Filiberto Escobar González

Expediente 748/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
748/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
02/01/2024

Partes del expediente

  • Filiberto Escobar González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez responsable mediante el cual informa que dio cumplimiento a lo decretado en proveído de siete de diciembre de dos mil veintitrés, de lo que el suscrito queda enterado. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente auto informen sobre el cumplimiento que den a la resolución de referencia, remitiendo copia certificada de las constancias respectivas con las que lo acrediten, en las que se advierta el nombre y firma de los servidores públicos que intervinieron en su emisión, así como el sello de publicación debidamente requisitado, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Amén que de no acatar lo señalado, se procederá en términos del artículo 192 párrafo segundo del ordenamiento legal citado. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguense los oficios de las autoridades responsables, en atención a sus contenidos, sin que haya lugar a proveer de conformidad, pues el fallo dictado en autos aun no causa ejecutoria. En ese sentido, se requiere al A quo, para que en el término de veinticuatro horas legalmente computado deje insubsistente la resolución que dictó en acatamiento al fallo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación al 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con número 2018471, Materia (s): Común, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, noviembre de 2018, Tomo III, página 2575, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE.". NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 748/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Apersonamiento de la parte tercera interesada y C) Los oficios de las autoridades responsables por los cuales rindieron su informe justificado. Al efecto se acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte tercera interesada ofreció la documental, presuncional e instrumental de actuaciones. Al efecto, se acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas aludidas, al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos, en el que se hace constar que la parte tercera interesada los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que, se cierra el presente periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia, que firman el Juez en unión del Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 748/2023, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, así como de los Jueces y Ejecutores adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, todos de lo Civil de Primera Instancia y de Extinción de Dominio de Toluca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita formuló intervención; se tuvieron por rendidos los informes justificados; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. El quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación al juicio especial hipotecario ... del índice del Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado, así como la orden de desocupación y entrega del inmueble denominado como "Casa .. del Condominio Horizontal Habitacional de tipo Familiar denominado comercialmente "...". TERCERO. Existencia. El juez con residencia en esta Ciudad y la Ejecutora adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia y de Extinción de Dominio de Toluca, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Certeza que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Actuario responsable con residencia en esta Ciudad, en virtud de que al rendir su informe manifestó que se adhería al de su titular. Por su parte, los Jueces y Ejecutores adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, todos de lo Civil de Primera Instancia y de Extinción de Dominio de Toluca, negaron los actos que se le atribuyeron, sin embargo, en su carácter de ejecutoras, están en posibilidades de materializar la ejecución de aquello sobre lo cual el juez responsable ordenador se condujo en sentido afirmativo; por esto, se desvirtúa la negativa y en su lugar se tiene por cierto el reclamo que se les imputa. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.". Por su parte, los ejecutores adscritos al Juzgado Segundo y Tercero, ambos de lo Civil de Primera Instancia y de Extinción de Dominio de Toluca, omitieron rendir su informe justificado, no obstante de habérsele notificado el proveído donde se les requirió; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto. Atento a lo anterior, es infundada la causal de inexistencia que hace valer la parte tercera interesada. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El doce de agosto de dos mil catorce, Banco ..., inició juicio especial hipotecario contra .... II. El juez de origen, previo desahogo, admitió a trámite el juicio el veintiuno de agosto posterior y ordenó emplazar a la parte demandada. III. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se practicó el emplazamiento a través de cédula en los términos siguientes: "JUZGADO 68 DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ..., C.P. ... SECRETARÍA "A" EXPEDIENTE NO. 669/2014 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN. .... EN: AVENIDA ..., EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO. - - - - - - - - - EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, SEGUIDO POR BANCO ..., EN CONTRA DE ..., LA C. JUEZ DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: - - - - - (Se transcribieron los acuerdos de veintiuno de agosto de dos mil catorce -auto admisorio- y diez de agosto de dos mil dieciséis). Lo que notifico a Usted por medio del presente instructivo, en virtud de no haber esperado al suscrito instructivo que dejo a ... . Ciudad de México, a 31 de agosto del año 2016 EL SECRETARIO ACTUARIO. (una firma ilegible) (una firma ilegible)" "TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL JUZGADO 68 CIVIL EXPEDIENTE: ... MÉXICO DISTRITO