Filiberto Simpson Ferman
Expediente 734/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Filiberto Simpson Ferman
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto de diez de septiembre del año en curso, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa del auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, por las razones expuestas; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Presidente de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, en términos del precepto 119 de la citada legislación, téngase como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que anexa al informe de mérito, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que les dio origen, se advierte que el quejoso ********, por el cual se substancia el presente asunto, señaló dentro del capítulo del acto reclamado, lo siguiente: "[..La abstención por parte de la H. Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, de emitir el Acuerdo de Pruebas correspondiente, dentro del expediente laboral JE-22-294/2019; del índice de H. Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz...]" De la anterior transcripción y del contenido íntegro del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se puede precisar que en esta vía constitucional el quejoso reclama: La abstención de emitir el acuerdos de pruebas en el expediente laboral número JE-22-294/2019, del índice de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad. En ese orden de ideas, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se advierte que el día trece de agosto de dos mil diecinueve, dictó el acuerdo correspondiente al juicio laboral JE-22-294/2019, de su índice, Luego, de la relación armónica de la precisión del acto reclamado con el contenido de la constancia allegada a los autos del juicio de amparo en que se actúa, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo tanto, el suscrito analizará de oficio la actualización de la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia la omisión de emitir el acuerdo dentro de los autos del juicio laboral JE-22-294/2019, del índice de la responsable, y en este momento procesal obra en autos copia certificada del acuerdo dictado el trece de agosto de dos mil diecinueve, así como su notificación del mismo el diecinueve de agosto de la presente anualidad, en el expediente laboral precitado, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Filiberto Simpson Ferman contra actos reclamados a la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 734/2019-VI-B. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. NO HA LUGAR A TRAMITARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al no encontrarse reunido el requisito previsto por el artículo 128, fracción I, de la ley de la materia, en virtud de no haber solicitado la parte quejosa la suspensión del acto reclamado. No es óbice a lo anterior que el promovente en su petitorio segundo, haya solicitado a este juzgado que requiera a la autoridad responsable rinda informe previo, toda vez que del cuerpo de la demanda de amparo se advierte que no solicitó la apertura del incidente en cuestión. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar, en la medida de lo posible, el uso excesivo de papel y evitar daños innecesarios al medio ambiente, se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, para que rindan los informes justificados que se les solicita. I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Remita la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS a que se refiere la fracción III del artículo 5, de la Ley de Amparo, se reserva acordar lo conducente hasta que obren en autos los informes justificados requeridos a las autoridades responsables y las constancias que en su caso acompañen a los mismos, de las cuales, en el supuesto de ser ciertos los actos reclamados, se podrá deducir a quiénes les surge tal carácter. PRUEBAS con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las pruebas consistentes en la instrumental pública de actuaciones judiciales y la presuncional legal, humana y lógica, de las cuales con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Iliana Calderón Cruz, por así haberlo solicitado el quejoso, parte actora en el juicio de origen, esto es el trabajador. Esto último, sin necesidad de verificar si la autorizada cuenta o no con el registro correspondiente en en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, puesto que el ocursante se trata de la parte actora en el juicio laboral de origen, esto es, el trabajador; de ahí que no resulta obligatorio para la referida quejosa acredite ante este juzgado que se encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal y como lo establece el segundo párrafo del citado numeral. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico.
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