Fiscal de Procesos En Juzgados Civiles

Expediente 1060/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1060/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
23/07/2018

Partes del expediente

  • Fiscal de Procesos En Juzgados Civiles
  • AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, HUMBERTO PIÑA VELASCO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se declara consentido; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En otro orden de ideas, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran en autos documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1060/2017-III, promovido por ********************, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El doce de julio de dos mil diecisiete, se autorizó el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa FAE/A/T3/40/13-04 D01 DI y sus acumuladas FCH/CUH-7/T3/2834/13-08 y FPC/74/T3/183/15-03, en las que la quejosa tiene el doble carácter de denunciante e imputada. Determinación que le fue notificada el ocho de agosto de dos mil diecisiete. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de inconformidad, el cual fue desechado por extemporáneo el veintisiete de noviembre del año pasado (acto reclamado). SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Desechamiento parcial, admisión sin suspensión de plano y con incidente de suspensión: Dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 25 a 30). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito a este juzgado: Diecinueve de diciembre dos mil diecisiete (foja 30 vuelta), quien no formuló pedimento. Emplazamiento a la parte tercero interesada María de los Ángeles Vega Aranda y Luis Mario Juárez Aranda: Dos de enero de dos mil dieciocho (fojas 43 y 52). Audiencia constitucional: Treinta de enero de dos mil dieciocho (foja 112). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que confirma la autorización del no ejercicio de la acción penal, recaída en la averiguación previa FAE/A/T3/40/13-04 D01 D1 y sus acumuladas FCH/CUH-7/T3/2834/13-08 Y FPC/74/T3/183/15-03. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Orden Autoridades responsables Acto reclamado Sentido del informe Fojas I HUMBERTO SOTELO SALGADO, FISCAL DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. La citada resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Acepta. 96 a 99. II AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA QUINTA UNIDAD INVESTIGADORA SIN DETENIDO (O UNIDAD INVESTIGADORA CINCO SIN DETENIDO) DE LA 74a. AGENCIA INVESTIGADORA EN LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Niega. 50. III MARÍA NELLY IVONNE BAEZ MONTAÑO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SUPERVISOR, ENCARGADA (RESPONSABLE) DE LA 74a. AGENCIA INVESTIGADORA, EN LA FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS CIVILES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Niega. 45. 3.1 No es cierto el citado acto reclamado atribuido a las autoridades identificadas con los numerales II y III, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 45 y 50); sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dichas negativas. Máxime que de autos de advierte que tal acto fue emitido por la diversa autoridad señalada como I. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio en relación con las autoridades precisadas. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el referido acto reclamado a la citada autoridad I, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 96 a 99). Lo anterior, se robustece con las documentales que se allegaron al sumario, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º.. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Dado que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, procede entrar al estudio de fondo del asunto. Previo al análisis del asunto, cabe señalar que de las constancias que se allegaron al sumario, se desprenden los siguientes antecedentes: A. El once de julio de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público de la Quinta Unidad de Investigación de la Septuagésima Cuarta de Investigación de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, emitió propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FAE/A/T3/40/13-04 D01 DI y sus acumuladas FCH/CUH-7/T3/2834/13-08 y FPC/74/T3/183/15-03, en las que la quejosa tiene el doble carácter de denunciante e imputada (fojas 4018 y 4019, anexo V). B. El doce de julio siguiente, se autorizó el no ejercicio de la acción penal (foja 4022, anexo V). C. El ocho de agosto de dos mil diecisiete, se notificó a la parte quejosa tal determinación, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones (fojas 4051 y 4052, anexo V). D. El catorce de agosto siguiente, el representante y asesor de la quejosa interpuso recurso de inconformidad en contra de la autorización del no ejercicio de la acción penal (foja 4054, anexo V). E. El siete de septiembre de ese mismo año, se confirmó la autorización del no ejercicio de la acción penal, al considerar que el promovente carecía de legitimación para interponerlo, ya que la directa interesada no suscribió el ocurso de inconformidad (foja 4073, anexo V). F. El seis de octubre siguiente, dicho representante y asesor de la quejosa realizó manifestaciones en contra de la anterior determinación, aduciendo entre otras cosas, que si bien había sido autorizado por la quejosa para oír y recibir notificaciones, era obligación de la autoridad ministerial notificarle directamente a ella la autorización del no ejercicio de la acción penal (fojas 4081 a 4088, anexo V). G. En esa misma fecha, la