Filiberto Sánchez López

Expediente 706/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
706/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Filiberto Sánchez López

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de julio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexos de cuenta remitidos por las autoridades responsables Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad -en relación a los oficios 18451 y 18452-, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento de cuatro de julio de dos mil veintitrés, y remite las constancias relativas. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las documentales que adjuntó la autoridad al escrito de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie como lo establece la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. *****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. *****Ahora, de la demanda de amparo podemos desprender claramente que la parte quejosa se duele básicamente de la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 2170/2021-2B; sin embargo, de las constancias que fueron allegadas al presente expediente, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; podemos advertir que efectivamente, tal y como lo estimó la quejosa el día diez de julio de dos mil veintitrés, la Junta señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, a saber para el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la cual le fue notificada a la parte actora -aquí quejosa- el diez de julio del año que transcurre. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable, en fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y esto ya aconteció, es, evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. *****Sin que en el caso sea posible analizar el diverso acto destacado señalado en la demanda como la omisión genérica de cumplir con todos y cada uno de los plazos subsecuentes al acto reclamado para cada etapa del juicio laboral, pues debe decirse que ello se trata de actos futuros diversos a la fase en que se situaba el acto reclamado en el procedimiento natural a la data de presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso lo imposible del estudio de aquél acto, ya que a la fecha no existe certeza de que en la fases subsecuentes a la inicial, la autoridad responsable incurrirá en alguna dilación u omisión al respecto; lo cual, bien podría ser materia de diverso juicio de amparo -un amparo por cada uno de los nuevos actos que se vayan emitiendo durante el procedimiento laboral, por impartición de justicia lenta-, desde luego, siempre que no se actualice alguna causal de improcedencia al respecto. *****Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ******Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las diez horas con veinte minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Resta precisar, como se anticipó al inicio del presente, que la anterior determinación tampoco implica una violación al procedimiento de amparo que nos ocupa, toda vez que la vista de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de la Materia, con las constancias de cuenta, no aplica en el caso particular, dado que la regla en cuestión sólo opera cuando la resolución de sobreseimiento -sentencia- sea dictada en audiencia, dado lo señalado específicamente en dicho precepto, esto es, que entre la fecha de notificación a las partes del informe justificado y constancias que lo justifiquen, con la de celebración de la audiencia constitucional, debe mediar un plazo de ocho días; lo que no ocurre en el particular, en virtud que de hecho, con motivo del sobreseimiento emitido fuera de audiencia, se determinó dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto, derivado de la actualización de la causal de improcedencia sobrevenida de forma indudable. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, toda vez que no obran las constancias relativas al acto reclamado, ya que a la fecha no han rendido su informe justificado las autoridades señaladas como responsables. Requerimiento. Atento a lo anterior, y en virtud que no obran en autos las constancias de las que derivó el acto reclamado, aunado a que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa ofreció constancia de la que se advierte la existencia del juicio de origen, por ende, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiéraseles para que, dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan a este juzgado las constancias que sustentan el acto reclamado, toda vez que se estiman necesarias para la debida resolución del presente asunto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá a cada una, multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procédase a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 706/2023. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las diez horas con veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veintitrés, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídaseles a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que deberán rendir dentro del término de quince días; el que deberán cumplir con los requisitos siguientes: Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. De la intelección de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que no le corresponde el carácter de tercero interesado a ********************; lo anterior virtud que tal como lo indica la parte quejosa, dicha parte demandada en el juicio natural, aún no ha sido emplazada. De ahí que la citada patronal carece de dicho carácter, en tanto que al no haber sido llamada aún, no puede haber resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender; de hecho, justamente el acto que aquí se reclama consiste en la dilación del procedimiento laboral génesis, entre otras cosas por no haber sido emplazada aún a dicha patronal. Notifíquese.

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