Filadelfo Reyes Martínez
Expediente 660/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Filadelfo Reyes Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
INC 660/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 1. Eficacia de la suspensión definitiva. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en esta data se declaró firme la determinación que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión; por ello, dejó de surtir efectos la suspensión definitiva que se concedió a la parte quejosa en la resolución interlocutoria de siete de julio de dos mil veintiuno. 2. Archivo. Por eso, como en este incidente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Destino (original depurable). Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa, el expediente original de este incidente será DEPURABLE, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Duplicado. Con la precisión que, por lo que hace al duplicado de este incidente, se proveyó lo relativo a su destrucción en la resolución interlocutoria dictada en el incidente. 3. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de original de este incidente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 5. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente original de este incidente conste la leyenda referida que en el mismo es depurable; en tanto que en el duplicado que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 660/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 1. Estados de autos. Vistos los autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Se declara consentido el cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; previa digitalización. Terminado el proceso de depuración, este juzgado solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Devolución de documentos. Con apoyo en el artículo 18 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a disposición de la parte quejosa las documentales que adjuntó a la demanda de amparo, consistentes en dos acuses de recibo de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, previa copias certificadas que se agreguen para constancia, por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para lo cual, deberá acudir a este órgano jurisdiccional (en horas hábiles) a recoger dichas documentales, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos; apercibida que de no solicitarla dentro de ese plazo, sin ulterior acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es depurable. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL 660/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 1. Estados de autos. Vistos los autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Se declara consentido el cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; previa digitalización. Terminado el proceso de depuración, este juzgado solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Devolución de documentos. Con apoyo en el artículo 18 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a disposición de la parte quejosa las documentales que adjuntó a la demanda de amparo, consistentes en dos acuses de recibo de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, previa copias certificadas que se agreguen para constancia, por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para lo cual, deberá acudir a este órgano jurisdiccional (en horas hábiles) a recoger dichas documentales, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos; apercibida que de no solicitarla dentro de ese plazo, sin ulterior acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es depurable. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 660/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Como el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, transcurrió; por ello, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para establecer el cumplimiento del fallo protector. II. Antecedentes. A) El treinta de septiembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Filadelfo Reyes Martínez, para los efectos siguientes: ". Efectos de la concesión. . para el efecto de que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/23/2021, de su índice, a través del cual se confirmó el auto de formal prisión emitido por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, contra el quejoso, por el delito de violencia familiar, en la causa penal 935/2020; y su ejecución. Ordene al juez de control responsable que, sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emitido en la citada causa penal, realice la versión escrita correspondiente, la que no podrá exceder los alcances de la emitida oralmente; y, Una vez que el juez de control remita la versión escrita del auto de vinculación a proceso, la Sala responsable deberá