Fidencio Chávez Martínez
Expediente 43/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fidencio Chávez Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de enero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se tuvo por no presentado el escrito inicial que dio origen a este expediente ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de veintiocho de enero de la presente anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, resolución con la que se puso fin a este juicio constitucional, sin decidirlo en cuanto al fondo, en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 de ese acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. De este juicio constitucional se desprende que el plazo de cinco días con el que el justiciable contaba para cumplir la prevención que le fue formulada en el acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, transcurrió del veinte al veintiséis del mes y año en curso, sin que el inconforme haya atendido esa prevención; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal para notificar a la parte quejosa el auto preventivo de trece de enero del año en curso, por los motivos que expuso. En tal sentido, dado que el domicilio que el disidente señaló para oír notificaciones resultó inexacto, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se ordena la notificación a la parte quejosa del citado acuerdo y las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista hasta en tanto el justiciable señale un domicilio correcto para recibir notificaciones, o bien, designe otro para ese efecto. Notifíquese...INSERCIÓN: ... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 43/2022. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existe una irregularidad en ese escrito que necesita enmendarse. El numeral 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese escrito; y, b) en el supuesto de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que el ordinal 108 de la propia legislación establece. Por otra parte, el arábigo 108, fracción V, de la ley de la materia estatuye que en la demanda de amparo indirecto deberá expresarse bajo protesta de decir verdad, los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En el caso, el inconforme no colma íntegramente el requisito previsto por el último de los normativos citados, por las razones siguientes: Si bien en el escrito inicial relata bajo protesta de decir verdad diversos hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cierto es que de esas manifestaciones no se advierte que indique qué calidad tienen reconocida el Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, ni el Titular o el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de esa Delegación en el juicio contencioso administrativo ****** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es decir, el inconforme no precisa con qué carácter figuran esos entes públicos en el juicio natural, esto es, si son demandados, o bien, si fueron vinculados al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en ese contradictorio y tampoco expone si esa calidad les fue reconocida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con asiento en la capital de esta entidad federativa, puesto que sólo se concretó a señalar que promovió el referido juicio contencioso administrativo en contra de la negativa ficta recaída a su solicitud presentada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, ante la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, pero de las manifestaciones que realizó no se detecta con exactitud la participación de esas autoridades en el proceso de origen, de modo que pueda deducirse que tienen la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, ya que no debe perderse de vista que el ordinal 5, fracción II, de la ley de la materia estatuye que la autoridad responsable tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El aspecto destacado constituye una irregularidad en la demanda de amparo, porque provoca que no se tenga la certeza de la calidad que las dos autoridades señaladas tienen en el juicio contencioso administrativo de origen para advertir si en realidad pueden tener el carácter de entes responsables en el juicio constitucional conforme a lo prescrito por el normativo 5, fracción II, de la ley de la materia, lo cual es necesario saber para identificar a los sujetos que integrarán la relación jurídica procesal en este asunto. En esos términos, se requiere al quejoso para que por escrito dentro del plazo de cinco días cumpla íntegramente el requisito legal señalado, por lo que tendrá que realizar lo siguiente: 1. Tendrá que indicar bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, qué calidad tienen reconocida el Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y el Titular o el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de esa Delegación en el juicio contencioso administrativo ******** de la estadística de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En este punto, el inconforme deberá precisar con qué carácter figuran esos entes públicos en el juicio natural y el proveído en el que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la capital de esta entidad federativa, les reconoció esa calidad, esto es, tiene que señalar si son demandados, o bien, si fueron vinculados al cumplimiento de la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en ese asunto, de modo que pueda advertirse la forma en la que esas autoridades han tenido o tienen participación en el juicio natural. Infórmese al quejoso que el requerimiento formulado en este auto deberá ser atendido por sí, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento legal, porque las facultades de las que gozan estas últimas solamente son para recibir notificaciones e imponerse de los autos; en ese sentido, se apercibe al disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento por analogía en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Forma de notificación y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio procesal del inconforme el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos de los ordinales 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa con esa calidad, porque así lo solicitó de manera expresa. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. En otro punto, se tiene al disidente por señalados los correos electrónicos que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 43/2022. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existe una irregularidad en ese escrito que necesita enmendarse. El numeral 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese escrito; y, b) en el supuesto de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que el ordinal 108 de la propia legislación establece. Por otra parte, el arábigo 108, fracción V, de la ley de la materia estatuye que en la demanda de amparo indirecto deberá expresarse bajo protesta de decir verdad, los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En el caso, el inconforme no colma íntegramente el requisito previsto por el último de los normativos citados, por las razones siguientes: Si bien en el escrito inicial relata bajo protesta de decir verdad diversos hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cierto es que de esas manifestaciones no se advierte que indique qué calidad tienen reconocida el Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, ni el Titular o el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de esa Delegación en el juicio contencioso administrativo ****** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es decir, el inconforme no precisa con qué carácter figuran esos entes públicos en el juicio natural, esto es, si son demandados, o bien, si fueron vinculados al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en ese contradictorio y tampoco expone si esa calidad les fue reconocida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con asiento en la capital de esta entidad federativa, puesto que sólo se concretó a señalar que promovió el referido juicio contencioso administrativo en contra de la negativa ficta recaída a su solicitud presentada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, ante la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, pero de las manifestaciones que realizó no se detecta con exactitud la participación de esas autoridades en el proceso de origen, de modo que pueda deducirse que tienen la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, ya que no debe perderse de vista que el ordinal 5, fracción II, de la ley de la materia estatuye que la autoridad responsable tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El aspecto destacado constituye una irregularidad en la demanda de amparo, porque provoca que no se tenga la certeza de la calidad que las dos autoridades señaladas tienen en el juicio contencioso administrativo de origen para advertir si en realidad pueden tener el carácter de entes responsables en el juicio constitucional conforme a lo prescrito por el normativo 5, fracción II, de la ley de la materia, lo cual es necesario saber para identificar a los sujetos que integrarán la relación jurídica procesal en este asunto. En esos términos, se requiere al quejoso para que por escrito dentro del plazo de cinco días cumpla íntegramente el requisito legal señalado, por lo que tendrá que realizar lo siguiente: 1. Tendrá que indicar bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, qué calidad tienen reconocida el Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y el Titular o el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de esa Delegación en el juicio contencioso administrativo ******** de la estadística de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En este punto, el inconforme deberá precisar con qué carácter figuran esos entes públicos en el juicio natural y el proveído en el que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la capital de esta entidad federativa, les reconoció esa calidad, esto es, tiene que señalar si son demandados, o bien, si fueron vinculados al cumplimiento de la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en ese asunto, de modo que pueda advertirse la forma en la que esas autoridades han tenido o tienen participación en el juicio natural. Infórmese al quejoso que el requerimiento formulado en este auto deberá ser atendido por sí, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento legal, porque las facultades de las que gozan estas últimas solamente son para recibir notificaciones e imponerse de los autos; en ese sentido, se apercibe al disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento por analogía en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Forma de notificación y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio procesal del inconforme el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos de los ordinales 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa con esa calidad, porque así lo solicitó de manera expresa. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. En otro punto, se tiene al disidente por señalados los correos electrónicos que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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