Fidencio Mendoza Núñez
Expediente 431/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fidencio Mendoza Núñez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veinticinco de mayo pasado en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento formulado en proveído de trece de los corrientes, y remite las constancias con el objeto de acreditar su dicho, las que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como documental y se tienen por desahogada dada su naturaleza. Por otra parte, visto el estado de autos, se levanta la reserva decretada en proveído de diecinueve del presente mes y año, y visto el escrito suscrito por el quejoso **********; téngasele por hechas las manifestaciones que vierte, con las que da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el trece de los corrientes; en consecuencia, se provee: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: 1. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución de once de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por el Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca penal ***, mediante la cual confirmó la determinación asumida por el Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad, en el que se negó la orden de aprehensión contra **********. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso señaló para recibir notificaciones el domicilio ubicado en **** en la ciudad capital del Estado de Guanajuato, tal como lo manifiesta el quejoso en su escrito recibido el diecinueve de los corrientes, asimismo, de las documentales aludidas, se desprende que el doce de abril de dos mil dieciséis, mediante cedula, que se dejó en poder de ********, en el domicilio precisado, se notificó al quejoso la resolución que ahora combate. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el once de mayo de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Federal en la misma fecha, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda [F. 2], debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente en que se le notificó la resolución que constituye el acto reclamado -acorde a lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa-, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del trece de abril de dos mil dieciséis para concluir el tres de mayo del año en curso, excluyendo los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril pasado, así como uno de los corrientes, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, (dado que la fecha limite lo era el tres de mayo pasado, y lo hizo hasta el once de los actuales, es decir, seis días después), sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2009174, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que pase inadvertido el hecho de que la responsable señalara en su oficio de cuenta, que se notificó el diecisiete de abril pasado, virtud a que de lo constancia en copia certificada que remite, se advierte que la fecha correcta es el doce del mismo mes y año. Finalmente, no se soslaya el hecho de que el artículo 12 fracción XII de la Ley General de Victimas, cite que las víctimas tienen derecho a que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos, pues el propio quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******en la ciudad capital del estado de Guanajuato, y como autorizados para tal efecto a *********; lugar donde fue practicada la notificación ante uno de sus autorizados.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta signado por *********, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le formuló el trece de los corrientes; en tal virtud, dígasele que este Juzgado Federal se reserva proveer acordar lo conducente, hasta en tanto la autoridad responsable remita la información solicitada en auto de trece de los actuales.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ***********, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 431/2016. Ahora bien, para estar en aptitud de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 108 fracciones III y IV, 110 y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo manifieste: Si señaló domicilio para oír y recibir notificaciones ante la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; dado que según se desprende de su demanda, él fue quien impugnó la resolución de primero grado. Y en caso de ser afirmativo, indique la fecha en que ante el tribunal de apelación, le fue notificado el fallo de once de abril de dos mil dieciséis, dictado en el toca penal 23/2016. Datos los anteriores que son requeridos porque no se obtienen de la lectura integral de la demanda, resultando necesarios para determinar lo correspondiente a la admisión del presente asunto. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio promovente, no así por los profesionistas que señala en su escrito de demanda, como autorizados en términos amplios, toda vez que la aclaración de la demanda entraña el ejercicio de una acción de amparo, para lo cual solo está facultado el propio quejoso, no así sus autorizados en términos amplios. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Debiendo exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio; ello para traslado a las partes; esto es, una para cada autoridad señalada como responsable, una para los terceros interesados, en su caso y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley en cita. B) Requerimiento a la autoridad señalada como responsable. No obstante lo anterior, a efecto de mejor proveer, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe a este juzgado si el quejoso Fidencio Mendoza Núñez señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y si fue así, cuando le notificó la resolución de once de abril pasado, dictado dentro del toca penal 23/2016 de su índice, y remita las constancias con las que acredite su dicho. Con apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá como medida de apremio una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 27/2004, registro 181833, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 354, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados." C) Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ****Seco en esta ciudad; y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********** por tratarse de un asunto de naturaleza penal.
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