representación social informó al ocursante que no había lugar a acceder a su solicitud, esencialmente, porque la quejosa ya había sido notificada de dicha autorización del no ejercicio de la acción penal, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, por lo que no resultaba procedente realizar una doble notificación de esa índole (foja 4089, anexo V). H. El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la quejosa ********************, interpuso recurso de inconformidad en contra del acuerdo de autorización del no ejercicio de la acción penal, de doce de julio de ese mismo año (foja 4093, anexo V). I. El veintisiete de noviembre del año pasado, el Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó la autorización del no ejercicio de la acción penal, al considerar que el medio de impugnación se presentó en forma extemporánea (fojas 4100 a 4116, anexo V) (acto reclamado). Por su parte, en los conceptos de violación, la parte quejosa aduce que la determinación reclamada carece de la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, además, es violatorio de su derechos a la igualdad, de acceso a la justicia y de una adecuada defensa, así como de las formalidades esenciales del procedimiento, tutelados en los diversos numerales 1°., 14, 17 y 20; fundamentalmente, porque la responsable además de ser incompetente para su dictado, soslayó que la representación social autorizó el no ejercicio de la acción penal el doce de julio de dos mil diecisiete, cuando aún existían pruebas pendientes por desahogar en la investigación; aunado a que NO LE FUE NOTIFICADA DICHA DETERMINACIÓN CONFORME A LAS PREVISIONES DE LEY. Lo anterior es inatendible. En principio, cabe destacar que la litis en este asunto se circunscribe al examen constitucional de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que confirma la autorización del no ejercicio de la acción penal, recaída en la averiguación previa FAE/A/T3/40/13-04 D01 D1 y sus acumuladas FCH/CUH-7/T3/2834/13-08 Y FPC/74/T3/183/15-03, como se precisó en el acuerdo admisorio, por lo que los motivos de disenso esgrimidos en relación con los diversos acuerdos de once y doce de julio de ese mismo año, en los que se propuso y autorizó el no ejercicio de la acción penal, respectivamente, no serán motivo de análisis en esta instancia, al haber sido desechada la demanda en relación con estos actos, según se aprecia del acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en este expediente (foja 25), sin que se recurriera. De esa guisa, los planteamientos de la quejosa relativos a la supuesta irregularidad de la notificación respecto al acuerdo de doce de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se autorizó el no ejercicio de la acción penal, no serán objeto de análisis pues durante la secuela procesal ya realizó las objeciones que estimó conducentes, por conducto de su representante y asesor, sin que hubiera promovido en su oportunidad algún medio ordinario o extraordinario de defensa. Sentado lo anterior, por cuanto hace a la resolución efectivamente reclamada de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, cabe señalar que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once), implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como en la interpretación más favorable a la persona (principio pro persona o pro homine), ello no implica que los órganos administrativos nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de procuración justicia en la manera en que la venían desempeñando antes de dicha reforma, lo cual, implica observar los principios constitucionales y legales que rigen su función. En esa tesitura, en cuanto a la transgresión al precepto 1°. de la Carta Magna, debe decirse que, dicho numeral consagra los derechos humanos en cuanto a la libertad que todo individuo debe tener en el territorio mexicano bajo la protección de las leyes, la prohibición de discriminación por origen étnico o nacional, el género, edad, discapacidades, condiciones sociales, de salud, la religión, opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas o bien la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos fundamentales. Aspectos que desde luego se estiman cumplidos, pues en el caso, no se advierte desigualdad jurídica ni trato discriminatorio alguno con motivo del origen de la quejosa, su calidad de género, edad, condiciones sociales, salud, religión, preferencias sexuales, estado civil o posición económica, ni en su trato como ofendido, pues la circunstancia de que la determinación emitida por la representación social responsable fuese desfavorable para la parte quejosa, no puede considerarse como una desigualdad de trato, ni tampoco discriminatoria o emitida contra su dignidad, que se traduzca en contravención a sus derechos fundamentales, ni lo discriminó con motivo de sus condiciones personales, porque tanto el proceso instaurado en su contra, como la resolución combatida, se llevaron a cabo conforme a las disposiciones aplicables, como se verá más adelante. Por otra parte, cabe destacar que del análisis de las constancias procesales del sumario, se obtiene que se dio a la quejosa la oportunidad de intervenir antes de que se pronunciara la resolución combatida y se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento (artículo 14 constitucional), las cuales globalmente consisten en que se le haya notificado el inicio del procedimiento y de sus consecuencias, así como en la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la de alegar y el dictado de una resolución que resuelva las cuestiones debatidas, todo lo cual se ha