Filiberto Valentín Ugalde Calderón

Expediente 65/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
65/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Filiberto Valentín Ugalde Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de febrero de dos mil veintidós. Firmeza procesal. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, así como con el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Filiberto Valentín Ugalde Calderón, contra actos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil veintidós. Radicación. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Filiberto Valentín Ugalde Calderón, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 65/2022-V. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El artículo 107, fracción III, de la citada Ley establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." (Lo resaltado en el texto no es de origen). La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Por otra parte, la fracción III del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; éstos deben tratarse de la resolución definitiva o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, de manera que no cualquier acto o resolución pronunciados en ese tipo de asuntos son reclamables en juicio constitucional. Es decir, según el artículo 107, fracción III, antes transcrito, el juicio de amparo biinstancial, contra actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (como acontece en el caso concreto), procede únicamente contra: a) La resolución definitiva; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Además, tratándose de la resolución definitiva, en la misma demanda de amparo se pueden reclamar las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Asimismo, el numeral en cuestión establece lo que se debe de entender por actos que sean de "imposible reparación", los cuales son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de los derecho humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese tenor, el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apoyó en la tesis de jurisprudencia 22/2003, de la Segunda Sala, emitida al resolver por unanimidad de votos la contradicción de tesis 39/2000-PL, en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil tres, que se identifica y lee como sigue: ...Ahora, es importante señalar el contenido de los artículos 41 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 64 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que a la letra señalan: "Ratificación de la Queja. Artículo 41.- La queja que no sea ratificada en términos del artículo 64 de la Ley, será desechada. La ratificación podrá ser solicitada por el Visitador a través de cualquier medio." (Lo resaltado es propio) "Artículo 64. Las quejas que sean presentadas por medios electrónicos ante la Comisión, deben ser ratificadas dentro del plazo de cinco días hábiles. Para los efectos del párrafo anterior, el Organismo citará al quejoso por la misma vía en la que fue propuesta la queja, para que comparezca de manera personal. En caso de realizarse la queja o denuncia vía telefónica, el quejoso deberá otorgar un domicilio o un correo electrónico donde se le notificará de todos los actos inherentes a la queja. Si la queja o denuncia se realiza por medios electrónicos, el quejoso deberá proporcionar una dirección de correo electrónico donde se le notificará de todos los actos concernientes a su queja." De los preceptos transcritos, se desprende que para la tramitación de una queja presentada vía electrónica ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, resulta necesario que sea ratificada dentro del plazo de cinco días, en términos del ordinal 64 de la ley en comento; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo intentada por el quejoso, no se advierte que éste haya ratificado la queja presentada el veinte del mes y año en curso, bajo los supuestos previstos por las disposiciones en comentó, por lo que se colige que no se reúnen los requisitos necesarios para que la responsable tramite la queja de mérito, situación que es imputable al promovente y no así a la autoridad señalada como responsable, lo que trae como consecuencia que en el presente caso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no sea omisa en su actuar, como un acto de voluntad, como lo asevera el promovente de amparo, pues está condicionada a que el gobernado aquí promovente del amparo cumpla con los supuestos que prevé la norma aplicable al caso concreto. Máxime que no ha trascurrido un plazo razonable para impugnar la omisión de dar respuesta a su recurso de queja intentado, pues el mismo fue presentado el veinte de enero de dos mil veintidós y al día de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro siguiente) van tres días hábiles, lo que provoca que no haya trascurrido el plazo respectivo, por ende, no se está ante una afectación a un derecho sustantivo. Lo anterior, pone de relieve que el acto reclamado por el quejoso, no le cause perjuicio de imposible reparación puesto que como ya se dijo en párrafos que anteceden, en el presente caso no se cumplen con las formalidades necesarias a fin de que la autoridad responsable emita el auto respectivo al recurso de queja presentado ante ella por el quejoso. Sin que lo anterior, contravenga lo dispuesto por el numeral 47 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que refiere lo siguiente: "Calificación de la Queja Artículo 47.- La queja debe ser calificada por la Visitaduría en un término de dos días hábiles, contados a partir de la recepción en la Visitaduría correspondiente." Puesto que como ya se mencionó, resulta necesaria la ratificación del escrito de queja presentado por el gobernado ante la autoridad responsable, a fin de que ésta se encuentre en aptitud de determinar lo conducente respecto a la tramitación de dicho recurso; por ende, debe imperar el sentido del presente auto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN. Toda vez que la parte quejosa solicita la consulta del presente expediente con el usuario "FILIBERTOUGALDE", de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario que refiere el promovente para la consulta electrónica del expediente; asimismo, como lo solicita notifíquese a la parte quejosa vía electrónica las determinaciones que se dicten en el presente asunto. ... Notifíquese; y, electrónicamente a la parte quejosa.

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