Filiberto Gómez Balderas
Expediente 521/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Filiberto Gómez Balderas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se negó el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, toda vez que se encuentran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se hace de su conocimiento que puede acudir a recogerlos a este órgano de control constitucional dentro de los tres años siguientes a este acuerdo; apercibida que de no hacerlo, serán transferidos junto con el presente expediente al Archivo de Concentración, en términos de lo dispuesto en el numeral 17 del Acuerdo General invocado. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de un tomo de pruebas formado con motivo de las copias certificadas del juicio ordinario civil número 574/2019-IV, que remitió el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado; devuélvase a su lugar de origen, pues resulta innecesario su conservación al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio. Solicítese el acuse correspondiente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO QUE DICE. Córdoba, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se negó el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, toda vez que se encuentran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se hace de su conocimiento que puede acudir a recogerlos a este órgano de control constitucional dentro de los tres años siguientes a este acuerdo; apercibida que de no hacerlo, serán transferidos junto con el presente expediente al Archivo de Concentración, en términos de lo dispuesto en el numeral 17 del Acuerdo General invocado. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de un tomo de pruebas formado con motivo de las copias certificadas del juicio ordinario civil número 574/2019-IV, que remitió el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado; devuélvase a su lugar de origen, pues resulta innecesario su conservación al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio. Solicítese el acuse correspondiente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es infundado el concepto de violación formulado, sin que proceda suplir en su favor la queja deficiente, al no advertirse que se ubique en alguno de los supuestos previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, en tal inconformidad el quejoso aduce lo que a continuación se sintetiza Que el acto reclamado es violatorio del artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 1, 14 y 16, constitucionales y de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que -dice- trae como consecuencia que se conculquen sus garantías de legalidad y seguridad jurídica. Manifiesta que de manera antijurídica la autoridad responsable declaró infundados los agravios que hizo valer en su recurso de revocación, bajo el argumento de que no se justificó el desconocimiento fehaciente que indica el artículo 82 del referido ordenamiento adjetivo y que es obligación del actor justificarlos, con lo que dejó al peticionario en estado de indefensión. Expone que a pesar de que, como consta en autos, el quejoso ha intentado por todos los medios legales dar con el domicilio del demandado, no lo ha logrado, por lo que - sostiene- con la finalidad de agotar las diligencias necesarias a fin de lograr el llamado a juicio del demandado, solicitó su emplazamiento por edictos, ya que -agrega- ha señalado los domicilios en los que tenía conocimiento vivía el demandado y en los que -afirma- sigue viviendo, pero dolosamente se esconde para no ser emplazado, pues sabe perfectamente de la existencia del juicio, ya que se "apersonó" al mismo. Alega que, con su determinación, el juez responsable no tomó en cuenta las múltiples diligencias que el quejoso ha promovido con el fin de emplazar a juicio al demandado, con lo que viola los preceptos legales señalados. No asiste razón al peticionario, toda vez que, como lo sostuvo la autoridad responsable en el acto que se combate, por el momento no se encuentra probado en el juicio natural el desconocimiento general del domicilio del demandado Israel López Gómez, de conformidad el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; consideración que es suficiente para continuar rigiendo el sentido de la resolución reclamada, que se traduce en la negativa de ordenar emplazar por edictos al referido demandado. Se explica. El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece. "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". La disposición normativa transcrita consagra la garantía de audiencia, que implica el derecho de todo gobernado para que, previo a cualquier acto de autoridad que pueda tener por efecto privarlo de su libertad, propiedad, posesiones o derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio. El debido respeto a la garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga (ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho) y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa. Así, de no cumplirse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que no es otro que evitar la indefensión del afectado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El referido criterio obligatorio se encuentra visible en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.14 CARLOS EDUARDO VEGA GONZÁLEZ 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Debido a la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente, estableciendo las formalidades de que debe estar investido; y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. De ahí que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde sea racionalmente posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Ahora, el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles, establece. "Artículo 82. Cuando se ignore el lugar y habitación donde resida la persona que deba ser emplazada o notificada, previa la acreditación fehaciente del desconocimiento general del domicilio, se le hará la primera notificación por medio de edictos, publicados por dos veces en la "Gaceta Oficial" y en algún otro periódico de mayor circulación, a juicio del juez, sin perjuicio de observarse las disposiciones del Código Civil en materia de ausencia. La notificación hecha por medio de la Gaceta y el periódico, surtirá sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la última publicación. Si el aludido no compareciere, se le harán las demás notificaciones en los términos del artículo 78 de este Código". Del precepto transcrito, en lo que aquí trasciende, se obtiene que procede emplazar por edictos a la persona que deba ser emplazada o notificada, cuando se ignore el lugar y habitación donde resida, previa acreditación fehaciente del desconocimiento general de su domicilio. En síntesis, para que proceda emplazar por edictos al demandado, es requisito, no solo que