FEDERAL A treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis siendo las quince horas, el LICENCIADO ... SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO 68 CIVIL y NÚMERO DE CREDENCIAL ...EXPEDIDA A MI FAVOR POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA CUAL ME ACREDITA COMO ACTUARIO, se constituyo en ... EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en busca de ... y cerciorado de ser el domicilio correcto de la persona buscada por así indicarlo las placas de localización visibles en la calle y a la propia nomenclatura del inmueble procedí a tocar en el mismo acudiendo a mi llamado una persona del sexo FEMENINO QUIEN INDICA LLAMARSE ... ante quien me identifico con la credencial antes mencionada haciéndole saber el motivo de la presente diligencia y a quien pregunto por la persona buscada, indicándome que AHÍ ES EL DOMICILIO CORRECTO DE LA PERSONA BUSCADA Y QUE ES DONDE LA MISMA VIVE pero que no se encuentra por el momento, por lo que le pregunto la relación que guarda con la misma, manifestando ser HERMANA DE DICHA PERSONA Y VIVIR DE IGUAL MANERA EN EL DOMICILIO EN QUE SE ACTÚA, por lo que le solicito de manera respetuosa se identifique, NO haciéndolo por no creerlo necesario teniendo la misma la siguiente media filiación: SEXO FEMENINO, TEZ MORENA, CABELLO OSCURO Y LACIO OJOS CAFÉS Y DE APROXIMADAMENTE CUARENTA Y CINCO AÑOS DE EDAD Y DE UN METRO CON SESENTA CENTÍMETROS DE ESTATURA, en consecuencia y acto seguido por su conducto el suscrito con la entrega de la presente cédula y copias simples de la demanda debidamente cotejadas y sellados notifico los autos INSERTOS EN LA PRESENTE CÉDULA y emplazo a juicio a la persona buscada a efecto de que dentro del término de quince días conteste la demanda instaurada en su contra u oponga las excepciones correspondientes, con el apercibimiento de ley. Asimismo se le previene para que señale domicilio dentro de esta jurisdicción para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que, para el caso de no hacerlo las subsecuentes le surtirán por boletín judicial. Y en cumplimiento al acuerdo 10 - 03/2012 EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, se hace del conocimiento de las partes que el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL motivado por el interés de que las partes cuenten con otra forma de solución para solucionar controversias ha creado para tal efecto del CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, en donde se les atenderá de manera gratuita. La persona con la que se entiende la presente diligencia SI firma para constancia de recibido. Doy por terminada la presente dando cuenta con el resultado de la misma a su Señoría. Doy Fe. LIC. ... (una firma ilegible)" IV. En nueve de febrero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva donde se declaró procedente la vía y el vencimiento anticipado del juicio, asimismo condenó a la parte demandada al pago de capital exigible y vencido, intereses ordinarios y moratorios, primas de seguros, así como comisiones, V. El diez de mayo de dos mil dieciocho, se declaró procedente la adjudicación directa a favor de la actora. VI. El quince de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo como cesionaria de la parte actora a Decarome, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. El emplazamiento citado y las actuaciones en el proceso de origen constituyen los actos reclamados. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. La parte tercera interesada sostiene que el quejoso sí fue debidamente emplazado al juicio de origen por lo que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, lo cual es infundado. Ello, porque se pretende que se actualice la causal en comento con motivo de la constitucionalidad del emplazamiento reclamado, sin embargo, es un tema de fondo, pues esa es la materia del amparo, por lo que no puede ser el sustento de una causal de improcedencia. Así, las manifestaciones aducidas por la tercero interesada involucran aspectos íntimamente relacionados con el fondo del negocio, lo cual implica el estudio de los conceptos de violación y no propiamente a la improcedencia de la acción constitucional, por lo que como se precisó resulta infundada la causal invocada. Lo anterior tiene apoyo, en la parte conducente, en la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "JUICIO DE AMPARO. DILIGENCIA DE EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO ÉSTA CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. El Código de Comercio establece una serie de formalidades para el desahogo de la diligencia de embargo en un juicio ejecutivo mercantil como son: ésta debe ser conducida por el actuario, en cumplimiento de un auto dictado por el Juez, en el que se mande requerir de pago al deudor, a su representante o a la persona con la que se entienda la diligencia y, en caso de no efectuarlo, se le requiera para que señale bienes suficientes a fin de garantizar las prestaciones reclamadas y se emplace al demandado. La diligencia terminará con la designación por parte del ejecutante del depositario y con el levantamiento del acta respectiva. Por su parte, el artículo 1394 del mismo Código de Comercio establece que el emplazamiento al demandado debe hacerse con las formalidades que ordenan los códigos adjetivos locales. La diligencia de embargo en los juicios ejecutivos mercantiles debe observar las reglas establecidas en el Código de Comercio y en las leyes procesales locales, ya que de no cumplirse con estas formalidades, se deja en estado de indefensión a la parte demandada en esta clase de juicios. Por tales motivos, no puede tenerse como consentido el acto cuando se reclama la diligencia de embargo, ya que éste es precisamente el acto reclamado, pues no se está de acuerdo con la misma y no se puede tener la certeza de que a la persona o personas que se les practicó tuvieron conocimiento en fecha cierta de dicho acto, ya que si los quejosos alegan que la misma fue ilegal, es una cuestión que debe resolverse de fondo y el Juez