Filiberta López Haro
Expediente 2124/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2124/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/03/2018
Partes del expediente
- FILIBERTA LÓPEZ HARO y Otros.
- Filiberta López Haro
- Director General del Fondo de Pensiones Para los Trabajadores Al Servicio del Estado de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que se encuentra pendiente de resolver en cuanto al cumplimiento al fallo protector realizado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el cual en proveído de veintitrés del mes anterior (foja 107), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; sin que se hubiese realizado manifestación alguna en el plazo concedido dentro de los presentes autos, como se advierte de la certificación de cuenta; por lo que, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el sumario en que se actúa, el fallo en mención se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante ejecutoria dictada dentro de los presentes autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que las responsables respecto del ámbito de sus atribuciones, emitieran una respuesta congruente con la petición que le fue formulada por la parte quejosa el cuatro de abril del año anterior, respecto de su solicitud de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, asimismo, una vez que se iniciara el procedimiento a su solicitud de ser procedente, se le concediera o negara la pensión solicitada. En ese tenor, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, acompañó copia simple con acuse en original de la notificación practicada a la quejosa respecto de la respuesta recaída a su solicitud (fojas 105 y 106); de la que se aprecia que se le hizo saber que era improcedente su solicitud de pensión por edad y tiempo de servicio, toda vez que no cuenta con la edad necesaria para su otorgamiento, esto es, con cuarenta y ocho años, aunado a que la propia promovente lo hizo del conocimiento de la autoridad al momento de elevar su petición, pues estableció que contaba con cuarenta y siete años, de ahí que no le podía ser concedida de conformidad con el numeral 19 de la Ley General de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Por lo tanto, la reparación constitucional a que se refiere el ordinal 77 de Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya la materia que dio sustento a los actos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Lo anterior resulta así, dado que la respuesta a la petición de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, fue declarada improcedente por las razones anotadas con anterioridad, además, uno de los puntos torales de la concesión del amparo, fue para que se concediera o negara la pensión en comento, lo que en el caso no aconteció dado que no se calificó dicha circunstancia, no obstante se destacó un impedimento al efecto consistente en que no reunía hasta esa fecha el requisito de la edad, de ahí que si bien no se determinó lo conducente al otorgamiento de la pensión, si se declaró improcedente la petición por no reunir un requisito necesario para ello. Por otro lado, sin que obste a lo anterior, que la notificación en comento haya sido recibida por una persona de nombre Maribel Mesa, de la cual se desconoce si es representante legal o apoderada de la parte quejosa; sin embargo, el oficio notificado fue dirigido a la dirección proporcionada como domicilio procesal de la gestionaste del amparo. Por lo tanto, al advertirse dicha particularidad y atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una determinación y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada y tercero interesado, según sea el caso, en la especie al haberse notificado de manera personal el cumplimiento, se ve suplida alguna deficiencia en la notificación de la misma; pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia. Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, dado que no se solicitó la apertura del mismo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por la quejosa*****a través del cual se desiste de la acción de amparo que dio origen a este juicio, mismo que promovió contra actos de Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.... Por tanto, al haberse manifestado el desistimiento ante la presencia del ****, que acompaña en copia certificada, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia se decreta el sobreseimiento en el juicio 267/2011, únicamente respecto de Ana Cecilia Ibarra Rico. Sirve de apoyo a la anterior conclusión por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos cuarenta, que dice: ... En la inteligencia, que se continuará con la secuela procesal relativa al juicio de amparo indirecto 267/2011, únicamente respecto del quejoso Sergio Agustín Martínez Moreno; de ahí, que continúe subsistente la fecha para audiencia constitucional, señalada para las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta presentado por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por conducto del Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal de aquél, mediante el cual informa que requirió a las autoridades responsables Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, así como, Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad, a efecto de que se realicen las gestiones necesarias a efecto de dar cumplimiento con el fallo protector, para lo cual acompaña los acuses de recibo en original; en consecuencia, agréguense a sus autos para que obren como corresponda, en la inteligencia que se estará en espera del acatamiento total de la sentencia concesoria del amparo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual transcribe el acuerdo de trece del mes actual, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de referencia, ante su Secretario, mediante el cual comunica que declaró firme la determinación de auto de treinta y uno del mes inmediato pasado, que desechó el recurso de revisión por extemporáneo, promovido por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones de Pensiones del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; asimismo, remitió los autos originales del juicio de amparo 2124/2017; consecuentemente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes. Como se solicitó, acúsese el recibo de estilo al Tribunal Colegiado oficiante. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables denominadas Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Directora de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el precepto referido anteriormente, en su párrafo tercero de la citada Ley, así como con el diverso 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a las autoridades de mérito, a dar cumplimiento con la ejecutoria de mérito. Apercibidas dichas autoridades que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en el arábigo 258 de la ley de la materia, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se les hace del conocimiento a las aludidas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; con el conocimiento, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada.
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