emitir otra resolución en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en el recurso de apelación interpuesto por Filadelfo Reyes Martínez, en el citado toca penal; hecho lo cual, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Respecto a este último inciso, la autoridad responsable, conforme a lo indicado en la sentencia, debía realizar el estudio de todos los agravios en su escrito de apelación. B) Contra dicho fallo el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, el que mediante ejecutoria de doce de abril de dos mil veintidós confirmó la sentencia recurrida en el toca 303/2021 de su índice. C) En consecuencia, mediante auto de dieciséis de mayo de este año se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. D) Mediante oficio 387, de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la referida Sala Penal responsable remitió copia certificada del auto de esa misma fecha, dictada en el toca penal JOTP/23/2021; por tanto, se le tuvo en vías de cumplimiento. E) Mediante oficio 468, de veintiuno de junio de dos mil veintidós, la citada responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca penal JOTP/23/2021, por la que resolvió el recurso de apelación; con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, sin que hubiera hecho manifestaciones al respecto. III. Requiere cumplimiento. Ahora, con las constancias que remitió la autoridad responsable, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a analizar si se dio cumplimiento, o no a la sentencia de amparo. En cuanto al inciso a) se advierte que se dio cumplimiento, ya que mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós dejó insubsistente la resolución de veinte de mayo de dos mil veintiuno; asimismo, ordenó al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 935/2020, y realizara la versión escrita correspondiente. Por lo anterior, también se cumplió con el inciso b) de los efectos del fallo protector, pues mediante oficio 468, la responsable remitió copia de la versión escrita del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 935/2020, del índice del citado Juzgado de Control. Respecto al inciso c), se precisa que se encuentra cumplido, pues la Sala responsable emitió una nueva resolución, de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la que realizó el análisis de los agravios expuestos por la parte quejosa en el recurso de apelación, de la manera siguiente: Agravios expresados en el escrito de apelación Agravios sintetizados por la Sala Estudio de los agravios por la Sala Primer agravio: I. Se le reprocha a la juez la omisión a la manifestación de su defensa al señalar que el Ministerio Público faltó al principio de oralidad y lealtad, porque durante el transcurso de la audiencia dio lectura integra a los datos de prueba contenidos en la respectiva carpeta de investigación, violentando el artículo 20 constitucional. II. Asimismo, el Ministerio Publico al comunicar imputación trajo a la audiencia documentos de los cuales no corrió traslado a la defensa, como son el oficio número 104/2020 de 13 de noviembre de 2020, suscrito por Pedro Guadalupe Sibaja Agente Estatal de Investigaciones, oficio recordatorio del ministerio Público, acta de entrevista y fotografías; lo cual la defensa lo hizo notar en la audiencia, por lo que no debió darle ningún valor a tales documentales, porque al violentarse el artículo 16 y 20 constitucional trae como consecuencia que se reponga el procedimientos y al violentar el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, trae como consecuencia que no se tomen en cuenta los datos de prueba, contrario a ello, la juez le dio valor para vincular al quejoso. "En el punto número 1, del capítulo de REPROCHES, el recurrente se duele de que el Ministerio Público faltó al principio de oralidad y al de lealtad." "La Sala estima que no le asiste la razón al recurrente; en efecto, en primer lugar debe decirse que la oralidad no es un principio, aunque en algunas tesis así se le estime, es un medio, un instrumento, una herramienta que se utiliza en el Sistema Acusatorio con el objeto de actualizar o hacer valer los principios de Inmediación, Contradicción, Concentración, Publicidad y Continuidad, pues de no utilizar esa oralidad sería imposible la aplicación de tales principios; es verdad que de la visualización del registro de audio y video de la audiencia en la que se resuelve la situación jurídica del imputado con el dictado del Auto que lo Vincula a Proceso, al inicio de dicha audiencia y hasta muy avanzada ésta, el Ministerio Público da lectura a los datos de prueba que obran en su carpeta de investigación; sin embargo, en el momento de exponer los argumentos relativos a la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad del imputado, tanto la Agente del Ministerio Público (mujer) como el Agente del Ministerio Público (varón), que se turnan esta actividad procesal, no hacen uso de la lectura; en esa virtud la Sala estima que en el caso se trata de una formalidad procesal a esta que debe regir las audiencias, y las violaciones formalidad, que es la oralidad, residen en un plano adjetivo, NO SUSTANTIVO, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, es decir, no son actos de imposible reparación; caso contrario sucederá si fueron actos que violaran derechos fundamentales sustantivos." ".Por lo que hace a la falta al deber de lealtad de que se duele el recurrente, que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en el artículo 128 y que el recurrente hace consistir en el hecho de que el Ministerio Público no le hizo entrega de toda la información contenida en la carpeta de investigación, debe decirse que de la visualización que se hace del registro del audio y video de la audiencia en la que se dicta la resolución recurrida se advierte que, efectivamente, el defensor del imputado manifiesta que en las fojas de la carpeta de investigación que le proporcionó el Ministerio Público hacían falta tres fojas, por lo que la Jueza de los autos ordenó un receso para que el Ministerio Público le entregara a la defensa esas fojas, como en efecto se hizo y en cuanto a las fotografías que exhibe el Ministerio Público y de las cuales fueron reproducidas tres, la defensa alega que no son todas, sin embargo el Ministerio Público solo ofreció esas tres y, en todo caso, si la defensa manifestó que habían más fotografías no explica porque sabe que existían más, si solo tres le fueron exhibidas; en esas condiciones la Sala estima que estas inconformidades devienen infundadas." Segundo agravio: III. Se le reprocha a la a quo la omisión para atender las manifestaciones de la víctima Susana Rodriguez Diaz, quien dijo que al acudir al ministerio Publico el día 4 de enero del año en curso, fue para que citara a su esposo y llegaran a un acuerdo y no iba a presentar denuncia por violencia familiar como equivocadamente lo hizo el Ministerio Público; por el contrario la juez le dio valor a la manifestación de la representación social quien dijo que no procedía un acuerdo reparatorio, lo cual es fuera de lugar, porque no se estaba dilucidando respecto a un acuerdo reparatorio, sino que se estaba argumentando por parte de la ofendida que cuando acudió ante el Ministerio Publico, lo fue para que se llegara a un acuerdo pero no para presentar denuncia, lo que denota que equivocadamente el ministerio Publico inicio una querella por violencia familiar y no hizo un citatorio para atender las necesidades de la víctima. IV. Que la juez no atendió las manifestaciones de la víctima en la que precisó que el Ministerio Público la presionó y amenazó porque no le llevó el acta de matrimonio y que si no la llevaba iba a cancelar la audiencia y que se siente acosada por el Ministerio Público, al contrario interrumpió a la víctima para decirle que ya la había escuchado; asimismo, la juez no tomó en cuenta lo que la defensa precisó, esto es, que al momento de resolver tomara en cuenta dichas manifestaciones de la víctima. "En la inconformidad que alega el recurrente en el punto 2 del Capítulo de REPROCHES del escrito de interposición del recurso, se duele de que la A Quo no atendiera las manifestaciones de la víctima directa SUSANA RODRÍGUEZ DÍAZ en el sentido de que el día cuatro de enero del dos mil veinte al acudir al Ministerio Público no iba a presentar una denuncia, sino fue para que esta autoridad citara a su esposo el imputado para llegar a un acuerdo y que ella no quería que se le dictara un auto de Vinculación a Proceso, lo que a juicio de la denota Público que el Ministerio equivocadamente inició una querella por violencia familiar y no hizo un citatorio para atender a las necesidades de la citada víctima; además argumenta el recurrente que la víctima afirmó que el Ministerio Público la presionaba y la amenazaba con cancelar la audiencia si no llevaba el acta de matrimonio, cuestiones que no atendió la A Quo." "Por lo que hace a la inconformidad a que nos referimos en el párrafo anterior de esta resolución, debe decirse que en primer lugar el delito de VIOLENCIA FAMILIAR no es perseguible por querella, sino de oficio y si la víctima manifestó al Ministerio Público que el imputado la había insultado e intentado quemarle las manos tratando de ponérselas sobre el comal en el que estaba elaborando sus tortillas y que al ver esta situación su hijo, JUAN PABLO REYES RODRÍGUEZ, que aparece como una segunda víctima directa en la causa, trató de defenderla y fue agredido por el imputado, es incuestionable que