en la audiencia constitucional debe allegarse de los medios de prueba ofrecidos para tal efecto. Sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción XII, del artículo 73, de la ley de la materia por los motivos expuestos, va en contra de la técnica del juicio de amparo ya que dicha figura procesal impide el estudio del fondo del asunto. Cuando se cuestiona la validez de la diligencia de embargo en el juicio mercantil, esta circunstancia permite analizar el acta respectiva, lo que ya no trae como consecuencia sobreseer en el juicio de amparo, sino en su caso otorgarlo o negarlo, de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la quejosa al no poderse valorar las pruebas que ofreció para desvirtuar la legalidad del acta en el juicio de garantías, lo que resulta contrario a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional." Así al no advertirse diversa causa de improcedencia procede analizar el fondo del asunto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se vulneraron en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, en razón de que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues el emplazamiento en el juicio natural debe practicarse con todos los formalismos legales, no obstante, se omitió realizarlo, ya que no se le llamó en su domicilio donde se había pactado con el acreedor, ni se practicó de forma personal. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Al constituir el emplazamiento a juicio la violación procesal de mayor magnitud, y al ser de un orden público los Jueces Federales están obligados a analizar de oficio si éste se efectuó correctamente o no. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Séptima Época, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, que dice: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." También la jurisprudencia P./J.149/2000, de la Novena Época, del Tribunal Pleno, de registro 190656, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Diciembre de 2000, materia común, Página 22, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." El emplazamiento es un acto procesal que tiene por objeto hacer del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda presentada en su contra, para darle la posibilidad de contestarla y ejercer sus derechos procesales; de tal suerte que esta figura jurídica, ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El artículo transcrito establece que las autoridades judiciales están obligadas a observar los requisitos que señala la norma secundaria aplicable, y así cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de respetar este derecho fundamental. Entre los diversos derechos humanos que integran la genérica de seguridad jurídica, reconocidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para cumplir con una serie de formalidades esenciales, previo a un acto de privación, necesarias para oír en defensa a los afectados, a saber: Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes. Y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior conforme a la jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.) Primera Sala Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 396 Registro digital: 2005716 Décima Época, que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Las formalidades previstas en el artículo 14 (a las que se unen a las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional), se constituyen como elementos fundamentales y útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor trascendencia, pues permite al demandado conocer las reclamaciones que se le hacen y además, estar en condiciones de ejercer la defensa de sus intereses; es decir, de la legalidad del acto depende que las demás etapas de un proceso, se desarrollen con apego al marco constitucional. Los artículos que regulan el emplazamiento en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México derivan las normas para practicarlo, mismas que deben entenderse como enunciativas y no limitativas, pues por la trascendencia del llamamiento al proceso, debe el Actuario proceder a fin de que éste se practique de la forma más cuidadosa y detallada posible, para darle efectividad; en esa medida, los lineamientos mínimos indispensables para la validez de la diligencia de emplazamiento son los siguientes: El notificador se constituirá en el domicilio del buscado, debiendo anotar los medios por los cuales se aseguró de que es el lugar correcto y que corresponde al domicilio del buscado. Posteriormente, se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique. Si se entienden con el interesado, su representante, mandatario, procurador o autorizado en autos, se dejara cédula donde se hará constar la fecha y hora de la entrega, la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar, nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, además de proporcionar copia simple de la demanda y sus anexos, debidamente sellada y cotejada con los originales. Se levantará acta de la diligencia, a la cual se agregará copia de la cédula entregada, procurando recabar la firma de aquél con quien se entiende la actuación, donde además de asentarse los requisitos exigidos en la legislación, se deberá certificar que se entregaron copias de traslado debidamente selladas y cotejadas con sus originales, así como describir cuáles fueron los documentos que se agregaron a la demanda. Notificación que debe constar en un documento público y cumplir con ciertas formalidades porque las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que impone la necesidad de que la diligencia se ajuste a los lineamientos establecidos en la ley, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surtir todos sus efectos. En el caso, de la diligencia de emplazamiento practicada a la parte quejosa en el juicio de origen, se corrobora que el Actuario responsable la realizó con desapego a las normas rectoras de tal acto jurídico, porque al describir cuáles fueron las constancias con las que se le corrió traslado a la accionante de amparo, se limitó