Fidencio Cahuich Tun y Otros.

Expediente 915/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
915/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Fidencio Cahuich Tun y Otros.
  • Fidencio Cahuich Tun

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto aludido por el que se desechó la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Fidencio Cahuich Tun, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, presentada con cuatro copias y dos anexos. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar el escrito de demanda, para verificar si en el caso a estudio existe causa manifiesta e indudable de improcedencia Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con los diversos 17 y 18 de dicha Ley, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113, del propio ordenamiento, deba desecharse de plano la demanda de amparo respecto de los actos consistentes en el cobro de impuestos sobre la tenencia del vehículo de la marca Pontiac, línea Chevrolet, modelo 2006, color gris platino, con número de serie KL2MM61006CO75377 y con placas de circulación Z-48-52 del Estado de Yucatán, que duce el quejoso es de su propiedad, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el precepto legal antes relacionado, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Por su parte el numeral 17 de la propia ley de la materia dispone: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo en vigor, precisa que el plazo para la presentación de la demanda se contará, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Tiene aplicación la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En el caso, el plazo para la presentación del ocurso inicial debe computarse conforme al segundo supuesto, pues la parte quejosa aduce que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintinueve de junio del año en curso, día en el que acudió al módulo de emplacamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. En efecto, la parte quejosa señala como acto reclamado el cobro de impuestos sobre la tenencia del vehículo de la marca Pontiac, línea Chevrolet, modelo 2006, color gris platino, con número de serie KL2MM61006CO75377 y con placas de circulación Z-48-52 del Estado de Yucatán, que aduce conoció el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. En ese orden, es incuestionable que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió con exceso. Se asevera se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que la parte quejosa se tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, y si la demanda de amparo fue presentada hasta el catorce de agosto del mismo año, resulta evidente que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo aplicable, resultando su presentación extemporánea, pues el plazo inició el tres de julio del año en curso y feneció el veintitrés del mismo mes y año, sin contar el siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de junio del presente año, y si su presentación ante la oficina de correspondencia común fue el catorce de agosto de dos mil dieciocho, luego, es incuestionable el consentimiento tácito para la presentación del ocurso inicial. Bajo esa óptica, debe señalarse que el plazo de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, transcurrió en exceso a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que motivo el juicio de amparo en estudio, pues transcurrió aproximadamente un mes para su presentación. Encuentra aplicación al caso, la tesis visible en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo de término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Es aplicable, por analogía la jurisprudencia P./J.27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, visible en la página 57, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por consiguiente, si la petición de amparo fue presentada hasta el catorce de agosto del año en curso (es decir, aproximadamente treinta días hábiles después de la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados), según se observa del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo, y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis IV.3o.78 K, visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, desechar de plano la demanda de amparo promovida por Fidencio Cahuich Tun, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, consistente en el cobro de impuestos sobre la tenencia del vehículo de la marca Pontiac, línea Chevrolet, modelo 2006, color gris platino, con número de serie KL2MM61006CO75377 y con placas de circulación Z-48-52 del Estado de Yucatán. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su escrito de demanda y respecto de las personas que designa como sus autorizados, se les tiene como tal en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO...Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Fidencio Cahuich Tun, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, presentada con cuatro copias y dos anexos. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar el escrito de demanda, para verificar si en el caso a estudio existe causa manifiesta e indudable de improcedencia Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con los diversos 17 y 18 de dicha Ley, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113, del propio ordenamiento, deba desecharse de plano la demanda de amparo respecto de los actos consistentes en el cobro de impuestos sobre la tenencia del vehículo de la marca Pontiac, línea Chevrolet, modelo 2006, color gris platino, con número de serie KL2MM61006CO75377 y con placas de circulación Z-48-52 del Estado de Yucatán, que duce el quejoso es de su propiedad, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el precepto legal antes relacionado, establece lo siguiente: rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Por su parte el numeral 17 de la propia ley de la materia dispone: ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo en vigor, precisa que el plazo para la presentación de la demanda se contará, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Tiene aplicación la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En el caso, el plazo para la presentación del ocurso inicial debe computarse conforme al segundo supuesto, pues la parte quejosa aduce que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintinueve de junio del año en curso, día en el que acudió al módulo de emplacamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. En efecto, la parte quejosa señala como acto reclamado el cobro de impuestos sobre la tenencia del vehículo de la marca Pontiac, línea Chevrolet, modelo 2006, color gris platino, con número de serie KL2MM61006CO75377 y con placas de circulación Z-48-52 del Estado de Yucatán, que aduce conoció el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. En ese orden, es incuestionable que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió con exceso. Se asevera se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que la parte quejosa se tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, y si la demanda de amparo fue presentada hasta el catorce de agosto del mismo año, resulta evidente que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo aplicable, resultando su presentación extemporánea, pues el plazo inició el tres de julio del año en curso y feneció el veintitrés del mismo mes y año, sin contar el siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de junio del presente año, y si su presentación ante la oficina de correspondencia común fue el catorce de agosto de dos mil dieciocho, luego, es incuestionable el consentimiento tácito para la presentación del ocurso inicial. Bajo esa óptica, debe señalarse que el plazo de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, transcurrió en exceso a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que motivo el juicio de amparo en estudio, pues transcurrió aproximadamente un mes para su presentación. Encuentra aplicación al caso, la tesis visible en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo de término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Es aplicable, por analogía la jurisprudencia P./J.27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, visible en la página 57, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por consiguiente, si la petición de amparo fue presentada hasta el catorce de agosto del año en curso (es decir, aproximadamente treinta días hábiles después de la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados), según se observa del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo, y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis IV.3o.78 K, visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, desechar de plano la demanda de amparo promovida por Fidencio Cahuich Tun, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, consistente en el cobro de impuestos sobre la tenencia del vehículo de la marca Pontiac, línea Chevrolet, modelo 2006, color gris platino, con número de serie KL2MM61006CO75377 y con placas de circulación Z-48-52 del Estado de Yucatán. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia número XVII.2º. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su escrito de demanda y respecto de las personas que designa como sus autorizados, se les tiene como tal en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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