Filadelfo Jr. Morales Gallegos

Expediente 1787/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1787/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Filadelfo Jr. Morales Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y anexos que acompaña, con el que remite a este juzgado testimonio de la ejecutoria dictada por la citada superioridad, en que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Filadelfo Jr. Morales Gallegos, contra el auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja 167/2019, de dicho órgano jurisdiccional, de la cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Acúsese recibo, y hágase del conocimiento de las partes, efectúense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por el quejoso, por el que interpone recurso de queja contra el auto que desechó por improcedente la demanda de amparo y exhibe escrito de agravios; consecuentemente, con apoyo en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos, original y copia del escrito que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos de la sustanciación del citado recurso. Asimismo, con sustento en el artículo 101 de la ley de la materia, infórmese a la superioridad que es cierto el acto reclamado, para lo cual se ordena remitir el original del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el cual remite la demanda de amparo promovida por Filadelfo JR. Morales Gallegos y anexos, por considerar que este órgano jurisdiccional es competente para conocer en la vía indirecta de la demanda, ya que el acto reclamado no implica una sentencia definitiva ni resolución que ponga fin al juicio de origen. En esa tesitura, con fundamento en los artículos 45, 47 y 48, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se acata la competencia declinada, y este juzgado se avoca al conocimiento de la litis planteada en ese libelo; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1787/2019-VII-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, atento a la lectura de dicha demanda y principalmente, en lo concerniente a los actos reclamados, a juicio de este juzgador, la misma debe desecharse de plano, bajo las siguientes consideraciones de derecho... El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El transcrito dispositivo legal, autoriza al juzgador de amparo a desechar de plano una demanda cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia... En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es... Es orientadora la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, del siguiente tenor: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En esa tesitura, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa toralmente reclama: La resolución de veintidós de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, con sede en esta ciudad, en la que se declaró improcedente el recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra del auto de uno de marzo del año en curso, en el que la Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, con residencia en esta ciudad, desechó el recurso de apelación hecho valer por Filadelfo JR. Morales Gallegos, por encontrase el expediente en estado de ejecución. Sentado lo anterior, en el caso concreto, se estima actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que se justifica que dicho acto fue consentido tácitamente al no promoverse el amparo dentro del plazo general de quince días previsto en el artículo 17 de la propia legislación. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, es necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, tal y como acontece en el presente caso. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Sin embargo, debe puntualizarse que nuestro Alto Tribunal ha determinado, los supuestos en los que, en caso de promoverse la demanda de amparo indirecto como directo, para establecer su oportunidad, se tomará en cuenta la fecha en la que llegó para su conocimiento al Juez de Distrito. Para ello, deben actualizarse los supuestos contenidos en la tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 275, libro 9, agosto de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. En el caso concreto, se actualizan las hipótesis contenidas en la jurisprudencia en cita, para tomar como fecha de la presentación de la demanda, la data que en que el órgano jurisdiccional declinante la recibió, esto es, el diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Se afirma lo anterior, pues de las constancias que conforman el sumario se advierte que el quejoso ha promovido con antelación el juicio protector de derechos fundamentales, el cual se radicó con el número 844/2018 del índice de éste Juzgado, y en dicho juicio reclamó el auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, emitido por la Sala responsable, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, y tanto dicho acto, como el aquí reclamado tiene su origen en el expediente 220/2014, relativo el juicio ordinario civil de revocación de donación, promovido por Alma Gallegos Cosío en contra del solicitante de amparo. Todo ello, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1364, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1532, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Del mismo modo, es aplicable al caso, la jurisprudencia 2397, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en la página 2803, tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento. En ese sentido, al promover la parte quejosa por segunda ocasión, el juicio protector de derechos fundamentales en la vía directa ante la responsable, contra similar determinación, se colman las hipótesis a que alude la mencionada tesis jurisprudencial para estimar que la fecha de presentación de la demanda, es la data en que este órgano jurisdiccional recibió la demanda de amparo relativa (diecisiete de junio de dos mil diecinueve) y no la época en que el impetrante la presentó ante la Sala responsable. Máxime que, el Tribunal de Alzada, al que fue turnada la demanda de amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, explicó al disconforme los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de tales actos procede el amparo indirecto. En suma, al haberse notificado por lista de acuerdos la resolución reclamada el veintidós de abril del año en curso, surtiendo sus efectos el veinticuatro siguiente, a la fecha en que este Juzgado Federal recibió la demanda de amparo, que fue el diecisiete de junio del presente año, el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto había transcurrido en demasía. Apoya esta determinación, la jurisprudencia 13, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo VI, Quinta Época, del Apéndice de 1995, que dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. En consecuencia, al advertirse de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en catorce avenida Norte número tres Bis, en esta ciudad, y como autorizados en términos restringidos a las personas que menciona, por no contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que el quejoso en el citado juicio de amparo 844/2018 de nuestro índice, señaló tal domicilio y autorizados, y por economía procesal deberán realizarse las notificaciones en los términos indicados. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistido del licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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