estaba haciendo del conocimiento del Ministerio Publico una "noticia criminis", es decir, una denuncia, una información de la ocurrencia de hechos que la ley señala como delito, específicamente el de VIOLENCIA FAMILIAR y, siendo este delito perseguible oficiosamente por no declarar, el Código Penal del Estado, que es perseguible a petición de parte, en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en consecuencia el Ministerio Público solo cumplió con su deber de investigación penal, como se lo ordenan los artículos del 212 al 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que sea dable dejar al criterio de las partes el inicio y prosecución de la investigación tratándose de los delitos perseguibles de oficio; en esas condiciones lo infundado de la inconformidad que nos ocupa es manifiesto." Tercer agravio: V. Que la aquo dio valor a las manifestaciones del Ministerio Público al comunicar imputación, en las que señaló que el imputado usa métodos especiales para producir huellas físicas para evitar ser sancionado, cuando dicho pronunciamiento textual, no se contiene en ninguno de los datos de prueba con que se comunicó imputación, lo cual vulnera los derechos del imputado haciendo afirmaciones inexistentes en la carpeta de investigación; situación que no fue observado por la juez al resolver. "En cuanto hace a la inconformidad a que se refiere el recurrente en el punto 3 del Capítulo de REPROCHES del escrito de interposición del recurso, en el que se duele de que la A Quo le haya dado valor a lo manifestado por el Ministerio Público en el sentido de que el imputado usa métodos especiales para producir huellas físicas para evitar ser sancionado, toda vez que tal hecho no se contiene en ninguno de los datos de prueba con que se comunicó la imputación (sic), y que tal circunstancia vulnera los derechos del imputado haciendo afirmaciones inexistentes en la carpeta de investigación y que, además, sin ser perito en la materia y sin tener conocimientos de psicología dijo que la víctima presenta ciclo de violencia familiar, episodios de incremento de ansiedad, que la víctima (mujer) tiene fase aguda, fase uno y fase dos, que al encontrarse arrepentida por los regalos hechos por el imputado, son detonantes del citado arrepentimiento y lo perdona debido a su escasa capacidad, que la mujer deja sin efecto la denuncia (sic)." ".Sobre las inconformidades expuestas por el recurrente en el párrafo anterior debe decirse, en primer lugar, que por lo que hace al hecho de que el Ministerio Público al formular imputación mencionara hechos respecto de los cuales no existen medios de prueba no implica vulnerar derechos del imputado, como equivocadamente lo estima el recurrente; en el caso referido esas proposiciones fácticas, carentes de soporte probatorio no generan perjuicio alguno y el hecho de que el Ministerio Público haya manifestado que la víctima presenta ciclo de violencia familiar, episodios de incremento de ansiedad, que la víctima (mujer) tiene fase aguda, fase uno y fase dos, es lo obvio que el Ministerio Público carece de conocimientos para determinar esas circunstancias y que se estaba refiriendo al dictamen emitido por la Perito en Materia de Psicología que aparece en la carpeta de investigación; en esa virtud es incuestionable que la inconformidad que nos ocupa es infundada." Cuarto agravio: VI. La juez fue omisa en atender las manifestaciones de la víctima quien dijo que no proporcionó al Ministerio Público el acta de matrimonio, cuestión que la defensa hizo notar en la audiencia al señalar que no se colmaba la relación de parentesco que establece el artículo 404 del Código Penal del Estado de Oaxaca. "Respeto a la inconformidad a que se refiere el recurrente en el punto 4 del Capítulo de REPROCHES del escrito de interposición del recurso, en el sentido de que la A Quo fue omisa al no atender las manifestaciones de la víctima SUSANA RODRÍGUEZ DÍAZ, respecto a que no proporcionó al Ministerio Público el acta de matrimonio lo que el recurrente, hizo notar en su calidad de defensor, argumentando que por tales razones no se colmaba la relación de parentesco que establece el artículo 404 del Código Penal del Estado." "Debe decirse que la inconformidad es irrelevante en virtud de que contrariamente a lo afirmado por el recurrente, en la causa aparece relacionada esa acta de matrimonio, misma que fue recabada por el Ministerio Público en el ejercicio de su actividad de investigación, consecuentemente es incuestionable que la inconformidad en comento es infundada." Quinto agravio: VII. La omisión de la juez al no atender la manifestación de su defensa quien precisó que el Ministerio Publico no estableció la conducta del imputado en el hecho que la Ley señala como