constatado que se llevó a cabo, cumpliendo también con las previsiones del artículo 20, apartado A, de la Carta Magna. A mayor abundamiento, dicho numeral 14 constitucional, en sus párrafos primero y tercero, establece las garantías de prohibición de la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado, y de aplicación por analogía, es decir, consagra el principio de exacta aplicación de la ley, las cuales tampoco fueron vulneradas en perjuicio de la ahora solicitante en atención a que, la representación social resolvió conforme a la ley adjetiva correspondiente y se constató que las circunstancias particulares de la quejosa encuadraron en las normas invocadas, por lo que en dicho rubro no existió aplicación por analogía de la ley. En diversa arista, se analiza la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dicho precepto constitucional, se desprenden los siguientes subprincipios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. De ahí que, el derecho de acceso a la justicia no se vio vulnerado, puesto que, los principios antes mencionados fueron cumplidos en su totalidad, dado que, la Fiscalía responsable es la competente y facultada para analizar los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de las autorizaciones del no ejercicio de la acción penal y emitió su determinación dentro de un plazo razonable; de lo que se colige que se dio cumplimiento a su garantía de tutela judicial efectiva. En otro aspecto, se observa que la resolución reclamada cumplió con los requisitos formales establecidos en el artículo 16 constitucional, ya que la Fiscalía responsable señaló los preceptos aplicables al caso concreto y las circunstancias especiales, así como las razones jurídicas para determinar que fue extemporáneo el recurso de inconformidad que interpuso la quejosa y, en consecuencia, debía quedar firme la determinación de doce de julio de dos mil diecisiete, observándose a su vez, que entre los dispositivos legales que citó y las razones en los que sustentó su criterio, existe la adecuación que configura el supuesto normativo, por lo que, no existe transgresión al precepto aludido. Se afirma ello, porque la autoridad responsable invocó, entre otros, el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, que reza: "Artículo 15. La determinación del no ejercicio de la acción penal, se impugnará, por el denunciante, querellante, ofendido o víctima del delito, a través del recurso de inconformidad, el cual se promoverá ante la autoridad que emitió dicha determinación. El recurso será resuelto, en caso de delitos no graves por el fiscal que corresponda; y en tratándose de delitos graves por el Subprocurador de Averiguaciones Previas respectivo. El recurso de inconformidad, deberá promoverse en el término de quince días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, de acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. (.).". Como se ve, el citado precepto establece la temporalidad de quince días para la interposición del recurso de inconformidad como medio de defensa en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, en la especie, el ocho de agosto de dos mil diecisiete, la representación social notificó a la quejosa la determinación de doce de julio de dos mil diecisiete, mediante la cual autorizó el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa FAE/A/T3/40/13-04 D01 DI y sus acumuladas FCH/CUH-7/T3/2834/13-08 y FPC/74/T3/183/15-03 (fojas 4051 y 4052, anexo V). Por su parte, la quejosa interpuso el aludido recurso de inconformidad en contra de dicha determinación, hasta el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, período entre el cual mediaron más de cincuenta días hábiles (fojas 4093, anexo V). Conviene traer a colación lo que al respecto decidió la responsable en el acto reclamado (fojas 4114 a 4116, anexo V): "(.) 1.- En fecha 12 doce del mes de Julio del año 2017 dos mil diecisiete, la Licenciada María Nelly Ivonne Baez Montaño, Agente del Ministerio Público Supervisor, Encargada de la Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora en lo Civil, resolvió declarar procedente la propuesta de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por lo que hace a la DENUNCIA DE HECHOS en contra de MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS NIETO Y GUSTAVO ADOLFO TINOCO RUBÍ; así como por lo que hace al delito de FRAUDE PROCESAL Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, atribuidos a LUIS MARIO JUÁREZ ARANDA Y MARÍA DE LOS ANGELES VEGA ARANDA o ANGELES VEGA ARANDA, ordenando notificar a la denunciante MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS NIETO. [Foja 4022, Tomo IV]. 2.- En virtud de lo anterior y por lo que hace a la denunciante MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS NIETO, el C. Francisco Díaz Ramírez, habilitado como Notificador adscrito a esta Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, se presentó en fecha 07 SIETE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, en el domicilio proporcionado por la denunciante PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, esto es, en CALLE TLACOTALPAN, NÚMERO 13, DESPACHO 10 (ENTRE AGUASCALIENTES Y CAMPECHE), COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06760, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO (FOJA 3905), siendo el caso que no fue posible llevar a cabo la notificación en virtud de que no hubo persona alguna que atendiera; motivo por el cual el Notificador dejó CITATORIO [foja 4051], señalando que se presentaría en fecha 08 OCHO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, entre las 