Fiscal de Distrito Zona Norte

Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Fiscal de Distrito Zona Norte

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene a las autoridades responsables, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte y Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con residencia en la localidad, rindiendo su informe justificado, mismos que se ponen a la vista de las partes para que se enteren de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrar la audiencia constitucional, lo anterior, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la última de las responsables, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como designando como delegados a los profesionistas que menciona en su informe de ley. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    interlocutoria de 23 de noviembre de 2023 se: R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con lo dispuesto en los considerandos primero y tercero de la presente interlocutoria, se niega la suspensión definitiva que solicita Eleuteria Baruch Córdova, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en dichos considerandos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por su propio derecho; se admite dicha demanda, en contra actos del Fiscal General de la Zona Norte y otras autoridades, con sede en la localidad; acorde a lo estipulado en los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento Electrónico y en libro que para tal efecto tiene este Juzgado, bajo el número de juicio de amparo 1054/2023-V-B. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo, al haber sido solicitado. Se ordena requerir a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual, deberán rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, se impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como acorde a lo estipulado en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso arábigo 260, fracción II, de la ley federal que rige en la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, el informe requerido podrán de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18, de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual podrá celebrarse en términos del numeral 27 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y conforme a lo establecido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. Ahora bien, en cuanto a proveer sobre el tercero interesado, se hará lo conducente una vez que las autoridades responsables rindan su informe con justificación, en virtud de que la parte quejosa refiere no tener conocimiento si existe alguien con dicho carácter. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y se le tiene autorizando en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala. Por lo que respecta al correo electrónico que señala en su escrito, téngase únicamente como forma de contacto, de conformidad con el artículo 5, fracciones I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. Asimismo, se le tiene por ofrecida como probanzas de su parte las documentales que anexa, mismas que se tiene por ofrecidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte, se hace destacar que los actuarios adscritos a este órgano judicial de amparo para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberán ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 y regularizó las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales desarrollados por el propio Consejo a través del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo" publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que se puede consultar en el siguiente vinculo: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022/pdf/AcuerdoGeneral221014.pdf. Por lo que, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el público en general podrá acudir de manera presencial a los órganos jurisdiccionales, previa cita que deberá tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a consular el expediente electrónico, que al efecto se genere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro del horario de atención al público que será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en los numerales 125 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión solicitado con el número 1054/2023-V-B, fórmese el expediente respectivo con copia simple de la demanda de amparo promovida por Eleuteria Baruch Cordoba, en contra actos del Fiscal General de la Zona Norte y otras autoridades, con sede en la localidad. En tales consideraciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable, su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, apercibiéndole que de ser omisa, en términos del artículo 142, de la Ley de Amparo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se le impondrá como medida de apremio, multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4, fracciones I, II, III, y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el referido informe previo, en términos del numeral 140, de la ley de la materia, se deberá concretar a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de ser omisa, se hará acreedora de la multa precisada en párrafos precedentes. Se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia de este incidente, con soporte en la fracción II, del ordinal 138, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la parte quejosa en su demanda, señaló como actos reclamados: ". IV.- ACTO RECLAMADO: La orden de desalojo de la suscrita del domicilio ubicado en calle Constelación oriente número 9971, colonia Rincón del Cielo, de esta ciudad, fuera de todo procedimiento judicial mediante la cual las autoridades señaladas como responsables pretenden un desalojo injustificadamente sin que exista orden de dictada por juez de garantía que funde y motive la causa legal del procedimiento ya que no he cometido delito ni falta que amerite el desalojo." Asimismo, la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión provisional respectos de los actos reclamados. A fin de resolver lo relativo a los efectos de la medida cautelar solicitada, debe tomarse en consideración lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, que en su orden señalan: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En el caso se acredita el primero de los requisitos a que alude la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que la aquí incidentista, en el escrito de la demanda de amparo solicitó la medida suspensiva de los actos reclamados. Los cuales aduce, afectan su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dichos actos, pues para