delito y su intervención, es decir, si esta fue por acción u omisión. Asimismo, que la representación social debió en términos de los artículos 313 y 116 fracción lll, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que se establece el hecho que ley señale como delito y que además exista la probabilidad de que el quejoso lo cometió. Que el Ministerio Publico fue omiso al señalar cómo fue cometido ese hecho, no señaló cuál fue la intervención del imputado en ese hecho que la ley señala como delito; cuestiones que argumentó la defensa y que no fueron tomadas en cuenta por la juzgadora al momento de resolver. "Respeto a la inconformidad que manifiesta el recurrente en el punto 5 del Capítulo de REPROCHES del escrito de interposición del recurso, en el que se duele de que la A Quo no atendió la manifestación que hace la defensa en el sentido de que el Ministerio Público no estableció si la conducta del imputado fue por acción u omisión y demás cuestiones que plantea el recurrente en dicho punto." ".debe decirse que no le razón al recurrente en virtud de que de la escucha y visualización que se hace al registro de audio y video de la audiencia en que se formula la imputación y se solicita y se concede la vinculación a proceso, la Sala advierte que la A Quo da cuenta detallada de la información que le aporta el Ministerio Público y que cumple con los requisitos que exige el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales toda vez que la solicitud de vinculación se hace una vez que el imputado, en el caso, se abstuvo de declarar, y de la visualización y escucha del registro mencionado se advierte que la A Quo se ajustó, en lo conducente, a todo el mecanismo legal que señala el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, y respecto a la argumentación a que se refiere el recurrente relacionada con el artículo 116, fracción III del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, debe hacerse notar que este artículo no tiene ninguna fracción y, además, se refiere a la acreditación del defensor, que nada tiene que ver con la resolución reclamada, Consecuentemente esta inconformidad es infundada." Sexto agravio: VIII. La defensa precisó que la hipótesis que el Ministerio Público precisó al comunicar la imputación consistente en psicosis emocional, no se encuentra establecida en la legislación penal; asimismo, no se dijo cuál de las hipótesis que establece el artículo 404 del citado Código Penal es la que aplica al imputado, si su intervención fue por acción u omisión, si su intervención fue dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal psicológica, patrimonial, económica, sexual etcétera. Que en su planteamiento el Ministerio Público se basó en lo establecido por el artículo 404 Bis, fracciones I y II del Código Penal, pero no justificó que la hipótesis de psicosis emocional se encuentre contenida en dichas fracciones; sin embargo, la juez no se pronunció al respecto "En el punto 6 del Capítulo de REPROCHES del escrito de interposición del recurso que nos ocupa, el recurrente se duele de que el Agente del Ministerio Publico al comunicar la imputación dijo que la ofendida es víctima de PSICOSIS EMOCIONAL y que dicha hipótesis se encuentra contenida en el artículo 404 y 404 Bis, fracción II del Código Penal del Estado y que el imputado ocasionó esa Psicosis, que la defensa manifestó que esa hipótesis no se encuentra establecida en la legislación penal, que no se dijo cuál de las hipótesis que establece el artículo 404 del Código Penal es la que aplica al imputado, pues de todas las hipótesis que prevé ese artículo el Ministerio Público no fue preciso, ni fue racional en sus planteamientos al decir que el imputado causó PSICOSIS EMOCIONAL y que no justificó ese hecho. " "Respecto al agravio de que se duele el recurrente y a que nos hemos referido en párrafo anterior, debe decirse que la A Quo en el Considerando Sexto del Auto de Vinculación a Proceso, manifiesta que a su consideración los hechos imputados al vinculado actualizan o se subsumen dentro de las hipótesis normativas que prevé el artículo 404 únicamente en su fracción II consistente en la Violencia Psicoemocional, no así en la Violencia Física, habida cuenta que no existen datos de médicos que se practicaron a las víctimas para acreditar esa prueba que acrediten esa violencia física, pues los dictámenes designados al efecto, argumentando, el Ministerio Público, que violencia física no fueron elaborados por los Peritos Médicos la doctora encargada de esos dictámenes se había enfermado de covid y por esa razón no los había elaborado, consecuentemente la A Quo no tuvo por acreditada la Violencia familiar de naturaleza física; sin embargo, la A Quo tuvo por acreditada, como se ha señalado, la