Fidencio Quiñones Cornejo
Expediente 729/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Fidencio Quiñones Cornejo
Actuaciones
- Principal
I. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió el acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por*****, contra actos del Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango y otra autoridad; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración expediente Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el quejoso Miguel Ángel de la Torre Marrufo reclama la dilación procesal en el juicio laboral 338/2021 en virtud de la incompetencia que sostenían el Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial, el Tribunal Laboral Burocrático y el Centro de Conciliación Burocrático, todos de esta ciudad de Durango para dar trámite a su demanda. Por tanto, en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional se concedió al solicitante del amparo Miguel Ángel de la Torre Marrufo el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "Consecuentemente, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a efecto de que el Juez del Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, con residencia en esta ciudad, si a la fecha que cause ejecutoria esta sentencia no lo ha hecho, provea determinación judicial relativa a proseguir dicho procedimiento; es decir: - Requiera al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Durango a fin de que informe el estado procesal o si bien, ya fueron remitidas las constancias del juicio de origen a fin de avocarse el Tribunal Laboral Burocrático, tal y como lo ordenó en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós. - En caso de que el referido Centro no cuente con las constancias relativas, el Juez del Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial se las haga llegar a fin de poder remitirlas al Tribunal Laboral Burocrático y provea sobre la competencia declinada. - Finalmente, requerir al Centro de Conciliación que una vez enviadas dichas constancias al Tribunal Laboral Burocrático, informe la determinación que recaiga de este último. No está por demás añadir que el órgano jurisdiccional del conocimiento está vinculado, con motivo del acatamiento al fallo protector, a realizar únicamente el actuar acabado de referir, como se desprende de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Lo anterior, a fin de dar impulso al juicio laboral 338/2021 (del índice del Tribunal Laboral Burocrático de esta ciudad de Durango). Ahora bien, de las diversas constancias que remitieron las autoridades responsables destaca la copia certificada del proveído que el treinta de noviembre de dos mil veintidós emitió el Tribunal Laboral Burocrático de esta ciudad de Durango en el que ordenó tramitar incidente de competencia ante el Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en esta ciudad de Durango, y para lograr su substanciación, requirió al Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial y al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Durango, a fin de le remitan los autos originales del controversia (foja 442 de autos). Por lo que este Juzgado de Distrito formuló requerimientos de fechas catorce de febrero, veinte y veintiocho de abril de dos mil veintitrés requirió a ese tribunal para que informara sobre la integración del incidente de incompetencia que planteó. Finalmente, mediante misiva TLB/SAI/166/2023 el Juez Instructor Tribunal Laboral Burocrático de esta ciudad de Durango informó que no insiste en declararse incompetente para conocer de la demanda laboral del quejoso Miguel Ángel de la Torre Marrufo y remitió copia certificada del acuerdo que dictó el dos de mayo de dos mil veintitrés en el juico laboral TLB/195/2021 en el que señaló ". queda firme la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN que se celebrara en hora y fecha (09:30) NUEVE TREINTA HORAS DEL DÍA (02) DOS DE JUNIO DEL 2023." De lo anterior se concluye que se cumplió la ejecutoria de amparo en la medida en que el Tribunal Laboral responsable dio trámite a la demanda laboral del quejoso, por tanto, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente principal. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 23/05/2023. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******* contra actos del Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango y otra autoridad. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 729/2023. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que si el juez de distrito, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos judiciales dictados fuera de juicio, pero esto no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, ese acto debe afectar de manera directa y actual a la libertad del promovente. Ello, si se atiende a que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para la audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, tal como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento. Se concluye entonces, que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, no es un acto que afecte su libertad personal, puesto que en dicha audiencia podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 78/2018, décima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018828, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se plantea. Sin que pase inadvertido que la parte promovente refiere que el Agente del Ministerio Público pudiera solicitar de manera provisional la restitución de las parcelas que detenta, en términos del numeral 111, 138, 153 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se generarían daños de imposible reparación, sin embargo, debe decirse que, de ser el caso, la petición debe realizarse al momento que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación, porque conforme a dichos preceptos es la autoridad judicial quien debe decretara las medidas precautorias que se soliciten, previo debate entre las partes. Por lo antes relatado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV del citado ordenamiento, y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ********************. IV. Intervención en el juicio de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ******************** Autorizado. Téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado******************** ya que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. VIII. Firma del presente acuerdo. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo, así como los subsecuentes, serán firmados mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese personalmente al promovente.
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