Filiberto Salazar Ledesma

Expediente 317/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
317/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Filiberto Salazar Ledesma

Actuaciones

  1. Principal

    ....VISTO EL OFICIO SIGNADO POR... ACUSA RECIBO DEL JUICIO DE AMPARO...INFORMA QUE SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE...

  3. Principal

    *CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 05/03/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de garantías promovida por FILIBERTO SALAZAR LEDESMA, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 317/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, dado que se actualiza la primera hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, como se verá a continuación: Al respecto, cabe destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, debe destacarse que los actos que se impugnan por esta vía constitucional, se hace consistir en: El embargo, remate, adjudicación, escrituración e inscripción de una fracción de 1,000 metros cuadrados del del bien inmueble que refiere de su propiedad conocido como predio rustido denominado "Los Dolores" o "Espinas Blancas", en el Municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato, con las siguientes medidas y colindancias al norte en 20.00 metros con propiedad de Isidro Salazar Rivera; al Sur en 20.00 metros con Calle del Recuerdode por medio, con José Velásquez y los señores Pichardo; al Oriente 50.00 metros con Isidro Salazar Rivera y al Poniente 50.00 metros con Isidro Salazar Rivera, en favor de un tercero y como consecuencia de ello la desposesión, con motivo de lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 1761/2009 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad, sin haber sido oído y vencido en juicio. Ahora, el quejoso refiere que en veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se presentó en su domicilio particular Isidro Salazar Rivera, quien le informó la existencia del juicio ejecutivo mercantil 1761/2009, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial, seguido en su contra y que con motivo de su tramitación se ordenó el embargo, remate y adjudicación de inmueble descrito en el párrafo que antecede localizado en San Luis de la Paz, Guanajuato y como consecuencia de ello que sería desposeído del mismo. Luego, el embargo, remate , adjudicación, escrituración (inscripción) y/o desalojo derivada del juicio ejecutivo mercantil 1761/2009 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial, respecto de la fracción del predio que el quejoso señala como de su propiedad y que defiende en esta instancia judicial conocido como predio rustido denominado "Los Dolores" o "Espinas Bancas", en el Municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato, se ha ejecutado el embargo y habrán de ejecutarse el desalojo o lanzamiento precisamente en el lugar en el que se encuentra el inmueble referido, lugar en el que este Juzgado no ejerce jurisdicción y si los Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, conforme al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En la inteligencia que de la demanda de amparo no se advierte ningún acto que se haya ejecutado o tenga ejecución en la zona territorial en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, además de que la quejosa señala que tanto la orden de adjudicación, escrituración y desalojo se pretenden ejecutar en la fracción del inmueble ubicado San Luis de La Paz, Guanajuato. El citado acuerdo plenario en la parte que interesa señala lo siguiente: "XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú (.).." Es aplicable a la anterior determinación la Tesis I.1o.A.44 A, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, plasmado en el tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Finalmente, sustenta lo anterior en lo conducente, la tesis 3ª. XVIII/92, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo IX de marzo de mil novecientos noventa y dos, visible en la página diecinueve, que dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." Por lo tanto, conforme a la primera regla de competencia señalada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y al Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pertenece a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, resulta evidente que el órgano competente para conocer de la presente demanda de garantías, lo es alguno de los Jueces de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad de Guanajuato, en Turno, por ser el que ejerce jurisdicción dentro de la plaza territorial en la que tuvo ejecución la orden de embargo y tendrán ejecución los actos reclamados (desocupación y/o adjudicación). En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, y 48 de la Ley de Amparo, se estima que este Juzgado es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de garantías; por tanto, remítase la demanda y las copias de la misma, al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, pues es la que ejerce jurisdicción en el lugar en que se ejecutó uno de los actos reclamados (embargo e inscripción de escritura pública), así como el lugar en que se ejecutaran los diversos actos reclamados, a saber la orden de desocupación o lanzamiento. Solicitando al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. No pasa inadvertido para este Juzgado, la existencia de la jurisprudencia 22/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, del texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Dado que tal criterio obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no cobra aplicación al caso concreto, porque del estudio integral a la ejecutoria que le dio origen, se desprende que los precedentes resueltos por los tribunales colegiados que participaron en la contradicción de tesis, se refieren a dos juicios de amparo indirecto promovidos por quienes se ostentaron terceros extraños por equiparación, de ahí que los actos reclamados, la calidad del impetrante e inclusive, los efectos de la posible concesión del amparo serían diferentes al caso que nos ocupa, donde la demanda se promueve por un tercero extraño en estricto sentido. Lo anterior se estima así dado que el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil 1761/2009, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, al no haber sido llamado al mismo, por no ser parte, razón por la cual no reclama emplazamiento alguno, tampoco reclama el trámite del referido juicio, ni la sentencia definitiva condenatoria, pues es preciso en indicar que no es parte formal ni material en el mismo, por lo que lo que pretende con la promoción del juicio de amparo es que sea reintegrado en los derechos afectados que refiere tener respecto del bien raíz que está en litigio, no así que se le llame al juicio de origen, esto es, no reclama lo actuado en el juicio y, por ende, no busca la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado, sino únicamente el embargo, remate, adjudicación, escrituración y orden de lanzamiento sobre un inmueble ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato, en cuyo lugar donde los actos reclamados se han ejecutado y tendrán ejecución; esto es que los actos reclamados si tienen y tendrán ejecución, en un lugar que este órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción. Máxime que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 8/2017 suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, dentro de los autos del juicio de amparo 1139/2017 promovido por JUAN HUERTA LÓPEZ del índice de este juzgado en donde de igual forma se reclamó el embargo, remate, adjudicación, escrituración e inscripción de una diversa fracción de 1,500 metros cuadrados del mismo bien inmueble conocido como predio rustido denominado "Los Dolores" o "Espinas Blancas", en el Municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato y como consecuencia de ello la desposesión, con motivo de lo actuado de igual forma en el juicio ejecutivo mercantil 1761/2009 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad, sin haber sido oído y vencido en juicio; por ejecutoria de once de enero de dos mil dieciocho, determinó la competencia a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa el quejoso en su escrito de demanda, y como autorizados de su parte a Samuel Oceguera Moreno y Anselmo Rodríguez Maldonado, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no cuentan con su cédula debidamente registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto..."

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