VIOLENCIA FAMILIAR tipo PSICOEMOCIONAL y del análisis que esta Sala hace del referido Considerando se advierte que funda y motiva detalladamente la acreditación de su resolución expresando las razones y motivos por los cuales determina que se actualiza en el caso el hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILAR TIPO PSICOEMOCIONAL basándose en las declaraciones de la víctima, de su hijo JUAN PABLO REYES RODRÍGUEZ y en los Peritajes en materia de Piscología emitidos por la psicóloga NORA SANCHEZ VELASCO, quien acreditó debidamente tener cedula profesional en esa ciencia y por lo tanto los conocimientos para dictaminar la existencia de un daño psicoemocional en los sujetos pasivos; en esa virtud la Sala estima que no le asiste la razón al recurrente deviniendo este agravio infundado." Séptimo agravio: IX. Le agravia que la aquo le haya otorgado valor al contenido del oficio de cinco de enero de dos mil veinte, signado por el Agente Estatal de Investigaciones Cándido Gilberto Sarabio Galván, relativo al informe de actividades "al exterior del inmueble", el cual no tiene sustento ya que la defensa manifestó que dicha inspección no coincide con lo declarado por la víctima en su declaración ministerial, en la parte relativa al lugar en donde ocurrieron los hechos, lo cual es discordante; sin embargo, la juzgadora le dio valor probatorio bajo el argumento que dicha inspección demuestra el inmueble en que ocurrieron o hechos. "En cuanto hace al agravio expuesto en el punto 7 del Capítulo relativo a los REPROCHES del escrito de interposición del recurso en el que el recurrente se duele de que la Juez valoró incorrectamente la declaración del Agente Estatal de Investigaciones quien practicó una inspección ocular en el inmueble donde ocurrieron los hechos argumentando que el examen se realizó al exterior del citado inmueble y porque esa inspección no coincide con lo declarado por la víctima y que por esa razón no se acredita la existencia de ese lugar." "Al respecto debe decirse al recurrente que en su inconformidad no nos dice por qué esa inspección no coincide con lo declarado por la víctima, cuáles son los puntos discordantes, simplemente y en abstracto afirma la no coincidencia y en esas condiciones la Sala se encuentra impedida para analizar la inconformidad al no mencionarse los puntos de discordancia, obviamente el agravio deviene infundado." Octavo agravio X. Que la juez al resolver no tomó en cuenta los argumentos de la defensa, tampoco se pronunció al respecto y mucho menos atendió a la invocación de la tesis jurisprudencial que sirvió de sustento en el argumento de la defensa. Los argumentos que dice manifestó son los siguientes: -La defensa argumentó que lo que las circunstancias establecidas tanto en las denuncias como en los dictámenes psicológicos, no se hicieron los señalamientos del tipo penal que pudieran establecer el hecho que dicen cometió; por tanto, no existen los elementos, ni la mínima probabilidad para establecer las circunstancias de que el quejoso cometió la violencia como lo establecen los artículos 404 y 404 Bis, fracción II, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, -Que el Ministerio Público debió hacer una declaratoria de razonabilidad para fundar su petición y solicitar la vinculación, por tanto, precisó que es claro que el hecho que se le atribuye no es dable para solicitar una vinculación a proceso, de todos los supuestos que establecen los citados numerales, no cuadran (sic) cuáles de los supuestos son los que se le atribuyen al imputado. -Asimismo, que los dictámenes no resultan aptos para establecer el hecho concreto; que el perito no puede establecer que la efectuación que presenta la víctima es con motivo de los hechos que acontecieron el día cuatro de enero del año dos mil veinte; que el perito al pronunciarse resta alcance para sostener el planteamiento del Ministerio Público; en consecuencia no es dable para establecer un hecho en concreto, esa es una determinación que solo el juez puede establecer, el perito solo debe ilustrar al juzgador con sus conocimientos y en este caso debió establecer las alteraciones que presentaban las víctimas como lo exige el numeral 404 Bis fracción II del Código Penal del Estado; asimismo se invocó la tesis jurisprudencial número 162020, con rubro: PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGIA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA FAMLILIAR.SU OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO PSICOLOGICO DE LAS PARTES Y NO DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA. "En el punto número 8 del Capítulo relativo a los REPROCHES del escrito de interposición del recurso, la Sala advierte que el recurrente vuelve a manifestar inconformidad