Filiberto Requena Marín
Expediente 1017/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Filiberto Requena Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y se negó la definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Glósese el sobre de cuenta devuelto por el Administrador de Correos de México, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, que contiene el oficio 23718/2022 dirigido al Juez Primero de lo Penal, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en el que se asentó la razón de que no se especifica a quién va dirigido si al Juez Primero de lo Penal del Centro, Oaxaca, o al de Tlacolula, Oaxaca; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se ordena reexpedir dicho oficio con la denominación completa de la autoridad a la que va dirigido que los es: Juez Primero de lo Penal del Centro, Oaxaca, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, a fin de que quede notificada de la resolución interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1017/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional -en esa fecha-, Filiberto Requena Marín, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos consistentes en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES (sic): Como ordenadoras Juez, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, Juez de Control del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, y como ejecutoras al Fiscal General del Estado de Oaxaca y Policía de Vialidad del Estado de Oaxaca, (sic) [.] IV. ACTO RECLAMADO: De las ordenadoras; la orden de aprehensión, presentación y detención girada en su contra. De las señaladas como ejecutoras: su cumplimiento o ejecución." Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite En proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de mérito, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio; aunado a que las autoridades responsables tienen su domicilio dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: A los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; al Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales; al Juez de Control del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, la orden de aprehensión, presentación y detención girada en contra del quejoso Al Fiscal General del Estado de Oaxaca y al Director General de la Policía de Vial Estatal -en su correcta denominación-, el cumplimiento o ejecución de las órdenes precisadas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; al Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales; al Juez de Control del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, Fiscal General del Estado de Oaxaca y Director General de la Policía de Vial Estatal, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgado. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". CUARTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 1017/2022 promovido por Filiberto Requena Marín, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo, en términos de los motivos y fundamentos expuestos en el diverso penúltimo, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE.
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