12:50 horas. Por lo que en un asegunda visita del NOTIFICADOR se presentó nuevamente en el domicilio señalado en fecha 08 OCHO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, siendo que en esta SEGUNDA OCASIÓN TAMPOCO ENCONTRÓ A NADIE EN EL DOMICILIO AUTORIZADO POR LA DENUNCIANTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, por lo que con fundamento en el artículo 86 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (Cuando no sea posible encontrar al interesado ni a ninguna de las personas que señala este artículo, el notificador hará la notificación fijando la cédula en la puerta de la casa y asentando en autos razón de tal circunstancia) se FIJÓ LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN respectiva, en la puerta de domicilio en donde se actuó [foja 4052]. De lo antes referido se advierte que el cómputo procedente para la interposición del recurso de inconformidad de acuerdo con el numeral invocado, comprende los días del 09 NUEVE AL 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE; es decir, comprendían del 09 nueve, 10 diez, 11 once, 14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis, 17 diecisiete, 18 dieciocho, 21 veintiuno, 22 veintidós, 23 veintitrés, 24 veinticuatro, 25 veinticinco, 28 veintiocho y 29 veintinueve del mes de Agosto de 2017; excluyendo los días 12 doce, 13 trece, 19 diecinueve, 20 veinte, 26 veintiséis y 27 veintisiete del mes de agosto de 2017 dos mil diecisiete por ser inhábiles (sábados y domingos); y en la especie, el recurso que por esta vía se analiza se presentó en las oficinas que ocupa la 74a. Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora en lo Civil, en fecha 27 VEINTISIETE DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2017 DOS MIL DIECISIETE, según consta a foja 4093 de la Averiguación Previa citada al rubro; por lo que, es inconcuso que ésta Autoridad conozca de la inconformidad el 53° QUINCUAGÉSIMO TERCER DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN del acuerdo combatido, esto es, la inconformidad planteada se presentó por mucho fuera del término concedido al efecto. Nótese que los días sábados y domingos contando a partir de la notificación a la fecha de la presentación del escrito de inconformidad 12 doce, 13 trece, 19 diecinueve, 20 veinte, 26 veintiséis y 27 veintisiete del mes de agosto de 2017 dos mil diecisiete (sábados y domingos), no se computaron por considerarse inhábiles. Asimismo, cabe señalar a la recurrente MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS NIETO, que el Licenciado Alejandro Trimmer Siliceo (al parecer titular del Despacho Consultoría Jurídica TRIMMER Abogados), autorizado para oír y recibir toda clase de notificaciones (aún las de carácter personal) por la denunciante, según consta en el escrito agregado a foja 3905 Tomo IV de la presente indagatoria, se enteró en tiempo y forma de la notificación de la propuesta de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL de fecha 11 once de Julio del año en curso, esto es así, en virtud de que el Lic. Alejandro Trimmer Siliceo en su calidad de autorizado de la denunciante, intentó interponer RECURSO DE INCONFORMIDAD mediante escrito de fecha 14 catorce de Agosto de 2017 dos mil diecisiete (foja 4054), mismo que fue declarado desierto por el suscrito mediante determinación de fecha 07 siete del mes de Septiembre de 2017 dos mil diecisiete (fojas 4057 a 4073), resolución que le fue notificada de forma personal al promovente LIC. ALEJANDRO TRIMMER SILICEO, en su calidad de autorizado por la denunciante en fecha 18 dieciocho de septiembre del año en curso (4074). Por lo que es erróneo lo referido por la denunciante que se enteró el 26 veintiséis de octubre de la resolución combatida, ya que su Abogado y Asesor Jurídico, autorizado PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, se encontraba enterado en tiempo de la resolución que por esta vía se combate, y el mismo por ser perito en la materia, debe de conocer las formalidades que deben observarse en la presentación de los medios de impugnación, tales como Recurso de Revisión o Juicio de Amparo, siendo que para interponer el Juicio de Garantías correspondiente su asesor estuvo enterado en tiempo y forma, y sin embargo no realizo la demanda correspondiente. Por lo que la NOTIFICACIÓN de la propuesta combatida se hizo de acuerdo a estipulado en el artículo 86 del Código de Procedimientos Penales vigente para la Ciudad de México, en el DOMICILIO AUTORIZADO PARA OÍR. Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL POR LÁ DENUNCIANTE MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS NIETO, mismo domicilio que aún a la fecha sigue autorizado en el escrito por medio del cual interpone el Recurso de Revisión a estudio. (.).". En ese contexto, este Juzgador estima correcta la determinación de la fiscalía responsable al considerar que el recurso intentado resulta extemporáneo, al haber transcurrido en exceso el término legal para su interposición. Así, al no asistirle la razón al quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo que procede es negarle el amparo solicitado. SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 1060/2017-III, respecto al acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando 3.1, por los fundamentos y razones ahí expuestos. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra la autoridad y el acto reclamado precisados en el considerando cuarto, por los fundamentos y razones expuestas en el diverso quinto. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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