Filiberto Hernández Pérez
Expediente 1108/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Filiberto Hernández Pérez
- Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 18 fracción I, inciso b), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que en sentencia se concedió la protección constitucional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. I. Estado de los autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de veintiuno de febrero de este año, para que expusiera lo que a su interés conviniera en relación a lo informado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; desahogando la vista el directo quejoso en diligencia de notificación personal. II. Antecedentes. El quejoso Filiberto Hernández Pérez reclamó en esta instancia constitucional del: a) Del Director General, Director del Área Médica y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: La omisión de cumplir la orden judicial del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, dentro de la controversia 1346/2021, consistente en brindarle atención médica especializada en psiquiatría. b) Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca: La omisión de hacer cumplir lo ordenado en audiencia de tres de agosto de dos mil veintidós, pronunciada dentro de la controversia 1346/2021, en la que ordenó a las autoridades del centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", brindarle al quejoso atención médica especializada en psiquiatría. En sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós (fojas 70 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[...] 1. El Juez deberá emitir un proveído u ordenar a quien corresponda, se requiera a las autoridades penitenciarias -para que en el ámbito de sus atribuciones-garanticen la atención médica especializada en psiquiatría al quejoso; en el cual deberá precisar de manera detallada las gestiones a cumplir por éstas, a fin de dar cumplimiento a la resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, dentro del (PEC) 1346/2021, de su estadística. Haciendo uso de los apercibimientos que estime pertinentes. 2. El Juez deberá vigilar que el centro penitenciario realice las acciones pertinentes a fin de que la controversia no quede paralizada y se dé cumplimiento inmediato a lo ordenado a través de resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, dentro del (PEC) 1346/2021, de su estadística. 3. Las autoridades penitenciarias responsables -en la medida de sus atribuciones- deberán dar exacto cumplimiento a los requerimientos efectuados por el Juez por sí o a través del Administrador de dicho centro; y, realizar todas aquellas gestiones necesarias a su alcance, a fin de brindar la atención médica en su integridad a la parte quejosa conforme a los lineamientos destacados en la resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, dentro del (PEC) 1346/2021. [...]" Así, por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 91 a 93), se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables. III. Inexistencia de materia para la ejecución de la sentencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para reestablecer una determinada situación antes de la vulneración denunciada. En principio, es pertinente destacar que, la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, constriñe a las autoridades penitenciarias a realizar lo siguiente: "a) Sea canalizado con los especialistas que correspondan respecto de sus trastornos de ansiedad y depresión que padece; para el caso, se proporcione el diagnóstico correspondiente y el tratamiento médico derivado de ella, en la que se deberá determinar el uso de medicamentos e insumos, se suministren en la forma que se le prescriban, lo cual se debe realizar a la brevedad en un Hospital Público o Privado, de manera gratuita. b) Se debe dar seguimiento al padecimiento psiquiátrico que padece a través de una revaloración por el psiquiatra, se suministren los medicamentos e insumos que se le receten en la forma que se le prescriban; por ello, la autoridad penitenciaria tendrá que realizar acciones para agendarla, para lo cual deberá tener una fecha cierta y se le haga del conocimiento del interno para que tenga el dato correspondiente. En el entendido que, como quedó asentado, la misma se realice por videollamada o videoconsulta, con el especialista que coadyuva dicha atención y, se le dé valor preponderante de acceso al mismo con el fin de continuar con su tratamiento a la enfermedad que padece, ya que, de no ser así, le podrá traer graves problemas a la salud del justiciable; además, en tal revaloración, se deberán establecer de manera precisa los medicamentos, cantidades y temporalidad en que se le deben suministrar. Y, mientras no exista una nueva valoración, se deberá dar continuidad al medicamento previamente ordenado al no existir justificación de dejarlo de dar. Asimismo, es un hecho notorio que en tratándose de medicamentos controlados se requieren recetas foliadas para el abastecimiento de estos; por tanto, debe realizar las acciones correspondientes de manera oportuna ante el propio conocimiento de que se