respecto del hecho de que el Ministerio Público dio lectura a las constancias que integran la carpeta de investigación, ".entre esas constancias figuran los exámenes de Psicología practicados a los pasivos; de que en lo declarado por la Víctima no haya manifestado que fue objeto de amenazas de muerte. lo cual no es exacto pues del registro de audio y video de la audiencia de formulación de imputación se escucha que el Ministerio Público dijo que la pasivo al declarar afirmó que el imputado le dijo: ". esta pinche prostituta la agarró (refiriéndose a la olla que quería que se le entregara) la voy a matar..." enunciado que contiene, obviamente, una amenaza de muerte, e insiste en la inconformidad con la acreditación de la violencia familiar tipo Psicoemocional, cuestionando los dictámenes emitidos por la Perito en Psicología designada al efecto, cuestiones que ya fueron analizadas en los párrafos precedentes, en consecuencia no hay necesidad de volver a hacer el estudio de dichas inconformidades, sin que ello atente contra la garantía de defensa y principio de exhaustividad y congruencia." ".Por otro lado, debe decirse que para satisfacer el requisito relativo a que "...la ley señale el hecho imputado como delito...", basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal." Se viola en su perjuicio los artículos 19 primer párrafo, y 20 primer párrafo, Apartado "A", fracciones II, V, IX y X, y Apartado "B", fracciones I, VI primero y segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 259, 261, 262, 264, 265, 313 segundo párrafo, 316, fracciones III y IV primer párrafo, y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por las siguientes razones: El primer párrafo del artículo 19 constitucional, porque con los datos de prueba que hizo referencia el Ministerio Público, no se establece que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que lo haya cometido o participado en su comisión. La resolutora no realizó la adecuación exacta de los hechos que dijo quedaron probados a las hipótesis jurídicas, y menos aún expuso las razones por las cuales a su juicio se surten esas adecuaciones, limitándose a señalar cuáles son los elementos que el delito de violencia familiar requiere para su configuración, y de manera genérica señala por qué considera que los mismos se encuentran probados. De ahí que la fundamentación jurídica no se encuentre motivada. Se viola el precepto constitucional invocado, al no expresar la a quo en su resolución que se impugna, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. No obstante que se expresó que los datos de prueba fueron valorados de manera libre y lógica, omite exponer razonamiento alguno respecto de esa valoración, y menos expone el alcance de esos datos de prueba, esto es, qué se prueba con cada uno de ellos. El artículo 20, Apartado "A", en su primer párrafo y sus fracciones II, V, IX y X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales se refieren a la valoración de los datos de prueba y de la prueba y en todos ellos se establece que el juzgador debe valorarlos de manera libre, pero observando el sistema de valoración denominado sana crítica, formada por las reglas de la lógica, por las máximas de la experiencia y por los conocimientos científicamente afianzados. En ese aspecto, es omisa en precisar las razones por las que les concede valor probatorio, violando así esos preceptos reguladores de la valoración de la prueba porque deja de aplicar las reglas de la sana crítica, pues no obstante que el agente del Ministerio Público enunció diversos datos de prueba, no vertió su contenido, y atento al principio de presunción de inocencia reconocida en la fracción I del Apartado "B" del artículo 20 constitucional, no es al imputado a quien corresponde demostrar que no cometió el hecho delictivo que se le atribuye, sino al Ministerio Público demostrar los elementos constitutivos del mismo y de su probable comisión o participación en él. "Por cuanto hace a las inconformidades expuestas por el recurrente en el Capítulo relativo a los FUNDAMENTOS. debe decirse que en el punto número 1 del apartado PRIMERO del citado Capítulo, el recurrente se duele de la violación al párrafo primero del artículo 19 de la Constitución Federal toda vez que, a su juicio, con los datos de prueba no se establece que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión" "En el punto número 2, del citado Capítulo de FUNDAMENTOS de agravio que expone el recurrente, este alega la carencia de razonamientos del A Quo en la valoración de los datos de prueba y del alcance de tal valoración. " "Este agravio que expone el recurrente deviene infundado, pues es incuestionable que en la causa de la que emana la resolución recurrida existe la