Filemón Teomitzi Cuecuecha

Expediente 520/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
520/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Filemón Teomitzi Cuecuecha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 94 a 99), en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado Hágase la anotación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurrido el plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Fenece plazo de ampliación. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos se advierte que la parte quejosa Filemón Teomitzi Cuecuecha, Manuel Quechol Sastré, José Bruno Sastré Zamora y Miriam Cuahutle Pluma, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de dos de julio del año en curso (fojas 76 a 79), en el sentido de que manifestara si convenía o no a sus intereses ampliar su demanda de amparo atento al contenido de los informes justificados y de las contestaciones contenidas en los oficios DESP/PRES/323/2018, 084/2018, SHA/349/2018, REG02/025/2018, 1AR./010/2018, REG02/025/2018, 4ta.REG/023/2018, DMOR5/036/2018 y 21/2018 a su escrito presentado ante esas autoridades el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, así como con relación a su notificación. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional procederá a analizar el acto reclamado a la luz de su escrito inicial de demanda. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, y en atención a lo establecido por el artículo 64 de la Ley de Amparo, que autoriza a las partes que cuando se tenga conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, se deberá comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional, y de ser posible, se acompañarán las constancias que lo acrediten, situación que se actualiza en la especie, lo anterior en virtud de que por acuerdo de dos de julio actual se tuvieron por ofrecidas por parte de las autoridades responsables, las documentales consistentes en copias certificadas de los oficios DESP/PRES/323/2018, 084/2018, SHA/349/2018, REG02/025/2018, 1AR./010/2018, REG02/025/2018, 4ta.REG/023/2018, DMOR5/036/2018 y 21/2018, mediante los cuales dieron contestación a las peticiones de la parte quejosa presentadas el veintiuno de mayo del año actual. En ese contexto, y en atención a lo establecido por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Así las cosas, si el objetivo del juicio de amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de verificarse el acto violatorio, si éste es de carácter positivo o si el acto es de carácter negativo, forzar a la autoridad a realizar la conducta que indebidamente omitió, por ello, si desaparecen los efectos del acto reclamado, éste se torna improcedente. Asimismo, las causales de improcedencia pueden surgir con antelación al juicio de amparo, o bien, durante el trámite del mismo, y siendo su análisis en forma oficiosa, tal y como se desprende en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, a cargo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 386, Registro: 184572, que textualmente establece: Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al contestar la petición solicitada por la parte quejosa en oficios antes mencionados, cesaron los efectos del acto reclamado; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, y que no haya razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito de fecha veintiuno de mayo actual; lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 8, párrafo segundo, constitucional, que prevé: Artículo 8. (.) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se dé respuesta en breve termino a sus peticiones. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por lo tanto, a nada práctico llevaría agotar el término referido, máxime que la parte quejosa no amplió su demanda contra la contestación y su notificación, por lo que en nada cambiaría el sentido del fallo en el presente juicio de amparo, y sólo se retrasaría el dictado de la correspondiente sentencia, en perjuicio de la pronta impartición de justicia que establece el artículo 17, de la Constitución Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de dos de julio de dos mil dieciocho, para ampliar su demanda de amparo, lo anterior, en virtud de que fue notificada del proveído antes citado el tres de julio de dos mil dieciocho (foja 80). En atención a lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto al contenido del proveído de mérito, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los escritos signados por Filemón Teomitzi Cuecuecha, Manuel Quechol Sastré, José Bruno Sastré Zamora y Miriam Cuahutle Pluma, por los que desahogan la prevención que le fue formulada en auto de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 5 a 8), atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminado. Admisión de demanda de amparo. Ahora, toda vez que la demanda de amparo y escritos aclaratorios, satisfacen los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 107, 112, 115 y 116 de la ley de la materia, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por la parte quejosa Filemón Teomitzi Cuecuecha, Manuel Quechol Sastré, José Bruno Sastré Zamora y Miriam Cuahutle Pluma, por propio derecho, actos del Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala y otras autoridades. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte como acto: La omisión de dar respuesta al escrito de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual remítase copia de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, en el entendido de que las autoridades responsables deberán acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a las autoridades responsables que si al rendir su informe justificado expresan un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revocan o dejan sin efecto el acto que se les reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262, de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia constitucional.

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