Filiberta María Jiménez Aparicio
Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Filiberta María Jiménez Aparicio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el oficio 2025/2019 firmado por el Juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho número 328/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se encomendó notificar el auto de treinta y uno de mayo del presente año (fojas 45-49) a la quejosa FILIBERTA MARÍA JIMÉNEZ APARICIO; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en el libro respectivo. Ahora bien, de la razón asentada por el ejecutor del Juzgado Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, se advierte, no fue posible localizar a la quejosa, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de amparo, se ordena notificarle por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, dicha determinación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto se subsane tal omisión. Finalmente, y toda vez que en proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve (foja 66) se reservó proveer respecto de la razón actuarial asentada el dos de agosto de la presente anualidad (foja 65) por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, hasta en tanto obrará en autos el despacho número 328/2019, lo cual ya aconteció, en consecuencia se ordena notificar a la quejosa FILIBERTA MARÍA JIMÉNEZ APARICIO el auto de treinta y uno de julio de la presente anualidad (foja 63), en los términos ordenados en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE. INSERCIÓN DE AUTO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE...Número de expediente: 498/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el once de julio de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, anexó a su demanda de amparo el escrito con sello de recepción de once de enero de dos mil diecinueve (fojas 29 a 34), con apoyo en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que a tal documento le reviste el carácter de original, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente debidamente identificada, en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruido junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los y advirtiéndose de los mismos que el Juez Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, no ha devuelto el despacho 328/2019; por lo tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le requiere para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación devuelva la mencionada comunicación oficial, apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta (Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis) de la Ley de Amparo), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y 259, fracción I, de la Ley de Amparo. Una vez que obre en autos el aludido despacho provéase respecto a la razón levantada por el Actuario judicial adscrito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el once de julio de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, anexó a su demanda de amparo el escrito con sello de recepción de once de enero de dos mil diecinueve (fojas 29 a 34), con apoyo en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que a tal documento le reviste el carácter de original, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente debidamente identificada, en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruido junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 498/2019; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. FILIBERTA MARÍA JIMÉNEZ APARICIO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Delegado en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la negativa ficta configurada al consumarse tres meses sin respuesta por parte de la responsable a su escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, que estima violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 123 apartado B fracción XI, inciso a), y 107 fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. El Delegado en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante quedar legalmente notificado de su petición (foja 51), por tanto, con fundamento en el artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. TERCERO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;. Ello es así, pues en el caso la parte quejosa reclama del Delegado en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la negativa ficta configurada al consumarse los tres meses con los cuales contaba para dar respuesta a su escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó se le reintegraran las deducciones efectuadas por el concepto 48 de compatibilidad de pensión y 54 de cobro indebido de pensión, desde el treinta y uno de enero de dos mil diez (fojas 29 a 34). Ahora, contra dicha determinación procede el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 3 fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 2, 3, 14 fracción II y 15 fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que disponen: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; [.] ARTÍCULO 2.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. ARTÍCULO 3. Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El demandante. II. Los demandados. Tendrán ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. ARTÍCULO 14. La demanda deberá indicar: [.] II. La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de su publicación.[.] ARTÍCULO 15. El demandante deberá adjuntar a su demanda: [.] IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad. [.] De los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como que una de las partes en ese juicio es la autoridad administrativa que dictó el acto o resolución impugnada, y que en la demanda relativa deberá indicarse, entre otras cosas, precisamente, la resolución que se impugna, la cual además deberá adjuntarse a la propia demanda, y que en el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañarse una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad. Asimismo, se advierte que dicho Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como las relativas a las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese orden, si el acto reclamado lo constituye la negativa ficta respecto al pago de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, luego, es evidente que previo a la promoción de la presente instancia constitucional, la quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, tuvo que impugnar la misma a través del medio ordinario de defensa invocado. Apoya lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 624, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTES DE IMPUGNARLA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO O EL JUICIO DE NULIDAD RESPECTIVO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en el juicio de amparo biinstancial se señala como acto reclamado la resolución negativa ficta de la autoridad administrativa, prevista en el artículo 89 aludido, debe observarse el principio de definitividad y, agotarse el medio de impugnación ordinario o el juicio de nulidad respectivo, puesto que el silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales, cuyo propósito es superar las consecuencias de la inactividad de la administración, abriendo la vía del juicio contencioso administrativo en exclusivo beneficio de los administrados. De lo contrario, se llegaría al extremo de considerar que dicha ficción legal sustituye la voluntad de la autoridad administrativa sin fundamento ni motivo; cuando en realidad simplemente resulta ser un remedio procedimental por la inactividad formal de la administración pública y no propiamente una interpretación de la voluntad de la administración cuando, precisamente, lo que falta es esa voluntad administrativa; en consecuencia, no puede alegarse que la negativa ficta es un acto carente de fundamentación y motivación para efectos de la procedencia del juicio de amparo." De igual forma, la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal del país, consultable a página 1101, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado. Máxime si se tiene en cuenta que para la suspensión del acto reclamado, no se exigen mayores requisitos que los solicitados en la Ley de Amparo, esto, acorde a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente tenor: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." En ese sentido, la quejosa se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que al no haberlo hecho así, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y por ende, se sobresee en el juicio, en término del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 498/2019, promovido por FILIBERTA MARÍA JIMÉNEZ APARICIO. NOTIFÍQUESE.
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