Filomeno Hernández Vásquez

Expediente 690/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
690/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Filomeno Hernández Vásquez
  • Filomeno Hernández Vásquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el comunicado 1540/2023 presentado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de trece de noviembre del año en curso, dictada en el toca del recurso de queja 347/2023 y un legajo de copias certificadas de diversas actuaciones del juicio de amparo indirecto 690/2023 del índice de este Juzgado Federal señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes; en consecuencia, acúsese recibo. Por otra parte, glósense a los autos originales de este juicio de amparo el oficio y la resolución señalados en la cuenta y destrúyanse las copias de las actuaciones de este expediente que el Tribunal de alzada devolvió, porque no contienen constancia original alguna. Ahora bien, del contenido de ese fallo se advierte que la Superioridad declaró fundado el recurso de queja que los justiciables ******************** y ******************** interpusieron en contra del proveído de once de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio constitucional para que se prescinda de considerar el motivo de improcedencia invocado y se provea lo que en derecho corresponda sobre la admisión del escrito inicial. En cumplimiento a la citada ejecutoria se dictan las determinaciones siguientes: Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones IV y V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda de amparo presentada por ******************** y ******************** en contra del acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, porque la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o la legalidad del acto impugnado y acompañará en su caso copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con el procedimiento de origen. En otro punto, se autoriza al actuario(a) de la adscripción para que la solicitud del informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de esa autoridad, el cual deberá ser corroborado por el (la) fedatario(a) vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación a la autoridad responsable de cuáles resoluciones judiciales se notificarán a través de oficios. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que con fundamento en lo previsto por los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo en el presente asunto únicamente le serán notificadas por medio de oficios en su residencia oficial las determinaciones que por su trascendencia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser de carácter personal (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se publicará en el portal de internet por este órgano jurisdiccional conforme a lo estatuido por el arábigo 29 de la ley de materia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causal de sobreseimiento en el presente juicio lo comunicarán de inmediato a este Juzgado Federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Emplazamiento de la representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda de amparo, entregándole reproducción íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa por anunciadas las documentales que adjuntó a la demanda de amparo, las cuales serán relacionadas, admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido del instrumento señalado para su conocimiento. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de dos de los corrientes que la Magistrada Presidenta de ese órgano jurisdiccional dictó en el toca 347/2023, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo del legajo de copias certificadas de las actuaciones de este juicio de amparo, de los originales de los ocursos en donde se interpone el recurso de queja y se expresan los agravios, así como un ejemplar de esos escritos y del informe sobre la materia de la queja. b) Admitió ese medio de impugnación que los inconformes ******************** y ******************** interpusieron en contra del proveído de once de julio pasado, en donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Por otra parte, dado que en el auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se reservó proveer sobre la vinculación del expediente electrónico del juicio de amparo 690/2023 de la estadística de este Juzgado Federal al diverso del recurso de queja indicado hasta que se tuviera conocimiento del órgano jurisdiccional que conocería de tal medio de impugnación, lo cual ya acaeció; por tanto, se provee lo siguiente: Se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice las acciones necesarias para que el expediente electrónico relativo a este medio procesal de tutela constitucional 690/2023 quede vinculado al distinto del recurso de queja tramitado bajo el toca 347/2023 de la estadística del Tribunal de alzada hasta que este último resuelva el referido medio de impugnación, por lo que comuníquese a la Superioridad la presente determinación para su conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese un ejemplar de los escritos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que los inconformes ******************** y ******************** interponen el recurso de queja en contra del proveído de once de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa y anexan su libelo de expresión de agravios. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se ordena remitir los originales de los ocursos en donde se interpone el citado medio de impugnación y se expresan los agravios, así como un ejemplar de esos escritos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja, en el que deberá señalarse que es cierto el acuerdo recurrido, enviar copias certificadas de esa resolución judicial y de todas las constancias que obran en el expediente físico y electrónico relativo a este asunto relacionadas con esa determinación, incluidas las que los recurrentes señalaron. Por otro lado, es innecesario notificar a alguna otra parte la presente determinación para que señale las constancias que deberán remitirse al Tribunal Constitucional que debe resolver dicho recurso en términos de lo dispuesto por el ordinal 101 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa, en razón de que el auto materia de la queja es aquel en donde se desechó de plano la demanda de amparo, motivo por el cual no se hizo reconocimiento de parte diversa a los justiciables ni fueron emplazados a juicio sujetos procesales distintos. En cuanto al domicilio procesal que los promoventes señalan y la designación de autorizado que realizan hágase de su conocimiento que sobre esos tópicos se proveyó lo que en derecho correspondía en el proveído de once de los corrientes; por tanto, deberán estarse a lo decidido en esa determinación en cuanto a los aspectos indicados. Finamente, una vez que se tenga noticia del Tribunal Colegiado de Circuito que conocerá del recurso de queja interpuesto se proveerá sobre la vinculación del expediente electrónico relativo a este asunto al diverso del toca que se instrumente con motivo de ese medio de impugnación a fin de que la Superioridad tenga los elementos necesarios para dictar la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 690/2023. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que los inconformes ******************** y ********************, quienes promueven por propio derecho reclaman el acto siguiente: Del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, combaten: El acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario ********************, en donde declaró improcedente las diligencias precautorias solicitadas en contra de la parte demandada en ese contradictorio para que se abstenga de extraer y comercializar materiales pétreos con las comunidades de la región y para que esa medida sea extensiva al Agente Municipal y al Presidente de Caminos y Pavimentación del enjuiciado, así como a una diversa persona, porque ocasionan perjuicio al núcleo agrario actor de ********************, ********************, Oaxaca. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por ******************** y por ******************** por su propio derecho, porque en relación con el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario ********************, en donde declaró improcedente las diligencias precautorias solicitadas en contra de la parte demandada en ese contradictorio para que se abstenga de extraer y comercializar materiales pétreos con las comunidades de la región y para que esa medida sea extensiva al Agente Municipal y al Presidente de Caminos y Pavimentación del enjuiciado, así como a una diversa persona, porque ocasionan perjuicio al núcleo agrario actor de ********************, ********************, Oaxaca, se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, dado que los promoventes carecen de legitimación procesal activa para acudir de manera individual y por sí a este juicio de protección de los derechos fundamentales en defensa del patrimonio de la comunidad agraria actora en el juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con residencia en la capital de esta entidad federativa. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los arábigos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley [.]." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De normativo transcrito en primer orden se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. El quejoso es parte en el juicio de amparo y es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos por el normativo 1 de la ley invocada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El último normativo señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del ordinal 5 de la ley de la materia y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. En el caso, los justiciables impugnan del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario ********************, en donde declaró improcedente las diligencias precautorias solicitadas en contra de la parte demandada en ese contradictorio para que se abstenga de extraer y comercializar materiales pétreos con las comunidades de la región y para que esa medida sea extensiva al Agente Municipal y al Presidente de Caminos y Pavimentación del enjuiciado, así como a una diversa persona, porque ocasionan perjuicio al núcleo agrario actor de ********************, ********************, Oaxaca, lo cual implica que acuden a esta vía constitucional en defensa del patrimonio de la comunidad agraria actora en esa controversia al aducir que con la determinación de la responsable se causa perjuicio al núcleo agrario que figura como accionante. Sin embargo, aun cuando se estimara que los promoventes son comuneros del núcleo agrario denominado ********************, ********************, Oaxaca, con base en la información que se suministra en la demanda de amparo esa situación no los faculta para ejercer la acción constitucional por sí, porque en realidad tratan de defender el patrimonio de esa comunidad agraria y no un bien propio. En este punto, es necesario traer a contexto el contenido de los preceptos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. [.]" De las normas transcritas se obtiene que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido; el comisariado ejidal está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes; es