denuncia de las víctimas, quienes manifiestan haber sido objeto de insultos, amenazas y humillaciones por parte del imputado, lo que generó una alteración autocognitiva y autovalorativa en alguna esfera de su estructura psíquica, según se desprende de los dictámenes en materia de Psicología emitidos al efecto, datos de prueba que resultan idóneos para acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en el caso el de FAMILIAR modalidad O VIOLENCIA tipo PSICOEMOCIONAL, y el señalamiento por parte de las citadas víctimas de haber sido el imputado el que realizo esas conductas típicas, hechos que se subsumen adecuadamente en las hipótesis comprendidas en los artículos 404 y 404 Bis, fracción II, del Código Penal del Estado, fundando y motivando de manera correcta, la A Quo, lo determinado respecto a estos elementos; es de hacerse notar que tratándose del Sistema Acusatorio y del dictado del auto de vinculación a proceso, solo es necesario aportar datos de prueba que acrediten los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica decir, acreditar la existencia del "hecho", del suceso y no es necesario que se deban acreditar elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, según lo ordena la jurisprudencia que es del rubro y tenor siguientes." "Por otro lado y contrariamente a lo estimado por el recurrente, esta Sala advierte que en la resolución reclamada se señalan las circunstancias de tiempo, de lugar y de ejecución, pues los hechos ocurrieron el cuatro de enero del dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio ubicado en la casa número veintiséis de las calles de Independencia, de la Población de San Nicolás Quialana, Zimatlán, Oaxaca, según se desprende de lo declarado por las víctimas y de la certificación de la existencia del citado domicilio que aparece en la diligencia de Inspección Ocular practicada por el Agente Estatal de Investigaciones designado al efecto, consecuentemente no es verdad lo que afirma el recurrente y ello el fundamento de agravio que nos ocupa es infundado. "Respecto a la inconformidad a que nos referimos en el párrafo anterior de esta resolución debe decirse al recurrente que su agravio resulta infundado por las siguientes razones: del análisis que se hace de la resolución recurrida emitida oralmente en la audiencia de Vinculación a Proceso y de la versión escrita que obra en la causa de la que emana el acto reclamado, se establece que la A Quo explica las razones por las cuales les otorga valor probatorio a cada uno de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, tanto individualmente como en su conjunto, fundándose en las normas que regulan esta valoración y basándose en los principios de la Lógica (sic), consecuentemente tal valoración no le agravia al recurrente. Independientemente de lo anterior debe hacerse notar que atendiendo al momento procesal en que se dicta la Vinculación a Proceso la información que se proporciona al Juzgador por las partes son simples datos de prueba, debiendo entenderse por tales, en términos del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aun no desahogado ante el Órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado y, en ese sentido, aunque en la doctrina y en algunas tesis se hable de "valoración de los datos de prueba", dada la definición del dato de prueba, es incuestionable que tales datos no ameritan valoración alguna porque, de acuerdo con la ley, no son prueba; en las anteriores condiciones es obvio que lo que debe atender el juzgador, a juicio de la Sala, es al hecho de que con esos datos de prueba se acredite de manera racional la existencia de ese hecho que la ley señale como delito y que el imputado probablemente participó en su comisión." ".el Auto de Vinculación dictado al imputado se encuentra debidamente motivado y fundado, habida cuenta que la A Quo valora la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la Representación Social y la contraargumentación o refutación del defensor del imputado inclinándose por la primera, misma que se sostiene con los datos de prueba aportados por el Fiscal, sin que haya dato de prueba en contra que los refute. En consecuencia, el agravio que alega el recurrente deviene infundado." Como se ve, la autoridad responsable dio cumplimiento a cada uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, sin existir defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la sentencia de mérito; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. IV. Archivo del expediente. Se reserva el archivo de este juicio de amparo hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el numeral 201, de la Ley de Amparo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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