ello se debe partir, del supuesto, comprobado o no, de que estos son ciertos; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 12, tomo 68, Agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, don número de registro 206,395, cuyo rubro dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Lo anterior, conducen al suscrito juzgador a estimar, que efectivamente los actos materia del reclamo pueden afectar los derechos jurídicamente tutelados por la inconforme. Sin embargo, entre el primero de los requisitos señalados por el precitado numeral 128 de la ley de la materia, también se encuentra inmerso el relativo a la acreditación del interés para obtener la suspensión, que por orden lógico y jurídico debe estudiarse previamente al requisito establecido en su fracción II. Así es, para resolver sobre la suspensión debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de esa medida, ya que siendo el objeto de ésta conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica de los peticionarios de garantías, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Dicho en otras palabras, tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada en términos del artículo 107, fracción X, Constitucional conlleva, inclusive, verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión, se encuentra inserta en el patrimonio jurídico de la parte quejosa. Una vez verificado que la parte quejosa goza del derecho que pretende preservar a través de la suspensión del acto de autoridad reclamado, será factible, entonces sí, analizar si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público. Asimismo, conviene establecer que uno es el interés jurídico que se debe probar para hacer procedente la acción constitucional de amparo y adquirir el derecho procesal a que se resuelvan las cuestiones de fondo; y otro distinto es el derecho preconstituido que debe acreditarse cuando se pide la suspensión provisional o definitiva de los actos reclamados, con la pretensión de ejercer o llevar a cabo una actividad reglamentada. Bajo ese contexto, la sola manifestación de la parte quejosa en el sentido de que es propietaria del bien inmueble respecto del cual recae la orden de desalojo que reclama, es insuficiente para que se le otorgue la suspensión provisional que solicita, toda vez que no acredita ni aun de manera presuntiva, el interés jurídico que le asiste para pedirla y así estar en posibilidad de reconocer y tutelar un derecho preestablecido a su favor, pues no acompañó a su demanda de amparo documento alguno, que resulte suficiente para acreditar su interés suspensional, tomando en consideración que la figura de la suspensión no es constitutiva de derechos. Por lo anterior, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita, en razón de que si bien en términos de lo dispuesto por el precitado numeral 128 de la Ley de Amparo, para la concesión de esta medida deben concurrir como requisitos: la solicitud de la parte agraviada; la falta de afectación al interés social y la no contravención a las disposiciones de orden público; también es menester, la demostración del interés suspensional de la parte quejosa en su otorgamiento. Tiene aplicación al caso, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a./J. 4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 515, del Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Así como, la Tesis I.9o.A.8 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de dos mil dos, consultable a página mil cuatrocientos sesenta y uno, Materia Común, que es del rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA SU OTORGAMIENTO DEBE DEMOSTRARSE, CUANDO MENOS EN FORMA INDICIARIA, QUE EL QUEJOSO ES TITULAR DEL DERECHO QUE ESTIMA VIOLADO. Cuando se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión es agraviado; que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; y que la ejecución de los actos reclamados le causaría daños y perjuicios de difícil reparación a la impetrante de garantías, debe concluirse que se surten los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin embargo, para su otorgamiento, se requiere que el quejoso demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular del derecho que estima violado." No es óbice para resolver como se hace, la circunstancia de que tratándose de actos que produzcan como efecto la privación de los derechos posesorios sobre bienes, se deba presumir que son ciertos, pues aun cuando debe partirse de ese supuesto, es patente, que la parte quejosa no acredita ni aun indiciariamente la propiedad o posesión del bien inmueble sobre el que refiere se pretende llevar a cabo la diligencia de desalojo reclamada. En efecto, los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, que regulan la suspensión del acto reclamado, establecen que uno de los requisitos de procedibilidad para obtener la suspensión provisional del acto reclamado, consiste en que sea solicitada por el "agraviado" o parte "agraviada"; es decir, que el solicitante de la medida cautelar, debe resentir un agravio o menoscabo por virtud del acto que reclama, cuyo agravio sólo puede sufrir aquél titular del derecho que se pretende salvaguardar. Por tanto, quien pide la suspensión del acto, debe acreditar que es titular del derecho que defiende, para que pueda considerársele parte agraviada y, por ende, legítima su solicitud. Por tanto, si la petición de la suspensión debe realizarla quien esté legitimado para ello, es inconcuso, que la parte quejosa debe acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la titularidad del derecho que defiende, lo que en el caso no realiza. Por otra parte, "de manera indiciaria" implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado. Apoya lo anterior, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 444, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a páginas trescientos setenta y siete a trescientos setenta y ocho, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Así también es aplicable, la Tesis visible en la página ciento treinta y ocho, Tribunales Colegiados, Informe de 1986, Tercera Parte, del rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL NO BASTA CON SOLICITARLA PARA QUE SU OTORGAMIENTO SEA OBLIGATORIO, SIN ACOMPAÑAR LA PROMOCIÓN CON NINGÚN MEDIO PROBATORIO QUE PERMITA APOYAR LA PRESUNCIÓN DE QUE SE LLENAN LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD." Expídase copia certificada por duplicado de esta determinación, recabándose la razón de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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