Filiberto Leyva Mendoza
Expediente 408/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Filiberto Leyva Mendoza
- Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, realizara lo siguiente: "- Se deje insubsistente, exclusivamente por lo que a él respecta, la distinción legislativa impugnada, y en consecuencia, se aplique al justiciable el beneficio fiscal previsto en el indicado párrafo tercero del citado normativo, no obstante que haya adquirido una vivienda usada; - Se restituya el monto de las cantidades pagadas en exceso por concepto de impuesto sobre la adquisición de inmuebles, generado por la adquisición de la "casa habitación" (vivienda) usada, identificada bajo la clave catastral 007-000-027-272-014-001, que resulten como diferencia del pago calculado con la base gravable resultante de la aplicación del beneficio. Esto es así, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación. (.) Asimismo, se precisa que la presente determinación no exime la parte quejosa de pagar el tributo, sino que deberá erarlo, como se dijo, a partir de la base gravable establecida en el párrafo tercero del artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, como si se tratara de vivienda nueva. Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable mediante escrito bajo registro 3460, dio a conocer las operaciones aritméticas con las cuales acredita dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, aplicó el beneficio fiscal previsto en el artículo 45, tercer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, motivo por el cual, el impuesto reclamado lo calculó sobre el treinta y dos por ciento sobre la base gravable, (en el caso $500.000 pesos -quinientos mil pesos moneda nacional-), arrojando un total de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos), al cual le aplicó el dos por ciento del impuesto respecto a las personas que adquieran inmuebles en el caso un bien inmueble destinado para casa-habitación tipo interés social usado, resultando la cantidad de $3,200.00 pesos (tres mil doscientos pesos moneda nacional), sumando el diez por ciento del impuesto adicional ($320.00 pesos -trescientos veinte pesos moneda nacional), lo que concluyó la suma de $3,520.00 (tres mil quinientos veinte pesos moneda nacional). Además, después de realizar la resta con la cantidad pagada por la parte quejosa, esto es, $11,000.00 -once mil pesos moneda nacional- menos $3,520.00 -tres mil quinientos veinte pesos moneda nacional-, resultó a devolver $7,480.00 (siete mil cuatrocientos ochenta pesos moneda nacional). Ahora, para efecto de realizar las actualizaciones correspondientes en cuando a la última cantidad en comento, en términos del ordinal 17 A del Código Fiscal de la Federación de aplicación supletoria a la Ley de Hacienda Municipal, concluyó como cantidad a pagar al quejoso de acuerdo a las actualizaciones que refiere el monto de $834.02 -ochocientos treinta y cuatro pesos 02/100 moneda nacional-. De ahí que, ordenó devolver al aquí quejoso la cantidad de $8,314.02 -ocho mil trescientos catorce pesos 02/100 moneda nacional-. Circunstancia que acreditó con copia certificada del cheque bajo número 0080272, que ampara la cantidad aludida, en el cual se aprecia el nombre y firma del quejoso donde se aprecia que lo recibió de conformidad. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 18, inciso b), prevé que es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal y no se tramitó incidente de suspensión. Por lo tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista de estrados y en forma electrónica a la parte quejosa el proveído de once de julio de dos mil veintidós que dice: isto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, realizara lo siguiente: "- Se deje insubsistente, exclusivamente por lo que a él respecta, la distinción legislativa impugnada, y en consecuencia, se aplique al justiciable el beneficio fiscal previsto en el indicado párrafo tercero del citado normativo, no obstante que haya adquirido una vivienda usada; - Se restituya el monto de las cantidades pagadas en exceso por concepto de impuesto sobre la adquisición de inmuebles, generado por la adquisición de la "casa habitación" (vivienda) usada, identificada bajo la clave catastral 007-000-027-272-014-001, que resulten como diferencia del pago calculado con la base gravable resultante de la aplicación del beneficio. Esto es así, pues la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación. (.) Asimismo, se precisa que la presente determinación no exime la parte quejosa de pagar el tributo, sino que deberá erarlo, como se dijo, a partir de la base gravable establecida en el párrafo tercero del artículo 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, como si se tratara de vivienda nueva. Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable mediante escrito bajo registro 3460, dio a conocer las operaciones aritméticas con las cuales acredita dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, aplicó el beneficio fiscal previsto en el artículo 45, tercer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, motivo por el cual, el impuesto reclamado lo calculó sobre el treinta y dos por ciento sobre la base gravable, (en el caso $500.000 pesos -quinientos mil pesos moneda nacional-), arrojando un total de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos), al cual le aplicó el dos por ciento del impuesto respecto a las personas que adquieran inmuebles en el caso un bien inmueble destinado para casa-habitación tipo interés social usado, resultando la cantidad de $3,200.00 pesos (tres mil doscientos pesos moneda nacional), sumando el diez por ciento del impuesto adicional ($320.00 pesos -trescientos veinte pesos moneda nacional), lo que concluyó la suma de $3,520.00 (tres mil quinientos veinte pesos moneda nacional). Además, después de realizar la resta con la cantidad pagada por la parte quejosa, esto es, $11,000.00 -once mil pesos moneda nacional- menos $3,520.00 -tres mil quinientos veinte pesos moneda nacional-, resultó a devolver $7,480.00 (siete mil cuatrocientos ochenta pesos moneda nacional). Ahora, para efecto de realizar las actualizaciones correspondientes en cuando a la última cantidad en comento, en términos del ordinal 17 A del Código Fiscal de la Federación de aplicación supletoria a la Ley de Hacienda Municipal, concluyó como cantidad a pagar al quejoso de acuerdo a las actualizaciones que refiere el monto de $834.02 -ochocientos treinta y cuatro pesos 02/100 moneda nacional-. De ahí que, ordenó devolver al aquí quejoso la cantidad de $8,314.02 -ocho mil trescientos catorce pesos 02/100 moneda nacional-. Circunstancia que acreditó con copia certificada del cheque bajo número 0080272, que ampara la cantidad aludida, en el cual se aprecia el nombre y firma del quejoso donde se aprecia que lo recibió de conformidad. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 18, inciso b), prevé que es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal y no se tramitó incidente de suspensión. Por lo tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta, signado por el Delegado designado por la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, manifiesta que entregó el cheque a la parte quejosa, y al efecto remite copia certificada el referido cheque firmado de recibido. En consecuencia, con lo anterior y con los oficios y anexos que obran en autos, dése vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho legal convenga; APERCIBIDA de que, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado Jurídico del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa actos encaminados a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, al respecto, informa que ya se emitió cheque a nombre de la parte quejosa, por la cantidad de $******************** (********************), por lo que solicita se le requiera para que acuda a las instalaciones de la Dirección de la Defensa Jurídica del Síndico Procurador, en el domicilio que indica, a efecto de hacerle entrega del referido documento. Al respecto, infórmese al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, que deberá hacer uso de sus facultades legales y del personal de la dependencia a su cargo para realizar la notificación respectiva a la parte quejosa y, una vez realizado ello, allegar copia certificada de esas constancias de notificación a este órgano jurisdiccional y, en su caso, informar si se apersonó a recoger el aludido cheque, con lo cual se dará vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga y, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional determinará si la citada ejecutoria de amparo se cumplió en sus términos o si existe exceso o defecto en su cumplimiento.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes
- Fidelia Valdez Rocha854/2023
- Fidencio Arredondo Trujillo397/2020
- Fidencio López Arellano1338/2023
- Fidencio Verdugo Burboa650/2022
- Filemón Valdez Benítez654/2019
- Filiberto Daniel Sánchez Bernal910/2017
- Filiberto López Mascareño18/2019
- Filiberto Rojo Loaiza579/2021
- Filiberto Rojo Loaiza1425/2021
- Fiscal General del Estado de Sinaloa.115/2022
- Flavia Gallegos Salazar559/2019
- Flavio Bejarano Meza914/2018