Fidencio Barreto Martinez

Expediente 1620/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1620/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Fidencio Barreto Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ******************** apoderado legal del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, personalidad que acredita en términos del instrumento notarial número ciento cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro, pasado ante la fe pública del Notario Público Número Sesenta de la Ciudad de México, mediante el cual revoca las designaciones señaladas con anterioridad y designa a diversos delegados. En atención a lo anterior, en primer término, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce a ******************** como apoderado legal del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al igual que a las personas mencionadas en la copia certificada del instrumento notarial número ciento cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro. Asimismo, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda favorable su petición en el sentido de que se le haga devolución de ese documento, por tanto, este órgano jurisdiccional pone a disposición de la parte quejosa la documental de referencia. De igual manera, se tienen por revocadas las designaciones realizadas con anterioridad, y con apoyo en el numeral 9 de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos Ahora bien, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad oficiante el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, materia(s): común, página: 1830, registro: 2008986, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra sub júdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Es también aplicable la tesis aislada I.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, materia(s): común, página: 1831, registro: 2008987, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente". Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Coordinadora de Actividades de Vivienda en Morelos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos (denominación correcta a la señalada por la parte quejosa); por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho, contra actos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otra, de quienes reclama la omisión de dar contestación al escrito de petición de diez de noviembre de dos mil diecinueve. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1620/2019-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de la demanda. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, respecto de las autoridades y acto siguientes: I.- Del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su Delegado: a).- La omisión de contestación al escrito de petición de diez de noviembre de dos mil diecinueve. De la parte tercero interesada. Ahora bien, por cuanto al señalamiento del Funcionario del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores *****, como tercero interesado en el presente juicio; dígasele al promovente que no ha lugar a tener a dicho funcionario el carácter de tercero interesado, toda vez que no se encuentra dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 5 de la ley de la materia. Del incidente de suspensión. Ahora bien, sin que por el momento haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión relativo, tomando en consideración que la parte quejosa únicamente exhibió tres copias de su escrito inicial de demanda y son necesarias cinco, toda vez que son dos para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación, y dos para la apertura del incidente de suspensión; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, en relación con el numeral 110, ambos de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba dos copias más de la demanda de amparo. Es aplicable al caso, por analogía jurídica, la Jurisprudencia 2a./J. 86/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2002, Materia Común, Página 245, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala lo siguiente: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 125, 126, 127, 128, 130 y demás relativos y aplicables de la ley de amparo en vigor solicito, SE ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, y en su momento oportuno se conceda la suspensión definitiva, solicitando desde ahora, se expida a mi favor COPIA CERTIFICADA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, autorizando desde este momento para recogerla a los C. *****y C. *****". Sin embargo, en dicho ocurso no existe un apartado correspondiente en el que se advierta para qué efectos lo solicita; por tanto, con fundamento en el numeral 125 de la Ley de la Materia, deberá manifestar si es su interés solicitar la suspensión del acto reclamado; y, de ser afirmativa su respuesta, indique para qué efectos la solicita; lo anterior, en razón de que no realiza manifestación alguna. Con el apercibimiento que de no cumplir con los puntos preventivos antes citados, no será aperturado el incidente de suspensión. Requerimiento de los informes justificados. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibidas para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Apercibimiento a la parte quejosa en relación con la denominación de las autoridades responsables. Con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones de la parte quejosa está la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, en términos del artículo 79 de la ley de la materia); en consecuencia se le apercibe en el sentido que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte estar pendiente de la tramitación del presente asunto, lo cual guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN"; Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. De las pruebas. Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten la documentales que anexa, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado, por así solicitarlo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página un mil sesenta y siete, cuyo rubro establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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