Filigonio Rubén Vargas Hernández
Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Filigonio Rubén Vargas Hernández
Actuaciones
- Principal
VII.- Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término a que alude el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, en contra del auto de quince de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en el libro de gobierno; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis del inciso b), artículo 21, contenido en el capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual en lo que interesa dice: ... En tal virtud, este juicio de amparo es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de tres años que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que regula el artículo 15 capítulo quinto del referido acuerdo.
- Principal
VII.- Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a ese juzgado, para notificar personalmente al quejoso... el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, por los motivos que expone; en esa virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícese la notificación del citado auto, éste, y las subsecuentes notificaciones por medio de las listas que se publican en los estrados de este juzgado de distrito y en la página de internet del Consejo a través del sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta consideración en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 238, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ... "AUTO DE 15/11/2022, QUE DICE... Vista la demanda de garantías promovida por... por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco en el Estado de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Juicios de Amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, con el número 1279/2022-VII. En primer término, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al efecto se transcribe el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: ... Del precepto de mérito, se advierte la facultad de la Jueza para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: ... De lo anterior se colige que para desechar de plano una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso reclama el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral... por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, mediante el cual, declaró carecer de competencia legal para continuar conociendo del juicio laboral promovido por... en contra de... y ordenó remitir el juicio laboral citado, a la Junta 29 residente en la Ciudad de Toluca Estado de México y/o Junta Especial Número 29 Federal de Conciliación y Arbitraje Residente en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el diverso 217 de ese mismo ordenamiento y la jurisprudencia P./J.17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, que establecen: ... De lo anterior se advierte, que el primer numeral invocado permite al juzgador de amparo apreciar, y en su caso tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal, o de la ley de la materia. Luego, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese aspecto, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Concluyó, a partir de lo anterior, que para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es necesario que se cumplan dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Visible en la Página: 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de rubro: ... Luego, en lo que interesa, el diverso artículo transcrito establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para los Jueces de Distrito. Por su parte, la jurisprudencia invocada dispone que para que se actualice el supuesto de procedencia del juicio constitucional en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que indica: ". Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepte o bien la rechace. Criterio determinado por el Alto Tribunal con motivo del análisis del precepto 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo, en el que se clasificaron las reglas para regular la procedencia del juicio bi-instancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales previsto en la Ley de Amparo; de tal manera que, no obstante que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar la cuestión de procedibilidad establecida no solo en el artículo 107 de la Ley de la Materia, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. Para ello, en principio, el Máximo Tribunal de la República, señaló que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Asimismo destacó que aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. Así, el Alto Tribunal concluyó que en el caso de que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Acotado lo anterior debe decirse que el acto reclamado, relativo al acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral... por la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, mediante el cual, declaró carecer de competencia legal para continuar conociendo de la demanda laboral promovida por... en contra de... y ordenó remitir el juicio laboral citado, a la Junta 29 residente en la Ciudad de Toluca Estado de México y/o Junta Especial Número 29 Federal de Conciliación y Arbitraje Residente en la Ciudad de México, no es un acto definitivo que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues dicha actuación no define cuál es la autoridad que deberá conocer de la demanda laboral planteada, ya que por lo menos se requiere de otra resolución que en definitiva decida este aspecto; esto es, la definición de la competencia de la autoridad en cuyo favor se declinó, depende de que ésta admita la competencia planteada o incluso que se decida, un eventual conflicto competencial, lo que todavía no acontece. Ello, en virtud de que por resolución definitiva se entiende a aquellos casos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia IX.2o. J/9, con número de registro digital 179888, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, página mil ciento noventa, Diciembre de 2004, Novena Época, de rubro y texto siguiente: ... Asimismo, la tesis XII.2o.2L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro cinco, tomo II, página mil quinientos siete, Abril de 2014, Décima Época, de rubro y texto siguiente: ... Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el diverso 217 de ese mismo ordenamiento, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la jurisprudencia P./J.17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décimo Época, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por... En otro orden, téngase como autorizados de la parte quejosa a las personas que señala, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente y por tratarse el quejoso de la parte trabajadora en el juicio de origen. Ahora bien, toda vez que el quejoso no señaló un domicilio procesal, empero señaló uno particular que se encuentra en el Municipio de Hueypoxtla, Estado México; esto es fuera del municipio en el que este juzgado federal, tiene su residencia, así como de la zona metropolitana o conurbada a éste como son: Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo, todos en el Estado de México, en términos del artículo 3, fracciones IX y XXXVII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso j, en relación con el 27, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que le notifique el presente acuerdo y lo requiera para que en el acto de la notificación señale uno en este Municipio de Naucalpan de Juárez, o bien en uno de los municipios conurbados citados, o en su caso, lo haga por escrito dentro de los tres días siguientes. Apercibido que en caso de no hacerlo así, las siguientes notificaciones, aun las personales, se le practicarán por medio de lista que se fija en los estrados del Juzgado, con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles realice las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos digitales, como son las cámaras, grabadoras, lectores ópticos o cualquier otro medio similar. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (esto es, promueva electrónicamente). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21, 22 y 24 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a la parte quejosa el derecho que le asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos..."
- Principal
VII.- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México · 7,342 expedientes
- Filiberto Emiliano Martínez1571/2017
- Filiberto García Medina771/2021
- Filiberto Iván Llamas Manjarrez1087/2023
- Filiberto Jiménez Pacheco1020/2018
- Filiberto Muñoz Sánchez1534/2023
- Filiberto Velasco Villafranco325/2017
- Filomena Fragoso Flores615/2015
- Filomeno Fausto Francia Flores839/2023
- Flor De María Nucamendi Vazquez1755/2017
- Florencio Flores Mejía787/2022
- Florencio Ruiz Manuel516/2018
- Florentino Jacinto Vázquez423/2023