el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que desconoce su domicilio, sino que debe acreditarse fehacientemente que el desconocimiento del domicilio del demandado es general. Es importante precisar, que en los casos en que la parte actora desconozca el domicilio del demandado, con el objeto de acreditar el referido desconocimiento y proceda el emplazamiento por edictos, es necesario que el juzgador, de su prudente arbitrio y para mejor proveer, conforme a los artículos 225 y 226, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ordene la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como serían, todas aquéllas que, dadas sus funciones, se estime que cuentan con patrones de registros electrónicos o magnéticos que incluyan nombres o domicilios de personas, para así solicitarle, en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. En el entendido de que, la actuación de búsqueda del juzgado, se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo irremediable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad, al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia (...) En el caso, de la revisión del sumario natural se advierte que el aquí quejoso, en su demanda, proporcionó un domicilio para emplazar al demandado, sin embargo, al constituirse el actuario en el lugar hizo constar (en la última ocasión, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno), que ya nadie vive en ese domicilio y que se encuentra totalmente vacío; asimismo, que posteriormente señaló otro domicilio para llamar a juicio al demandado, localizado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, pero la actuaria judicial adscrita a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial, con sede en Boca del Río, Veracruz, hizo constar la imposibilidad de ubicar el inmueble respectivo, al ser irregular la numeración de la calle y desconocer los vecinos del lugar al buscado, por lo que -señaló- se requieren mayores datos para ubicar el domicilio, como el tipo de construcción y color, o entre qué calles se localiza. Empero, lo anterior, es insuficiente para tener por demostrado, hasta el momento, que existe el desconocimiento general del domicilio del demandado, pues no se ha realizado su búsqueda administrativa por parte del órgano jurisdiccional, ante los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas que puedan tener registro del domicilio del demandado de trato. No pasa inadvertido que, como lo afirma en el quejoso en su concepto de violación, del sumario se advierte que el demandado, Israel López Gómez, promovió en dos ocasiones en el expediente de origen: la primera, en la que solicitó se le emplazara por comparecencia, y que, a pesar de así haberse autorizado, no consta que se haya apersonado al tribunal para ese efecto; y la segunda, para pedir la caducidad de la instancia en el proceso de origen, lo que fue negado por el órgano jurisdiccional. No obstante, la conducta supuestamente adoptada por el demandado no autoriza al juez responsable a ordenar su emplazamiento por edictos sin que se satisfagan los presupuestos previstos en el artículo 82 del ordenamiento adjetivo de referencia. De ahí que sea infundado el concepto de violación. En el entendido de que el aquí quejoso tiene a salvo su derecho de instar al juez responsable que agote los medios necesarios para localizar al demandado, pues como se vio, no solo se encuentra facultado, sino obligado a atender tal petición (lo que no se advierte que haya realizado en su escrito de solicitud de emplazamiento por edictos, ni al interponer el recurso de revocación respectivo); y, una vez agotada la investigación condigna, de no lograrse la localización del buscado, proceder a emplazarlo a través de edictos, como lo prevé el plurimencionado artículo 82. En esas condiciones, al ser infundado el concepto de violación, y no advertirse queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Filiberto Gómez Balderas, contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 574/2019, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el autorizado de Filiberto Gómez Balderas, contra el proveído de tres de los citados mes y año, que negó ordenar el emplazamiento por edictos del demandado Israel López Gómez. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés (fojas 26 a 30 de autos), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 73, 74, 75, 76 y 79, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente al quejoso.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es infundado el concepto de violación formulado, sin que proceda suplir en su favor la queja deficiente, al no advertirse que se ubique en alguno de los supuestos previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, en tal inconformidad el quejoso aduce lo que a continuación se sintetiza Que el acto reclamado es violatorio del artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 1, 14 y 16, constitucionales y de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que -dice- trae como consecuencia que se conculquen sus garantías de legalidad y seguridad jurídica. Manifiesta que de manera antijurídica la autoridad responsable declaró infundados los agravios que hizo valer en su recurso de revocación, bajo el argumento de que no se justificó el desconocimiento fehaciente que indica el artículo 82 del referido ordenamiento adjetivo y que es obligación del actor justificarlos, con lo que dejó al peticionario en estado de indefensión. Expone que a pesar de que, como consta en autos, el quejoso ha intentado por todos los medios legales dar con el domicilio del demandado, no lo ha logrado, por lo que - sostiene- con la finalidad de agotar las diligencias necesarias a fin de lograr el llamado a juicio del demandado, solicitó su emplazamiento por edictos, ya que -agrega- ha señalado los domicilios en los que tenía conocimiento vivía el demandado y en los que -afirma- sigue viviendo, pero dolosamente se esconde para no ser emplazado, pues sabe perfectamente de la existencia del juicio, ya que se "apersonó" al mismo. Alega que, con su determinación, el juez responsable no tomó en cuenta las múltiples diligencias que el quejoso ha promovido con el fin de emplazar a juicio al demandado, con lo que viola los preceptos legales señalados. No asiste razón al peticionario, toda vez que, como lo sostuvo la autoridad responsable en el acto que se combate, por el momento no se encuentra probado en el juicio natural el desconocimiento general del domicilio del demandado Israel López Gómez, de conformidad el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; consideración que es suficiente para continuar rigiendo el sentido de la resolución reclamada, que se traduce en la negativa de ordenar emplazar por edictos al referido demandado. Se explica. El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece. "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". La