Filiberto Álvarez Gómez

Expediente 1605/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1605/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Filiberto Álvarez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI (AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES EL PROVEIDO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES QUE REFIERE LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO. Visto la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por * y *, y su acumulado 1197/2022-IV promovido por la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderada legal Yovana Amparo Ramírez Hernández, contra la resolución incidental de liquidación de veinte de junio de dos mil veintidós, emitida en los autos del juicio * y su acumulado *, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. Ahora, mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Comisión Federal de Electricidad, contra el acto y autoridad señalados en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución, para los efectos señalados en el considerando décimo de esta sentencia. SEGUNDO. Se declara sin materia el juicio de amparo promovido por Carlos Carbajal Villafaña, J. Raúl López Cedeño, Santiago Benítez Rodríguez, Norma Patricia Cruz Bernal por Antonio Cruz Correa, J. Cruz Benítez Rodríguez, Justino Negrón Ruiz, Marcelino Barrueta Rodríguez, José Cardoso Solórzano, Delfino Vilchis Robles y Vicente Álvarez Delgado, contra el acto y autoridad señalados en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución, por los motivos señalados en el último considerando de esta sentencia.". Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la Junta responsable, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente las diligencias de veintiuno y veintidós de mayo de dos mil diecinueve, relativas al desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la Comisión Federal de Electricidad, en los autos del juicio 1003/2000 y su acumulado 24/2021, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. Emitiera un acuerdo en el que ordene el correcto desahogo de la referida probanza, pero purgando los vicios en su ejecución, esto es, que el Fedatario se ubique en las instalaciones de la oferente y, realice la compulsa y confronta de los documentos a inspeccionar contra lo reflejado en el Sistema Integral de Recursos Humanos de manera digital, donde se obtuvieron físicamente los documentos a compulsar y una vez que cuente con el desahogo de la prueba emita la determinación incidental. Por auto de treinta de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento, por lo que la Junta responsable, en acatamiento al fallo protector, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el catorce de abril y veintiséis de mayo, ambos del año en curso, remitió copias certificadas de lo siguiente: Del auto de trece de abril de la presente anualidad, en el expediente 1003/2000 y su acumulado 24/2021 de su índice, en el que dejó insubsistente las diligencias de veintiuno y veintidós de mayo de dos mil diecinueve, así como la resolución incidental de veinte de junio de dos mil veintidós; asimismo, señaló las once horas del cuatro de mayo del año en curso, para que el actuario de su adscripción desahogara la inspección ofrecida por la Comisión Federal de Electricidad, respecto de diversos actores en el sumario de origen, decretando que dicha probanza debería ser desahogada en el domicilio señalado por el oferente. Razón de cuatro de mayo anterior, en la que el actuario de su adscripción hizo constar la imposibilidad para llevar a cabo las diligencias tendientes a desahogar el medio de convicción referido en el párrafo que antecede, por las razones que expuso. Así las cosas en acuerdo de veinte de junio pasado, se tuvo por no cumplida la sentencia y se requirió de nueva cuenta a las responsables el cumplimiento de la misma, siendo que previas gestiones realizadas, mediante oficio recibido en este Juzgado el dieciocho de septiembre pasado, firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, remitió copia certificada de la determinación de trece de septiembre pasado, dictada dentro del expediente 103/2000 y su acumulado 21/2001, de la que se advierte que no obstante haberse ordenado realizar la inspección ofrecida por la Comisión Federal de Electricidad, en las instalaciones de dicha comisión, lo cierto es que dicha probanza no pudo ser desahogada por los motivos expuestos por el actuario adscrito a dicha junta en dicha diligencia. Además que mediante escrito recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de septiembre pasado, firmado por el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, manifestó que la diligencia en comento, debió ser realizada en el domicilio actual y correcto de su representada, es decir, en Calle Ameyal, sin número, Colonia María Ahuacatlán, Valle de Bravo, Estado de México, situación de la cual era sabedora la Junta responsable, sin que lo hubiera tomado en cuenta, pues dicha inspección fue realizada en el antiguo domicilio de la citada parte, es decir en Avenida Benito Juárez, número 529, colonia Centro, Valle de Bravo, Estado de México. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la citada responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que, no se atendió al contenido íntegro de la sentencia, dado que si bien, se ordenó el desahogo de la prueba de inspección -Comisión Federal de Electricidad-; lo cierto es que la misma no se ha podido llevar a cabo, además de que las diligencias en las cuales se ha pretendido desahogar, no fueron realizadas en el domicilio actual y correcto de la aquí tercera interesada. En ese orden de ideas no se tiene por cumplida la sentencia; y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento de esta determinación, de inmediato cumplimiento a la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, la Junta responsable deberá remitir las constancias que así lo acrediten o en su caso, informe la imposibilidad que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución que incluso puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora, respecto al escrito atendido en auto de veintisiete de septiembre pasado, en el que el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, refirió que los efectos del fallo protector no fueron satisfechos por la Junta responsable, con el cumplimiento que ésta pretendió dar; en ese tenor, hágase de conocimiento que se esté a lo acordado en el presente proveído. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la partes quejosa y tercera interesada.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibidos los escritos del que se advierte que interpone demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1605/2023-I. DESECHAMIENTO. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Todo lo actuado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, y como consecuencia la orden de retirar la puerta de acceso al inmueble ubicado en Barrio de San Antonio, carretera Valle de BravoMonumento, sin número, Valle de Bravo, Estado de México, y su ejecución. Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Lo anterior es así, toda vez que como quedó precisado en la certificación de cuenta, en este órgano jurisdiccional se radicó el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por propio derecho, contra el acto que le atribuye al Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México y otra autoridad, por el acto que a continuación se menciona: Todo lo actuado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, y como consecuencia la orden de retirar la puerta de acceso al inmueble ubicado en Barrio de San Antonio, carretera Valle de BravoMonumento, sin número, Valle de Bravo, Estado de México, y su ejecución. Dicho asunto que se admitió a trámite el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, y fue resuelto mediante sentencia de doce de junio del presente año, en la cual se determinó sobreseer el juicio de amparo, la cual confirmo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el amparo en revisión ********************de su índice estadístico. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". En ese sentido, el precepto legal transcrito, a saber, el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, establece la causa de improcedencia del juicio de amparo que se sustenta en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del mismo artículo, parte del supuesto en el que un segundo juicio de amparo se promueve por el mismo quejoso, en contra del mismo acto y autoridades responsables que un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. De ello se deduce, que la disposición legal en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Al respecto, los artículos 354, 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I. Las que no admitan ningún recurso (.).". La interpretación literal de los preceptos transcritos, en cuanto definen la cosa juzgada como 'la verdad legal' y contra la cual 'no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley', evidencia que recogen a la institución de la cosa juzgada al tenor del criterio tradicional en el sentido que constituye un efecto de las sentencias inimpugnables, porque vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme que califican de 'ejecutoria'. Lo trascendente de la regulación establecida en los preceptos en estudio, es que de existir sentencia firme respecto de un punto de litigio, dicho pronunciamiento constituye la verdad legal y, por ende, inmutable, de modo que exista cosa juzgada. Sobre esta base, podría decirse que la cosa juzgada, desde un punto de vista tradicional, sólo tiene efectos en relación con lo que constituye el objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda o el objeto litigioso, por lo cual, en términos generales habrá cosa juzgada cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad; de lo que resulta que la esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo y tradicional, consiste en no permitir que el juzgador, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o disminuir el bien reconocido en el precedente. Los principios destacados implícitamente se reconocen en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues al impedir que prospere un juicio de amparo posterior promovido en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo anterior, esto evidencia que la disposición reglamentaria del juicio de amparo alberga en su esencia a la institución de la cosa juzgada, desde el punto de vista tradicional, cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad. En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos tomados incluso de la fracción III del propio artículo, a saber: La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso; Que sea contra la misma ley o acto reclamado; Por esa razón, que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables y, Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado de Distrito, por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ******************** en esa línea argumentativa es indispensable corroborar que se actualizan los supuestos de cosa juzgada y para tal efecto se condensa lo siguiente: a) Existe otro juicio de amparo promovido por la propia parte quejosa (******************** del índice de este Juzgado Federal). b) Contra la misma ley o acto reclamado (Todo lo actuado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, y como consecuencia la orden de retirar la puerta de acceso al inmueble ubicado en Barrio de San Antonio, carretera Valle de BravoMonumento, sin número, Valle de Bravo, Estado de México, y su ejecución). c) Que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables (en ambos juicios se señaló como autoridad responsable al Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México y otra autoridad. d) Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva (sentencia de doce de junio del presente año, en la cual se determinó sobreseer el juicio de amparo, la cual confirmó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el amparo en revisión ********************de su índice estadístico). En ese tenor, si en este juicio de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el mismo que reclamó en el diverso juicio ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, pues al reclamar todo lo actuado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, y como consecuencia la orden de retirar la puerta de acceso al inmueble ubicado en Barrio de San Antonio, carretera Valle de BravoMonumento, sin número, Valle de Bravo, Estado de México, y su ejecución. Bajo esa óptica, resulta palmario que si el acto que se reclama por esta vía ya fue materia de estudio en diverso juicio, no puede esgrimirse en un nuevo juicio constitucional, pues como se observa, en el caso prevalece el principio de cosa juzgada. De ahí que ante la existencia de una resolución firme en el juicio de garantías ********************, en el que se resolvió sobre el acto reclamado en este juicio de amparo, es una decisión firme y es cosa juzgada; por ende, resulta insuperable su eficacia en el tiempo. Resulta aplicable por las razones que la contienen la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 91, tomo 181-186 Tercera Parte, séptima época, con número de registro 237445, que se cita enseguida: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías.". Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada I.7o.A.132 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2717, con número de registro 164818, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados.". Sustenta lo expuesto la tesis aislada XIX.2o.P.T.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2734, con número de registro 167743, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada.". Sobre todo se considera que del análisis realizado al multicitado juicio de amparo indirecto ********************, propiamente de las constancias que a él se allegaron, el contrato de arrendamiento exhibido como prueba en ese expediente, es el mismo que adjunta a la demanda de amparo que ahora se analiza; y, como se dijo en la sentencia que resolvió el primero de los asuntos, esa prueba no es suficiente ni idónea para acreditar el titulo generador de la posesión que aduce tener, haya sido previamente al inicio del juicio de origen ********************. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra el acto que le atribuye al Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México y otra autoridad. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.

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