Filimón Hernández Mendez

Expediente 2/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Filimón Hernández Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente de origen, remítanse a su lugar de procedencia, esto es, al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de marzo de dos mil veintidós. En principio, glósese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, por medio del cual informa que en nueve de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa exhibió el acuse de recibo del oficio 123, dirigido al Director General del Archivo de Notarias en el Estado, para la búsqueda de testamento otorgado por la de cujus Daria Méndez Méndez, acompañado de la hoja de pago referenciado con el sello de Telecomm Telégrafos, con la cual acreditó haber cubierto el impuesto de búsqueda de testamento, para lo cual acompañó las copias certificadas relativas, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el cuatro de enero de dos mil veintidós a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Filemón Hernández Méndez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, que hizo consistir en: "A).- La falta de fundamentación y MOTIVACIÓN del auto de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 202/2021-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de la de cujus Daría Méndez Méndez." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Filemón Hernández Méndez, reclama el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 202/2021-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de la de cujus Daría Méndez Méndez, por medio del cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración que hizo valer en contra del diverso proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se le negó la exención del pago de búsqueda de testamento otorgado por la de cujus Daria Méndez Méndez, debido a que no justificó que no tenía los medios para realizar dicho pago. En ese sentido, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que conduce al sobreseimiento del juicio constitucional, en términos de la fracción V, del precepto 63 del ordenamiento legal citado. Cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del máximo tribunal del país ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia. Los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:". "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y"." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:". "V. Durante en el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior.". De acuerdo con la trascripción que precede, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Esto es, la causal de improcedencia prevista en el reproducido dispositivo, se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en la cual éste se emitió, de manera que de estimarse fundada la violación alegada, tornaría jurídicamente imposible restituir al peticionario de amparo en el goce del derecho humano violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora, pues modificado el acto reclamado, sin haber dejado huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, impide que ese precisado acto y sus efectos trasciendan; y por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala del Alto Tribunal del país al resolver el amparo en revisión 3044/98 (jurisprudencia 2a./J. 181/2006). Cabe precisar que ese criterio jurisprudencial se emitió con base en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto era sustancialmente similar a la actual fracción XXII, del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente. Esa tesis aparece publicada en la página 189, diciembre de 2006, tomo XXIV, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.- En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En el caso, es evidente la existencia de una modificación del entorno en el cual el acto reclamado fue emitido, lo que produce que éste no pueda surtir efecto material o legal, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; de manera que aun cuando en el caso resultara fundado alguno de los conceptos de violación formulados, la protección constitucional no se podría concretar a favor de la parte quejosa. Lo anterior es así, debido a que de las constancias que remitió el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, a las cuales previamente se le confirió valor probatorio pleno, se advierte que en nueve de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa exhibió el acuse de recibo del oficio 123, dirigido al Director General del Archivo de Notarias en el Estado, para la búsqueda de testamento otorgado por la de cujus Daria Méndez Méndez, acompañado de la hoja de pago referenciado con el sello de Telecomm Telégrafos, con la cual acreditó haber cubierto el impuesto de búsqueda de testamento; por tanto, la materia del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente número 202/2021-II, relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de la de cujus Daría Méndez Méndez (negativa la exención del pago de búsqueda de testamento otorgado por la de cujus Daria Méndez Méndez), del cual derivó el diverso proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración que hizo valer en contra de dicho auto (acto reclamado), resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Lo anterior es así, ya que aunque exista el acto reclamado, dejó de existir el objeto material del mismo, motivo por el cual, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por el amparista a fin de evidenciar el acto reclamado, ni de los conceptos de violación, pues su análisis no es permisible por el sentido del presente fallo; en razón de que ningún efecto práctico tendría pronunciarse de fondo sobre una determinación que no podrá materializarse, ante la modificación de la situación jurídica que originó el acto reclamado el que no dejó huella en la esfera del peticionario de amparo susceptible de reparación. Es aplicable la tesis sin número, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento jurídico. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable de trato, con las constancias anexas, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. En razón del volumen de las constancias que remite la responsable de mérito y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio, entresello y rúbrica correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que no obra la constancia de notificación del oficio 159/2022 de cinco de enero de dos mil veintidós, dirigido a Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con residencia en Chilapa de Álvarez, Guerrero; a través del cual se le requirió informe justificado; además, de que en autos no obra dicho informe. Por tanto, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal encargado del trámite del presente asunto, para que de inmediato notifique el oficio 159/2022, o en su caso, anexe a los autos del expediente electrónico la constancia donde se acredite la notificación del mismo. En consecuencia, se está en imposibilidad de celebrar la audiencia de mérito, por lo que la misma se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada fuera del plazo que establece la ley de la materia; sin embargo, dicha circunstancia se debe a la carga de trabajo y a la limitación de personal horarios con los cuales este órgano jurisdiccional se encuentra laborando, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, reformado con relación al periodo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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