requieren las mismas para la adquisición de dichos medicamentos con el fin de que se dé continuidad a su tratamiento correspondiente. En ese tenor, deberá solicitar el auxilio con Hospitales públicos o, bien, privados, para que se le realice la cita correspondiente al justiciable, en el entendido que es un hecho notorio que actualmente existe saturación de citas, por ello, tanto la defensa como el justiciable deben tener la comprensión de que se atiende no solo a los internos sino a las personas externas usuarias del sector salud y se le da prioridad a las urgencias. c) Asimismo, de ser el caso se le deberán suministrar los medicamentos e insumos que requiera de manera oportuna, permanente y constante, hasta que se le dé de alta o exista nota médica que indique que ya no los requiere, a través de las valoraciones semestrales que tiene la obligación la autoridad penitenciaria de realizar. d) Finalmente, se deben llevar a cabo las gestiones de liberación de recursos económicos a cargo del Estado, para la atención médica necesaria del justiciable y, continuar hasta que se determine que efectivamente se proporcionó la misma o se dé de alta, lo que tendrán que informar de manera inmediata a este Centro de Justicia." En proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (fojas 116 y 117), se tuvo al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, informando los actos tendientes al cumplimiento de la sentencia de amparo y exhibiendo diversas documentales, entre las que destacan: i. La valoración psiquiátrica del quejoso de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en la que se le recetó duloxetina 60 MG capsulas una diario por las noches, durante tres años, así como, clonazepam 2 MG tableta una por las noches, hasta nueva valoración (foja 101). ii. El memorandúm con terminación 22202/2022 de seis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se instruye al Director Administrativo del Centro Federal de Readaptación número 13 "CPS-Oaxaca, realizar las gestiones administrativas necesarias para la compra de medicamentos (foja 103). iii. Formato de suministro de medicamentos (foja 105). Mediante oficio 389/20223-X de tres de febrero de dos mil veintitrés el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, anexó el auto de tres de febrero pasado dictado en el procedimiento de ejecución OAX/0001346/2021, en el que, dejó sin materia el expediente de ejecución, dado que el defensor público federal del quejoso Filiberto Hernández Pérez manifestó que era deseo de su defendido desistirse de esa controversia. En virtud de lo anterior, en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación manifestara lo que a su interés conviniera, sin que realizara manifestación en torno a la atención médica en psiquiatría. Así al desistirse el quejoso Filiberto Hernández Pérez de la controversia OAX/0001346/2021, cuya omisión en su cumplimiento dio origen a esta instancia constitucional, se perdieron los derechos subjetivos sobre los que versaría el acatamiento de la sentencia de amparo y, como consecuencia lógica y legal no puede alegarse la existencia de la violación a derechos fundamentales que fueron materia de la concesión de este juicio de amparo. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, procede a decretar que no existe materia para la ejecución de la sentencia, por haber desaparecido su objeto o sustancia de análisis, que es precisamente brindarle atención médica en psiquiatría a la parte quejosa, ya que, como se adujo, el desistimiento expreso pone de manifiesto el abandono de los cuestionamientos relacionados con esa omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4o.T.17 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Tomo III, página 2676, Décima Época, de rubor y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo". Sin que sea dable considerar en el cumplimiento de la sentencia de amparo la falta de atención médica especializada en ortopedia y oculista, como lo refirió el quejoso en diligencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en razón que su omisión no fue materia de estudio de esta instancia constitucional. Gírese oficio a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de quince días, manifiesten lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Efectúense las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la secretaria de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA/ TERCERO INTERESADO, EL AUTO DE . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. I. Estado de los autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de veintiuno de febrero de este año, para que expusiera lo que a su interés conviniera en relación a lo informado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; desahogando la vista el directo quejoso en diligencia de notificación personal. II. Antecedentes. El quejoso Filiberto Hernández Pérez reclamó en esta instancia constitucional del: a) Del Director General, Director del Área Médica y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: La omisión de cumplir la orden judicial del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, dentro de la controversia 1346/2021, consistente en brindarle atención médica especializada en psiquiatría. b) Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca: La omisión de hacer cumplir lo ordenado en audiencia de tres de agosto de dos mil veintidós, pronunciada dentro de la controversia 1346/2021, en la que ordenó a las autoridades del centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", brindarle al quejoso atención médica especializada en psiquiatría. En sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós (fojas 70 a 79), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: 1. El Juez deberá emitir un proveído u ordenar a quien corresponda, se requiera a las autoridades penitenciarias -para que en el ámbito de sus atribuciones-garanticen la atención médica especializada en psiquiatría al quejoso; en el cual deberá precisar de manera detallada las gestiones a cumplir por éstas, a fin de dar cumplimiento a la resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, dentro del (PEC) 1346/2021, de su estadística. Haciendo uso de los apercibimientos que estime pertinentes. 2. El Juez deberá vigilar que el centro penitenciario realice las acciones pertinentes a fin de que la controversia no quede paralizada y se dé cumplimiento inmediato a lo ordenado a través de resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, dentro del (PEC) 1346/2021, de su estadística. 3. Las autoridades penitenciarias responsables -en la medida de sus atribuciones- deberán dar exacto cumplimiento a los requerimientos efectuados por el Juez por sí o a través del Administrador de dicho centro; y, realizar todas aquellas gestiones necesarias a su alcance, a fin de brindar la atención médica en su integridad a la parte quejosa conforme a los lineamientos destacados en la resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, dentro del (PEC) 1346/2021. [...]" Así, por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 91 a 93), se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables. III. Inexistencia de materia para la ejecución de la sentencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para reestablecer una determinada situación antes de la vulneración denunciada. En principio, es pertinente destacar que, la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, constriñe a las autoridades penitenciarias a realizar lo siguiente: "a) Sea canalizado con los especialistas que correspondan respecto de sus trastornos de ansiedad y depresión que padece; para el caso, se proporcione el diagnóstico correspondiente y el tratamiento médico derivado de ella, en la que se deberá determinar el uso de medicamentos e insumos, se suministren en la forma que se le prescriban, lo cual se debe realizar a la brevedad en un Hospital Público o Privado, de manera gratuita. b) Se debe dar seguimiento al padecimiento psiquiátrico que padece a través de una revaloración por el psiquiatra, se suministren los medicamentos e insumos que se le receten en la forma que se le prescriban; por ello, la autoridad penitenciaria tendrá que realizar acciones para agendarla, para lo cual deberá tener una fecha cierta y se le haga del conocimiento del interno para que tenga el dato correspondiente. En el entendido que, como quedó asentado, la misma se realice por videollamada o videoconsulta, con el especialista que coadyuva dicha atención y, se le dé valor preponderante de acceso al mismo con el fin de continuar con su tratamiento a la enfermedad que padece, ya que, de no ser así, le podrá traer graves problemas a la salud del justiciable; además, en tal revaloración, se deberán establecer de manera precisa los medicamentos, cantidades y temporalidad en que se le deben suministrar. Y, mientras no exista una nueva valoración, se deberá dar continuidad al medicamento previamente ordenado al no existir justificación de dejarlo de dar. Asimismo, es un hecho notorio que en tratándose de medicamentos controlados se requieren recetas foliadas para el abastecimiento de estos; por tanto, debe realizar las acciones correspondientes de manera oportuna ante el propio conocimiento de que se requieren las mismas para la adquisición de dichos medicamentos con el fin de que se dé continuidad a su tratamiento correspondiente. En ese tenor, deberá solicitar el auxilio con Hospitales públicos o, bien, privados, para que se le realice la cita correspondiente al justiciable, en el entendido que es un hecho notorio que actualmente existe saturación de citas, por ello, tanto la defensa como el justiciable deben tener la comprensión de que se atiende no solo a los internos sino a las personas externas usuarias del sector salud y se le da prioridad a las urgencias. c) Asimismo, de ser el caso se le deberán suministrar los medicamentos e insumos que requiera de manera oportuna, permanente y constante, hasta que se le dé de alta o exista nota médica que indique que ya no los requiere, a través de las valoraciones semestrales que tiene la obligación la autoridad penitenciaria de realizar. d) Finalmente, se deben llevar a cabo las gestiones de liberación