una facultad del comisariado ejidal representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Con base en lo anterior, si lo actuado o las resoluciones jurisdiccionales que se pronuncien en el juicio agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, causan alguna afectación a los bienes o al patrimonio del núcleo agrario denominado ********************, ********************, Oaxaca, el único legitimado para ejercer la acción de amparo en representación de la citada comunidad es su Comisariado de Bienes Comunales, porque ese órgano colegiado es quien ejerce la representación legal del núcleo de población conforme a lo estatuido por los normativos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria. Ahora, los promoventes al parecer se ostentan como comuneros del núcleo agrario denominado ********************, ********************, Oaxaca, pero no son integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de esa comunidad ni ejercen la representación legal de esta última, porque esas situaciones no la expusieron en el escrito inicial y tampoco demostraron que forman parte de ese órgano de representación comunal ni que en la actualidad tienen la representación del núcleo agrario accionante en el juicio agrario ******************** del control del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; además, se tiene presente que ejercen la acción de amparo por sí y no en representación de la mencionada comunidad. Se estima necesario indicar que no escapa la manifestación de los promoventes en el sentido que el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, cuando se promovió el juicio agrario de origen, ostentaban la calidad de presidente y de secretario del Comisariado de Bienes Comunales de ********************, ********************, Oaxaca, pero en los antecedentes del acto reclamado que relataron bajo protesta de decir verdad expresamente señalaron que en la actualidad esa comunidad agraria carece de los órganos de representación y de vigilancia; por tanto, es indudable que ******************** y ******************** ya no ostentan actualmente los cargos indicados ni son integrantes de ese órgano de representación comunal; de ahí que indiquen que promueven este juicio constitucional por su propio derecho, como personas físicas y no en representación del referido núcleo agrario. En ese contexto, si los quejosos promueven por su propio derecho este juicio constitucional sin defender un bien propio sino el patrimonio del núcleo agrario denominado ********************, ********************, Oaxaca, que es el actor en el juicio agrario ******************** de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es inconcuso que carecen de legitimación procesal activa para ejercer la acción de amparo como personas físicas en lo individual y aparentemente como comuneros en defensa del patrimonio del núcleo agrario al cual pertenecen, porque es este último quien figura como accionante en ese contradictorio y solo a él como persona moral le causa afectación la resolución que se reclama del ente responsable, sin que pase inadvertido lo que exponen en cuanto a que dicha comunidad no tiene un órgano de representación actualmente, pero esa situación no los legitima en automático para ejercer la acción constitucional por sí y de manera individual, porque en todo caso en el juicio natural existe algún sujeto que en representación de la comunidad agraria actora pueda defender sus derechos y deducir las acciones necesarias en defensa de ese núcleo agrario; máxime que en la ley de la materia vigente no se prevé la figura de la representación sustituta y esa situación da pauta a sostener que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada. En respaldo de lo anterior se cita la tesis 2a. LII/2020 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del comisariado de bienes comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del comisariado de bienes comunales, carecen de legitimación. Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5o., fracción I, 6o. y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al comisariado de bienes comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del comisariado de bienes comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo". En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por ******************** y ******************** en contra del acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario ********************, en donde declaró improcedente las diligencias precautorias solicitadas en contra de la parte demandada en ese contradictorio para que se abstenga de extraer y comercializar materiales pétreos con las comunidades de la región y para que esa medida sea extensiva al Agente Municipal y al Presidente de Caminos y Pavimentación del enjuiciado, así como a una diversa persona, porque ocasionan perjuicio al núcleo agrario actor de ********************, ********************, Oaxaca, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de los disidentes el que señalan en su escrito inicial y como su autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ********************con cédula profesional ********************registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Representante común. Con fundamento en lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los inconformes a ********************, porque así lo solicitaron expresamente, sin perjuicio de que con posterioridad puedan substituir ese nombramiento a favor del otro disidente. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. (SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO)

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