Filemon Hernandez Torres
Expediente 600/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla
- Filemon Hernandez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
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San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvanse a la parte quejosa los documentos que acompañó a su escrito de demanda, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles.
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CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE TRECE DE JUNIO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvanse a la parte quejosa los documentos que acompañó a su escrito de demanda, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Filemón Hernández Torres, mediante el cual, desahoga la prevención formulada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, pues refiere, bajo protesta de decir verdad, que la causa penal 94/2014 del índice del Juzgado Municipal de San Pedro Cholula, Puebla de la que emana el auto de once de mayo de dos mil diecisiete, que ordena la restitución del inmueble denominado "EL ZAUCO" para el día veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se encuentra en etapa de instrucción. En tales condiciones, debe decirse que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Bajo esa óptica y de la interpretación sistemática de la citada fracción (interpretación que radica en considerar al derecho como un sistema, dentro del cual cada norma tiene una función) se advierte que establece el principio de definitividad, el cual rige en el juicio de amparo que, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas o modificadas; de modo que, aquellas resoluciones que pueden ser revocadas o modificadas a través de tales medios de defensa ordinarios no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías (como ocurre en el presente asunto), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si en su caso fuere procedente. La actualización del supuesto de improcedencia en comento obedece a que dicho acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en relación con los diversos 271 y 273 del mismo ordenamiento, que disponen lo siguiente: "Artículo 267. El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación". En tanto los numerales 271 y 273 del ordenamiento en consulta estatuyen: "Artículo 271.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Segunda Instancia confirme, revoque o modifique la resolución apelada. Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; (REFORMADA, P.O. 1 DE JULIO DE 1994) VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; (REFORMADA, P.O. 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998) VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y (ADICIONADA, P.O. 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998) IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." De los preceptos transcritos resulta que el recurso de revocación previsto en el código adjetivo penal local procede cuando ese ordenamiento no otorgue como medio de impugnación la apelación; y que la apelación procede contra las sentencias de primer instancia; los autos de falta de elementos para procesar; los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; los autos que resuelvan algún incidente no especificado; el auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención, conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y las demás resoluciones que señale la Ley. Como se observa, entre las determinaciones respecto de las que procede el recurso de apelación conforme a la codificación adjetiva penal local, no se encuentran el proveído en que el juez del proceso ordene la restitución provisional de un inmueble a la parte agraviada del delito, en el periodo de instrucción. Luego, al no resultar apelable la decisión del juez natural responsable que constituye el acto reclamado, en su contra es oponible el recurso de revocación, precisamente porque dicho medio defensivo procede cuando, como en el particular ocurre, el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social no concede el de apelación. Orienta el criterio que aquí se sostiene la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Consecuentemente, a pesar de que el acuerdo que ordena la restitución provisional de un inmueble con motivo de la comisión de un delito, es un acto de ejecución irreparable, no representa alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, y el quejoso omitió interponer el recurso de revocación -que constituye el recurso ordinario previsto por la ley que rige el acto reclamado- contra el auto de once de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Municipal de San Pedro Cholula, Puebla en el proceso 94/2014, a través del que podría modificarse, revocarse o nulificarse tal determinación, entonces, es inconcuso que no observó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, lo que torna improcedente su reclamo. Sobre todo que el numeral 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla señala que el recurso de revocación procede contra aquello que no resulte apelable y rige el procedimiento penal, el cual abarca el periodo de instrucción -dentro del cual, se encuentra la causa penal originaria-. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo; lo procedente es desechar la demanda de amparo, según lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la misma normativa.
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