Filiberto Franco Ávila

Expediente 2074/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2074/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/02/2017

Partes del expediente

  • Filiberto Franco Ávila
  • Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En tres de febrero de dos mil diecisiete, doy cuenta con el estado que guardan los autos, y certifico que el término de seis meses que concede el artículo 156 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que ninguna de las partes haya realizado manifestación alguna. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, tres de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 293 a 295), se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación a la póliza de fianza número 3154-05511-5 expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, que ofreció la parte quejosa dentro del incidente de suspensión relativo al presente juicio. Por tanto, atento a que ha transcurrido el término de seis meses que concede el artículo 156 de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Alberto Reyes González, para que en el término de cinco días siguientes contados a partir de su legal notificación, comparezca ante este juzgado de distrito, debidamente identificado con una copia de la misma, en el horario comprendido de nueve a doce horas, para que se le haga la devolución de la póliza de referencia, con el apercibimiento de no hacerlo en el lapso indicado, se ordenara la cancelación de la póliza de que se habla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que FILIBERTO FRANCO ÁVILA, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito al anterior, consistente en la omisión de emitir acuerdo admisorio de la demanda, así como la notificación personal a las partes (actor y demandado) dentro del expediente radicado bajo el número D-255/2014. Ahora bien, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Secretario General, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente D-255/2014, acordó el escrito que el aquí quejoso presentó el treinta de julio de dos mil catorce. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente D-255/2014, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra el proveído que emitió el dieciséis de diciembre del año en curso, en el que acordó el escrito que la aquí parte quejosa le presentó el treinta de julio de dos mil catorce, en el que lo requirió a fin de que describa detalladamente en qué consistían las actividades que realizaba en el desempeño de su cargo, el cual fue notificado mediante instructivo el nueve de enero de la presente anualidad. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, acordara el escrito que presentó el treinta de julio de dos mil catorce; aquélla se vio satisfecha en la medida en que por auto de nueve de enero del año en curso, dentro del expediente D-255/2014, la autoridad responsable se pronunció sobre dicho ocurso, requiriéndolo para que describa detalladamente en qué consistían las actividades que realizaba en el desempeño de su cargo, el cual fue notificado mediante instructivo el nueve de enero de la presente anualidad. Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior, sin que soslaye la existencia de la jurisprudencia de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AÚN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO", pues en la especie no se reclamó la violación al derecho petición, sino la denegación de justicia (violación al artículo 17 constitucional) derivada de la omisión del tribunal responsable de pronunciarse dentro del expediente D-255/2014 sobre el escrito presentado por la parte quejosa, por tanto, no es el caso de requerirla para que manifieste si desea ampliar su demanda. En razón de lo expuesto, respecto del diverso acto consistente en la falta de emplazamiento a los demandados de la admisión del juicio laboral de origen, este juzgado no hará mayor pronunciamiento, pues como ya se indicó, la atención de la responsable al escrito de demanda presentado por el hoy quejoso, no implicó su admisión a trámite, por lo que, lógicamente, no opera notificación alguna de la admisión de la demanda. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con catorce minutos del dos de febrero de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Secretario General y Jefe de Actuarios, ambos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación de su contenido en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil diecisiete. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que a la data en que se actúa transcurre el término legal concedido a las autoridades responsables Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito al anterior, para que rindan su informe justificado correspondiente, lo anterior, tomando en consideración que el término para tal efecto se interrumpió al haber estado gozando de su período vacacional. DIFERIMIENTO En consecuencia, para no causar alguna violación al procedimiento, la audiencia constitucional se difiere y se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.

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