Filemón Escoto García

Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
484/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Filemón Escoto García

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa y su defensor público no dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho auto, por lo que con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.

  2. Principal

    Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensor. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta enviado vía correo electrónico por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado por este órgano de control constitucional en proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés y, para tal efecto, designa al licenciado ********************, como defensor público del aquí quejoso ********************, para los efectos legales a que haya lugar. II. Defensor Público acepta cargo. Asimismo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por ******************** y, en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo de defensor público del aquí quejoso privado de la libertad ********************. Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario ******************** se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Asimismo, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario. III. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público y/o asesor jurídico. Hágase del conocimiento del quejoso ******************** que le fue asignado como defensor público y/o asesor jurídico para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo el Defensor Público Federal ********************, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Realización de notificaciones en el presente asunto. Hágasele del conocimiento al quejoso ******************** y a su defensor público federal ********************, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al aludido impetrante o a su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." V. Prevención a la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que se le ha designado un defensor al directo quejoso y ése ha aceptado y protestado el cargo, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente respecto a la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y sin presentar ni formular nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: Precise cuál es el acto que le reclama al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución de Penas, con sede en Guanajuato, capital. Toda vez que de la documental que anexa a su demanda de amparo, se advierte que se le concedió un plazo de diez días para promover la controversia judicial, indique si la promovió y en qué estado procesal se encuentra. O si la controversia ******************** relativa a la petición administrativa de atención odontológica que presentó ya se archivó como asunto concluido, y de ser el caso, si es su deseo, señalarlo como acto reclamado destacado. Se apercibe al promovente que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace saber a la parte quejosa y a su defensor que deberá desahogar el requerimiento de que se trata de manera coordinada, a fin de evitar posibles contradicciones que perjudiquen la tramitación del presente contradictorio constitucional.

  3. Principal

    Se requiere designación de defensor previo a formular prevención. Del análisis del escrito de demanda, se advierte la necesidad de realizar una prevención al quejoso en torno a la precisión de los actos reclamados que les atribuye a las autoridades que señala como responsables y antecedentes de los mismos; ello en términos de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. Asimismo, enfatizó que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; la cual, no es posible garantizar a plenitud con la suplencia de la queja, puesto que dicha figura es ineficaz para solventar aspectos relacionados con la procedencia del juicio, el señalamiento de autoridades y actos reclamados, prevenciones, entre otros, que constituyen cuestiones complejas que requieren necesariamente de la asistencia de un abogado. No obsta que la Ley de Amparo no contemple expresamente la obligación de nombrar un abogado al quejoso privado de la libertad que promueve amparo indirecto por derecho propio y sin asistencia letrada; ésta no debe interpretarse de manera aislada, sino conforme con las exigencias constitucionales y de manera sistemática con otros ordenamientos relevantes para el juicio constitucional, con las leyes que regulan las defensorías, federales y locales. Lo anterior, en virtud de que las personas privadas de la libertad provisional o definitiva, con motivo de un proceso penal, se encuentran en una situación de especial sujeción frente al Estado, que implica una total vulnerabilidad respecto de su seguridad, alimentación, salud, integridad y vida; a la vez que, por lo general enfrentan carencias culturales, educativas y económicas que les impiden representarse a sí mismos eficazmente en un juicio de amparo indirecto; de ahí que, resulte un deber extraordinariamente fuerte del Estado frente a éstos para garantizar sus derechos fundamentales. Así, señaló la citada sala, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente. En caso de que el peticionario no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá designarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente para que proporcione de inmediato el servicio y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme con la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y en las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puedan tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional se considerará como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto o la suplencia de la queja. Consideraciones que dieron origen a la siguiente jurisprudencia: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. De ahí que, previo a realizar la prevención al quejoso y tomar en consideración las manifestaciones que en todo caso vierta, se estima necesario nombrarle un abogado que lo represente. Por tanto, con copia del escrito de demanda, requiérase a la Delegación de la Defensoría Pública Federal, para que en el plazo de tres días, designe abogado adscrito a esta ciudad al quejoso a fin de que, previa aceptación del cargo (lo que podrá hacer mediante escrito en el que imprima su firma electrónica) y notificación de la prevención que para tal efecto se formule, se entreviste con el peticionario, a fin de que, de forma conjunta, cumplan con la prevención que en su caso se formule. Apercíbase tanto a la autoridad administrativa como al defensor que sea designado, que de no cumplir con lo requerido, con fundamento en los artículos 237 y 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá una corrección disciplinaria consistente en una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo. V. No ha lugar a conceder suspensión de plano. No pasa inadvertido que en su escrito el quejoso solicita la suspensión de plano; sin embargo, al no tener certeza del acto que reclama en el presente juicio constitucional, por el momento, no es factible decretarla, aunado a que de las documentales que anexó como prueba, se advierte la existencia de una controversia judicial relativa a cuestiones de falta de atención médica que expone en su demanda, misma que al parecer, se encuentra en trámite. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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