de recursos económicos a cargo del Estado, para la atención médica necesaria del justiciable y, continuar hasta que se determine que efectivamente se proporcionó la misma o se dé de alta, lo que tendrán que informar de manera inmediata a este Centro de Justicia." En proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (fojas 116 y 117), se tuvo al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, informando los actos tendientes al cumplimiento de la sentencia de amparo y exhibiendo diversas documentales, entre las que destacan: i. La valoración psiquiátrica del quejoso de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en la que se le recetó duloxetina 60 MG capsulas una diario por las noches, durante tres años, así como, clonazepam 2 MG tableta una por las noches, hasta nueva valoración (foja 101). ii. El memorandúm con terminación 22202/2022 de seis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se instruye al Director Administrativo del Centro Federal de Readaptación número 13 "CPS-Oaxaca, realizar las gestiones administrativas necesarias para la compra de medicamentos (foja 103). iii. Formato de suministro de medicamentos (foja 105). Mediante oficio 389/20223-X de tres de febrero de dos mil veintitrés el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, anexó el auto de tres de febrero pasado dictado en el procedimiento de ejecución OAX/0001346/2021, en el que, dejó sin materia el expediente de ejecución, dado que el defensor público federal del quejoso Filiberto Hernández Pérez manifestó que era deseo de su defendido desistirse de esa controversia. En virtud de lo anterior, en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación manifestara lo que a su interés conviniera, sin que realizara manifestación en torno a la atención médica en psiquiatría. Así al desistirse el quejoso Filiberto Hernández Pérez de la controversia OAX/0001346/2021, cuya omisión en su cumplimiento dio origen a esta instancia constitucional, se perdieron los derechos subjetivos sobre los que versaría el acatamiento de la sentencia de amparo y, como consecuencia lógica y legal no puede alegarse la existencia de la violación a derechos fundamentales que fueron materia de la concesión de este juicio de amparo. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, procede a decretar que no existe materia para la ejecución de la sentencia, por haber desaparecido su objeto o sustancia de análisis, que es precisamente brindarle atención médica en psiquiatría a la parte quejosa, ya que, como se adujo, el desistimiento expreso pone de manifiesto el abandono de los cuestionamientos relacionados con esa omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4o.T.17 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Tomo III, página 2676, Décima Época, de rubor y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo". Sin que sea dable considerar en el cumplimiento de la sentencia de amparo la falta de atención médica especializada en ortopedia y oculista, como lo refirió el quejoso en diligencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en razón que su omisión no fue materia de estudio de esta instancia constitucional. Gírese oficio a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de quince días, manifiesten lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Efectúense las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la secretaria de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, y la certificación que antecede, se advierte que por auto de diez de noviembre pasado, se requirió a la Titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a efecto que dentro del plazo de tres días siguiente a su notificación, ordenara al Defensor Público Federal designado ----; que debía aceptar y protestar el cargo conferido en el presente asunto, sin que esto haya acontecido, no obstante, haber sido notificada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, según constancia agregada en autos (foja 49). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, mediante oficio que para tal efecto se libre, requiérase por última ocasión, a la Titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que dentro del plazo de tres días siguiente a su notificación, ordene al Defensor Público Federal ----, adscrito a esa delegación, que de inmediato dé cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de octubre del año en curso. Apercibida que de no cumplir con el requerimiento formulado, se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo, por el monto de cuatro mil ochocientos once pesos, cero centavos ($4,811.00) moneda nacional, equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de noventa y seis pesos, veintidós centavos ($96.22) moneda nacional. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del veintidós de noviembre del año en curso, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente se autoriza al Secretario y/o Actuario judicial de la adscripción a firmar el oficio que derive de este auto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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