disposición normativa transcrita consagra la garantía de audiencia, que implica el derecho de todo gobernado para que, previo a cualquier acto de autoridad que pueda tener por efecto privarlo de su libertad, propiedad, posesiones o derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio. El debido respeto a la garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga (ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho) y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa. Así, de no cumplirse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que no es otro que evitar la indefensión del afectado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El referido criterio obligatorio se encuentra visible en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.14 CARLOS EDUARDO VEGA GONZÁLEZ 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Debido a la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente, estableciendo las formalidades de que debe estar investido; y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. De ahí que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde sea racionalmente posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Ahora, el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles, establece. "Artículo 82. Cuando se ignore el lugar y habitación donde resida la persona que deba ser emplazada o notificada, previa la acreditación fehaciente del desconocimiento general del domicilio, se le hará la primera notificación por medio de edictos, publicados por dos veces en la "Gaceta Oficial" y en algún otro periódico de mayor circulación, a juicio del juez, sin perjuicio de observarse las disposiciones del Código Civil en materia de ausencia. La notificación hecha por medio de la Gaceta y el periódico, surtirá sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la última publicación. Si el aludido no compareciere, se le harán las demás notificaciones en los términos del artículo 78 de este Código". Del precepto transcrito, en lo que aquí trasciende, se obtiene que procede emplazar por edictos a la persona que deba ser emplazada o notificada, cuando se ignore el lugar y habitación donde resida, previa acreditación fehaciente del desconocimiento general de su domicilio. En síntesis, para que proceda emplazar por edictos al demandado, es requisito, no solo que el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que desconoce su domicilio, sino que debe acreditarse fehacientemente que el desconocimiento del domicilio del demandado es general. Es importante precisar, que en los casos en que la parte actora desconozca el domicilio del demandado, con el objeto de acreditar el referido desconocimiento y proceda el emplazamiento por edictos, es necesario que el juzgador, de su prudente arbitrio y para mejor proveer, conforme a los artículos 225 y 226, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ordene la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como serían, todas aquéllas que, dadas sus funciones, se estime que cuentan con patrones de registros electrónicos o magnéticos que incluyan nombres o domicilios de personas, para así solicitarle, en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. En el entendido de que, la actuación de búsqueda del juzgado, se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo irremediable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad, al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia (...) En el caso, de la revisión del sumario natural se advierte que el aquí quejoso, en su demanda, proporcionó un domicilio para emplazar al demandado, sin embargo, al constituirse el actuario en el lugar hizo constar (en la última ocasión, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno), que ya nadie vive en ese domicilio y que se encuentra totalmente vacío; asimismo, que posteriormente señaló otro domicilio para llamar a juicio al demandado, localizado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, pero la actuaria judicial adscrita a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial, con sede en Boca del Río, Veracruz, hizo constar la imposibilidad de ubicar el inmueble respectivo, al ser irregular la numeración de la calle y desconocer los vecinos del lugar al buscado, por lo que -señaló- se requieren mayores datos para ubicar el domicilio, como el tipo de construcción y color, o entre qué calles se localiza. Empero, lo anterior, es insuficiente para tener por demostrado, hasta el momento, que existe el desconocimiento general del domicilio del demandado, pues no se ha realizado su búsqueda administrativa por parte del órgano jurisdiccional, ante los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas que puedan tener registro del domicilio del demandado de trato. No pasa inadvertido que, como lo afirma en el quejoso en su concepto de violación, del sumario se advierte que el demandado, Israel López Gómez, promovió en dos ocasiones en el expediente de origen: la primera, en la que solicitó se le emplazara por comparecencia, y que, a pesar de así haberse autorizado, no consta que se haya apersonado al tribunal para ese efecto; y la segunda, para pedir la caducidad de la instancia en el proceso de origen, lo que fue negado por el órgano jurisdiccional. No obstante, la conducta supuestamente adoptada por el demandado no autoriza al juez responsable a ordenar su emplazamiento por edictos sin que se satisfagan los presupuestos previstos en el artículo 82 del ordenamiento adjetivo de referencia. De ahí que sea infundado el concepto de violación. En el entendido de que el aquí quejoso tiene a salvo su derecho de instar al juez responsable que agote los medios necesarios para localizar al demandado, pues como se vio, no solo se encuentra facultado, sino obligado a atender tal petición (lo que no se advierte que haya realizado en su escrito de solicitud de emplazamiento por edictos, ni al interponer el recurso de revocación respectivo); y, una vez agotada la investigación condigna, de no lograrse la localización del buscado, proceder a emplazarlo a través de edictos, como lo prevé el plurimencionado artículo 82. En esas condiciones, al ser infundado el concepto de violación, y no advertirse queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Filiberto Gómez Balderas, contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 574/2019, en la que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el autorizado de Filiberto Gómez Balderas, contra el proveído de tres de los citados mes y año, que negó ordenar el emplazamiento por edictos del demandado Israel López Gómez. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés (fojas 26 a 30 de autos), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 73, 74, 75, 76 y 79, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente al quejoso.
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