Fidencio Jaramillo Guajardo
Expediente 635/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fidencio Jaramillo Guajardo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o en copia certificada que deban ser devueltos a la partes y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho; contra actos del Tribunal de Juicio Oral del distrito judicial de la Capital en fuero Común, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 173, fracción X, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: "(.) X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". Decisión judicial emitida en fecha 03 de julio del año que se cursa, en la sala número 3, en la cual se negó a mi Defensora Pública la admisión de dos pruebas testimoniales científicas a cargo las Peritos en Lofoscopia ******************** Y ********************, Profesionistas adscritas al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, dentro del procedimiento jurisdiccional criminal marcado con el número ********************/2016." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes y anexos de la demanda de garantías, se advierte que: 1. ******************** fue detenido por elementos de la Policía Ministerial del Estado, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro, dejándolo a disposición del Agente del Ministerio Público, quien lo dejó a disposición del Juez de Control, ratificando este último, de legal su detención. 2. Con posterioridad se le formula imputación, se le vincula a proceso, se le pone como medida cautelar de prisión preventiva y se decreta un plazo de cierre de investigación complementaria. 3. El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia intermedia, sin que el defensor particular del procesado hubiera ofrecido medio probatorio alguno. 4. En tres de julio de dos mil diecisiete, se inicia la audiencia de juicio oral, en la que la defensora pública, ofreció las pruebas científicas a favor del procesado, conforme a lo estipulado por el Código adjetivo. 5. El Tribunal de Enjuiciamiento, decide no admitir las pruebas científicas (testimoniales técnicas), ofrecidas por la defensora pública; señalando que el anterior defensor conocía de la existencia de dichas pruebas y no las ofreció en tiempo; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, como se asentó con anterioridad, el acto reclamado solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso que éste sea desfavorable al inconforme, mediante el recurso que en su caso proceda contra éste; y si el mismo de igual forma es desfavorable a sus intereses, a través del juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, con motivo de la no admisión de las pruebas científicas o testimoniales técnicas ofertadas a cargo de las peritos en lofoscopia ******************** y ********************, adscritas al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, podría quedar sin efectos, si obtiene una sentencia favorable a sus intereses en los autos del proceso penal ********************/2016 instruido contra ********************, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro, perpetrado en perjuicio de ********************, ya que el acto reclamado constituye una violación al procedimiento, que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario si en su caso fuera procedente, o incluso acudir al juicio de amparo directo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma, es aplicable al caso en lo conducente, el contenido de las tesis de jurisprudencia números 407 y 927, visibles en las páginas 273 y 637, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que en el orden citado dicen: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación al procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley". y; "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma Ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que transcendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo". En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Juicio Oral del distrito judicial de la Capital en fuero, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones a los licenciados ********************y ******************** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto en las oficinas que ocupa el Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Zacatecas, que se ubican en ********************en la ciudad de Zacatecas.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE,SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, AL NO HABER ACUDIDO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE DEJÓ EL CITATORIO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.
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