieros, Sociedad Nacional de Créditos, en el que deberán constar, además de los datos exigidos por la institución bancaria, los datos relativos al tribunal a cuyo favor se expida el endoso y los relacionados a que la parte incidentista sea quien los otorgue, así como el número de expediente que le corresponde, siendo éste el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 190/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como el concepto que garantiza el documento de valor, esto es, para garantizar la suspensión provisional otorgada en el juicio de amparo 190/2022. Lo anterior, en el entendido de que la institución depositaria deberá emitir documento en el que conste cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la citada institución e incluir una leyenda que comprenda la autorización expresa de los titulares del depósito otorgada al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia y depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. Lo anterior de conformidad con lo que establecen los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La ausencia de esta última inserción y/o leyenda no impedirá aceptar una garantía para gozar de un beneficio dar cumplimiento a una obligación. Para el caso de elegir póliza de fianza, la institución correspondiente deberá expedirla "ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 10 Chiapas y a favor de la Tesorería de la Federación", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas y 322 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; asimismo, la vigencia de la caución deberá ser por todo el tiempo que dure la presente medida suspensional; por otro lado, tendrá que asentarse que la afianzadora se sujeta, para el caso de que se haga efectivo, al trámite que prevé el numeral 95 antes invocado y su Reglamento. Por otra parte, con fundamento en el numeral 140 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables, para que al momento de rendir sus respectivos informes previos, precisen a este juzgado federal el delito o el hecho que la ley señala como delito por el que se libró la orden de aprehensión, detención, presentación, localización y búsqueda, si amerita prisión preventiva oficiosa o no, así como el monto de la reparación del daño si así procediera, siempre y cuando esté cuantificado en autos. Esto último, para estar en posibilidad de fijar en la suspensión definitiva las medidas de aseguramiento que este juzgado estime convenientes, a fin de que el impetrante de amparo no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado los actos reclamados, con apoyo en la facultad que le concede al juez de amparo el artículo 168 de la ley de la materia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, correspondiente al mes de mayo de 1997, materia Penal, VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 11 ??????A???????? página 226, de rubro y texto, siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 12 reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." Una vez que se tenga la certeza del acto reclamado y qué autoridad es la que lo ordenó, el promovente deberá comparecer dentro del plazo de tres días ante dicha responsable, para el efecto, si lo amerita, de la continuación del trámite penal, exigible por el artículo 162, de la ley de reglamentaria en consulta, así como presentarse cuantas veces sea requerido, ante la autoridad que haya emitido el acto reclamado, acreditando oportunamente ante este órgano constitucional que cumplió con dicha obligación, de lo contrario también dejará de surtir efectos la presente suspensión; en la inteligencia de que el incumplimiento a esta carga procesal dentro del procedimiento de origen eventualmente será imputable a la parte quejosa; por lo que, de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Amparo, la suspensión podrá ser revocada cuando el incidentista incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por este Juzgado. Comuníquese a las autoridades responsables que deberán mantener informando a este juzgado federal si el quejoso de referencia cumple o no con las obligaciones que se le impongan. Para sustentar lo anterior, por las razones que en ella se informan, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. C149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 371, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 13 ??????A???????? ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Apercíbase a las autoridades responsables que de no acatar la medida cautelar concedida, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, en virtud de que el desacato a un mandato judicial implica el delito de violación a la suspensión previsto por el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo y sancionado con el numeral 215 del Código Penal Federal. Finalmente, como lo solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 14 expídase copia certificada del presente proveído y entréguese a las personas que autoriza, previa identificación y razón de recibo que se deje agregada al expediente.
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