Filemón Palacios Bello
Expediente 1318/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/08/2023
Partes del expediente
- Filemón Palacios Bello
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Perito rinde dictamen. Diferimiento de audiencia constitucional. Téngase al ingeniero Willebaldo Morán Huerta, perito oficial designado en autos, rindiendo su dictamen correspondiente a la prueba pericial ofrecida en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el dictamen pericial de mérito para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sin que sea el caso requerir su ratificación, pues ni la Ley de Amparo, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria al primer ordenamiento mencionado-, prevén que para la validez de la prueba pericial sea necesaria la ratificación del dictamen, sino que basta la aceptación del perito de su cargo y que se rinda el dictamen correspondiente. Por las razones jurídicas expuestas, resulta ilustrativa al caso la jurisprudencia 70/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA AGRARIA. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE QUE EL PERITO RATIFIQUE SU DICTAMEN. De la Ley Agraria y el Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria al primer ordenamiento mencionado-, no se advierte que para la validez de la prueba pericial sea necesaria la ratificación del dictamen elaborado por el perito, sino que basta que la persona designada con ese carácter manifieste la aceptación de su cargo y rinda el dictamen correspondiente, lo cual puede llevarse a cabo al celebrarse la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, pues es en este momento procesal en el que las partes del juicio agrario, así como los peritos y testigos, deben concurrir. Por tanto, la falta de ratificación del dictamen pericial no es motivo para restar valor probatorio a la prueba pericial respectiva, por no ser un requisito legal de su desahogo." En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien e cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 27 DE JULIO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda y atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y en Sistema de Seguimiento de Expedientes SISE con el número de expediente 1318/2023-II; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. *** Tercero interesado. *** Autoridad responsable. Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Acto reclamado La resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio sucesorio testamentario ***a través de la cual quedó firme el auto de fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por el que no se reconoció la personería de quien el hoy quejoso, designó como apoderado legal, en relación a su cargo de albacea provisional. Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Incluso, en relación con la improcedencia del juicio de amparo contra actos intraprocesales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que puede desecharse una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ... Acto que no es de imposible reparación. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación dentro del juicio sucesorio testamentario *****del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se confirmó el acuerdo de fecha diecisiete de abril dos mil veintitrés por el cual, no se reconoció la personería de *** como apoderado legal del albacea provisional, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicados en sentido contrario, los que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, se estipuló que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de actos de imposible reparación contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. ... Sentado lo anterior, cabe precisar que la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación dentro del juicio sucesorio testamentario ***del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la que se confirmó el acuerdo de fecha diecisiete de abril dos mil veintitrés por el cual, no se reconoció la personería de *** como apoderado de ***; el cual, constituye un acto dictado dentro del juicio sucesorio testamentario que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, porque se trata de un acto dentro de juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, lo que provoca que el amparo indirecto sea improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el Tribunal Pleno ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado del fallo. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Con base en lo anterior, se hace patente que la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación dentro del juicio sucesorio testamentario ***del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se confirmó el acuerdo de fecha diecisiete de abril dos mil veintitrés por el cual, no se reconoció la personería de quien el hoy quejoso, designó como apoderado legal, en relación a su cargo de albacea provisional, no puede reclamarse en amparo indirecto por no ser de ejecución irreparable, puesto que no incide en un presupuesto procesal que afecte la integración de la litis. Es aplicable por identidad de razones jurídicas, el criterio siguiente: ... En ese sentido, debe ponerse de relieve que, aun cuando no se reconoció la personería de quien el hoy quejoso, designó como apoderado legal, en relación a su cargo de albacea provisional en el juicio sucesorio testamentario ***se puede continuar con la tramitación del juicio origen, lo que se destaca porque no debe perderse de vista que la ejecución irreparable para efectos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe presentarse en forma tal, que la violación no pueda ser remediada aun con el dictado de una resolución favorable, como ya antes se precisó, y en la especie esto no acontece, pues sus efectos son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia VII.2o.T. J/52 10a. que informa: ... De igual manera, al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación: ... Asimismo, resulta aplicable a las consideraciones vertidas, el criterio siguiente: ... En esas condiciones, es claro que la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación dentro del juicio sucesorio testamentario *** del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se confirmó el acuerdo de fecha diecisiete de abril dos mil veintitrés por el cual, no se reconoció la personería de ***** como apoderado de ***, no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues como ha quedado precisado, sus efectos no vulneran de modo directo e inmediato derechos sustantivos de los quejosos previstos en la Constitución Federal, ni afecta el procedimiento jurisdiccional de origen. No sobra decir que las jurisprudencias invocadas en la presente resolución se emitieron a la luz de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en los que se contemplaba la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que afectan directa y materialmente derechos sustantivos, así como aquéllos que los afecten en grado predominante o superior, siendo que este último concepto desapareció en la ley de la materia vigente; sin embargo, resultan ilustrativas para resolver el presente juicio en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, si se pondera que parten de la premisa de que el juicio de amparo será procedente cuando se reclamen actos de imposible reparación, entendidos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que tal requisito no se contrapone con los criterios invocados. En virtud de lo anterior, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicados en sentido contrario; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****** quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado resolución interlocutoria. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, por el que se determinó declarar fundado el incidente de daños y perjuicio promovido por la parte tercera interesada, se declara que dicha resolución ha quedado firme. En consecuencia, se deja a disposición el billete de depósito N ***, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de $*** (*** pesos 00/100 moneda nacional), por lo que se ordena endosar a favor del tercero interesado ***, para lo que deberá constar, en su oportunidad, razón de entrega en autos. Se apercibe a la parte tercera interesada que deberá recoger el referido billete de depósito, dentro de los dos años siguientes a la notificación del presente proveído conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, con fundamento en el artículo citado. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.
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