a señalar que fueron copias simples de la demanda debidamente selladas y cotejadas. Lo anterior permite concluir que no es posible sostener que la demandada (aquí quejosa) contó con todos los documentos necesarios para ejercer su derecho a la defensa ante la potestad común, y que resulta indispensable para tal efecto, en la medida que con ellos se dan a conocer todos los planteamientos de la parte actora en su demanda y los documentos en los que apoya la acción, pues sólo así se puede dar una contestación eficiente y jurídicamente razonada. Para ello, debe considerarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta (como ocurre en el caso de los juicios ordinarios civiles, conforme al artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México), ello debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Conforme al criterio de jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, en Materia(s): Civil, intitulada: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", donde el criterio sostenido fue el siguiente: "Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado." Y en la especie, al realizar el emplazamiento, se aprecia que, en torno a los documentos entregados, el Actuario asentó: "(.) con la entrega de la presente cédula y copias simples de la demanda debidamente cotejadas y sellados (.).". Con lo anterior impide establecer con toda exactitud que a la parte quejosa le fueron entregados todos los documentos relacionados al inicio de la acción; pues si bien precisó que se le dieron copias de la demanda, lo cierto es que omitió certificar la entrega recepción de los anexos, por ejemplo, del documento base de la acción. Esto cobra relevancia si se toma en cuenta, que en las constancias del juicio de origen se advierte que con la demanda se acompañó: Instrumento notarial 88,547. Contrato de compraventa y de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria que consta en la escritura 17,030. Estado certificado por contador público de uno de agosto de dos mil catorce. Ello, como se desprende de las constancias del juicio de origen que remitió el Juez responsable en justificación del acto reclamado; y que pueden constituir materia de excepción, prueba o contradicción en el litigio; de modo que, si no se tiene plena certeza de la entrega de dichas piezas, entonces el llamamiento se torna irregular dada la incertidumbre en cuanto a lo que fue entregado como traslado. Es así, pues para una adecuada defensa es primordial que se tenga conocimiento de la totalidad de los escritos iniciales (donde se precisa la vía, prestaciones y el motivo del desacuerdo entre las partes), documentos fundatorios de la acción (títulos, facturas o contratos donde consta la obligación de las partes) y, en el supuesto respectivo, del poder con que el actor acredita su personalidad, para que el demandado pueda planear sus excepciones y defensas. De ahí que, lo asentado por el Actuario responsable no permite determinar que se haya corrido traslado con el documento base y anexos, puesto que sólo refirió que entregó copias de la demanda. Así, ante tal irregularidad no es posible concluir que la impetrante estuviera en condiciones de conocer completamente el motivo de que originó la tramitación del procedimiento natural, pues el fedatario fue omiso en hacer constar que entregaron los documentos fundatorios de la acción; lo que impide tener conocimiento directo e indubitable de porqué se entabló el juicio en contra de la impetrante, para que esté en condiciones de señalar lo conducente en la diligencia relativa. Al efecto se invoca la tesis XX.65 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "EMPLAZAMIENTO IRREGULAR. CONSTITUYE UNA DE LAS VIOLACIONES PROCESALES DE MAYOR MAGNITUD Y DE CARÁCTER MAS GRAVE EL. El emplazamiento por su naturaleza y trascendencia, debe ser siempre cuidadosamente hecho, y los vicios del mismo deben ser tomados en cuenta ineludiblemente por la autoridad federal porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, o bien, no lo fue. Por ello la falta de emplazamiento o su realización en forma contraria a las disposiciones legales aplicables constituye una de las violaciones procesales de mayor magnitud y de carácter más grave, que imposibilita al demandado para poder defenderse." La suma de esos razonamientos es suficiente para concluir que el emplazamiento es irregular; y siendo así, se impone conceder la protección constitucional a la parte peticionaria por una violación al debido proceso legal. En congruencia con lo anterior, con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad al emplazamiento reclamado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que el juez responsable: a) Deje insubsistente el emplazamiento que se practicó a la parte quejosa; así como todo lo actuado en el juicio de origen. b) Reponga el procedimiento y ordene el llamamiento de la parte impetrante conforme a la normativa aplicable. El efecto precisado se funda en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2015693, que establece: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." La concesión del amparo se hace extensiva a los actos atribuidos a los jueces y ejecutores foráneos, conforme a la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y cinco, julio de mil novecientos noventa y dos, página cuarenta y uno de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Finalmente, por lo que ve a los alegatos formulados por la tercera interesada, no se contestan, pues no forman parte de la litis constitucional, conforme con el artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo. Visible en la página 27, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión ampara y protege a ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, así como de los Jueces y Ejecutores adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, todos de lo Civil de Primera Instancia y de Extinción de Dominio de Toluca, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

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