Filiberto López Carreto

Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
922/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Filiberto López Carreto

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en ese precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción IV del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Magistrada por Ministerio de Ley del Cuarto Tribunal Distrital, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 922/2023, en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Análisis previo. Sin embargo, previo a proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Actos reclamados. La parte quejosa en esencia señala como actos reclamados los siguientes: i) De la Magistrada por Ministerio de Ley del Cuarto Tribunal Distrital, con residencia en esta ciudad, la sentencia que pronunció en los autos del expediente de apelación ********************, de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual confirma la interlocutoria que se atribuye a la ejecutora, de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, donde resuelve que no procedió la caducidad de la instancia promovida por el ocursante, relativa al juicio ordinario civil sobre pago de daño moral y responsabilidad civil dictada dentro del expediente ********************, promovido por ********************, en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de ********************. ii) De la Jueza de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el cumplimiento puntual de la sentencia de apelación, es decir, su ejecución. En la inteligencia de que la parte aquí quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad que es parte demandada en el juicio de origen. 3.2 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. En la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; porque el acto reclamado es emitido dentro de juicio y no es considerado de imposible reparación. 3.2.1 Actos de imposible reparación. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos es posible advertir que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan los derechos sustantivos fundamentales del individuo a través de la afectación de los derechos humanos, no así los procesales, como lo es la resolución que aquí se impugna. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal, distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y, aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En el primer caso, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo caso, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo. Con excepción de aquéllas de magnitud preponderante, que afectan a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias trasciendan e impliquen una situación relevante para el procedimiento, por referirse a un presupuesto procesal o porque conlleve la posibilidad de evitar de manera innecesaria el desarrollo del proceso, como las resoluciones que resuelven una cuestión de competencia o a llamar a un tercero a juicio, entre otros, jurisprudencialmente determinados como susceptibles de impugnarse en amparo indirecto. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones. Ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Así se desprende de las tesis, la primera de ellas sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre esa base, la determinación de cinco de julio de dos mil veintitrés, en la que el Cuarto Tribunal Distrital, de esta ciudad, dentro del expediente de apelación número ********************, confirmó la resolución interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, que negó decretar la caducidad de la instancia en el aludido juicio ordinario civil ********************, debe estudiarse en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello, dado que se observa que la cuestión resuelta por la responsable en dicha determinación, se dictó antes de que la diversa autoridad judicial responsable dicte la sentencia definitiva respectiva. Esto es, la actuación de mérito, no ocasiona sobre las personas una ejecución de imposible reparación, en tanto que, lejos de incidir en la esfera de derechos subjetivos de la parte quejosa, incide en la posición procesal que asumen las partes dentro del juicio civil, del índice administrativo de la responsable, ya que sería en el dictado de la sentencia definitiva cuando podría darse el perjuicio derivado de la resolución que ahora reclama. Lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; sin embargo, en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo. En ese sentido, se considera que la resolución reclamada, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende, constituye una violación procesal dentro de la sustanciación de un juicio, lo que denota el carácter de violación procesal que no es de imposible reparación ni afecta derechos sustantivos, dado que los efectos legales de la resolución reclamada, podrán o no trascender en el dictado de la sentencia definitiva que corresponda. De considerar la parte quejosa que alguna violación procesal se cometió en su perjuicio y que ésta trasciende al fallo de la sentencia respectiva, podrá impugnarlo en amparo directo. En consecuencia, claro es que el acto reclamado no encuadra dentro de la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para ser examinado aisladamente en el juicio de amparo biinstancial, toda vez que se insiste, los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, en caso de obtenerla favorable a sus intereses, lo que tornarían intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse de los actos reclamados. Apoya lo anterior, por razón de su contenido jurídico, la jurisprudencia por contradicción de tesis entre las sustentadas por el primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto circuito y el Segundo y Cuarto Tribunal Colegiado ambos del Tercer Circuito, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de mayo de dos mil catorce. Asimismo, es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Igualmente se invoca la tesis (VIII Región) 2o.3 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias. Por tanto, con relación a los actos a que se aluden, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. 4. Desechamiento. En tales condiciones y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda intentada. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito. Así también, esulta aplicable la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la diversa jurisprudencia IV.2o.C. J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Se tienen por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************y********************, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario José Manuel Monsiváis Meza, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

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