Fidencio Antonio Meza Roblez
Expediente 1589/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1589/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fidencio Antonio Meza Roblez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso y quedó registrado con el número 403/2018; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.alan
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por la Jueza Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 198/2018-II del índice de éste Juzgado, girado con el objeto de notificar al quejoso FIDENCIO ANTONIO MEZA ROBLEZ, la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 1589/2017-II; dese de baja en el libro de gobierno respectivo, agréguese dicha comunicación oficial a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. De la anterior comunicación oficial se advierte que el quejoso manifiesta lo siguiente: "que interpongo recurso de revisión" En atención a lo anterior, téngase a la parte quejosa haciendo valer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia referida; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente , córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, además existe carencia de tóner para las impresoras y una exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado visible de acuerdo a los datos estadísticos oficiales; por consiguiente se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo la copia del escrito de agravios, para que el original expediente del presente juicio de amparo pueda ser remitido al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, y conozca del citado recurso de revisión. Hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que hace valer la parte quejosa, se ordena agregar a los autos sus escritos originales de agravios. Asimismo, se comunica a las partes que el Titular del Juzgado a partir del uno de abril de dos mil dieciocho es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. En mérito de lo anterior, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, al quejoso FIDENCIO ANTONIO MEZA ROBLEZ, el presente acuerdo y le corra traslado con éste, y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante exclusivamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desean hacer peticiones adicionales. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, CORRIÉNDOLES TRASLADO CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del juzgado Encargado del Despacho por licencia del titular autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 1871/2018 de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1589/2017-II, promovido por FIDENCIO ANTONIO MEZA ROBLES, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido al siguiente día en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Fidencio Antonio Meza Robles, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México y otras autoridades, reclamado lo siguiente: I.- Autoridades y actos: Comité Técnico, a quien reclamo la propuesta para ser trasladado a diverso centro federal de readaptación social, con motivo de mi alta de esta institución penitenciaria; Director General, a quien reclamo la solicitud que en base a la propuesta del comité técnico hizo a el coordinador general de los centros federales para que el suscrito sea trasladado a otra institución penitenciaria, Coordinador General de los Centros Federales, a quien reclamo la propuesta que hizo al Comisionado de Prevención y Readaptación social con motivo de la solicitud que le hizo el Director General para que el suscrito sea trasladado al diverso centro Federal de readaptación social, Comisionado de prevención y readaptación social, quien reclamo la autorización que pretende dar para que el suscrito sea egresado del actual centro de reclusión y sea trasladado e ingresado a diverso centro federal de readaptación social asimismo bajo esa guisa, el traslado propuesto por las autoridades se debe a que las constancias que ellos refieren en tal petición, es por motivo de mi alta en esta institución ya que aluden que el suscrito ya se encuentra estable y en condiciones para estar en otro centro que no era este por lo que también señalo como responsable de esta propuesta a el encargado o coordinador del área médica de este centro como autoridad que negligentemente me ha negado la atención que requiero así como a la encargada o coordinadora del área psicológica por negar mi padecimiento mental, y al encargado o coordinador del área de psiquiatría por no dar seguimiento y control con el medicamento y terapia que el suscrito requiere. (sic) SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete se ordenó registrar la demanda promovida por Fidencio Antonio Meza Robles, con el expediente 1589/2017-II, por lo que solicitó a las autoridades responsables 1) Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala Morelos, 2) Director General del Centro Federal de rehabilitación Psicosocial, 3) Coordinador General de los Centros Federales, 4) Comisionado de Prevención y Readaptación Social, 5) Encargado del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, 6) Coordinador del Área de Psicología del Centro Federal de Rehabilitación psicosocial de Ayala, Morelos y 7) Coordinador del Área de psiquiatría del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa, que se señala como el de ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por el quejoso. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto reclamado por el quejoso Fidencio Antonio Meza Robles consiste en: Omisión de brindar atención médica La sesión extraordinaria XIX de quince de septiembre de dos mil diecisiete, llevada a cabo por el Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el que emite su opinión a efecto de que se traslade urgentemente y a la brevedad posible al centro que determine la autoridad competente. La autorización de la propuesta de traslado del quejoso a otro centro de reclusión. Cabe destacar que la propuesta de la orden de traslado se corrobora de las constancias que en copia certificada remitió la licenciada Gabriela Prietto Avalos (Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial) en la que asentó que las copias eran una reproducción fiel y exacta del expediente único y clínico, certificadas el quince de noviembre del dos mil diecisiete, sin que se advirtiera diversa propuesta posterior a la ya citada. documentos que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado, consistente en la autorización de la propuesta del traslado a otro centro de reclusión. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables a) Coordinador General de Centros Federales y b) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el impetrante haya desvirtuado dicha negativa con prueba alguna Así, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Titular del Área Medica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Coordinador del Área psicológica y psiquiátrica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, ello a pesar de que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, y al efecto exhibieron diversas constancias para acreditar que sí han proporcionado al quejoso el servicio médico necesario. En efecto, en el caso no es factible tener como inexistentes dichos actos, pues se debe determinar mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho fundamental a la salud, al ser este precisamente el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio médico y en qué condiciones. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO." Asimismo, respecto a la propuesta de la orden de traslado se corrobora de las constancias que en copia certificada remitieron dichas autoridades responsables en apoyo a su informe justificado (fojas 604 a 605, anexo II), entre ellas, copia certificada del acuerdo de quince de septiembre de dos mil diecisiete derivado de la XIX Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, dependiente del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; documentos que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. Esto más aún si se tiene en cuenta que fue expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, además de que no se advierte que hayan sido impugnados ni desestimados en su contenido con medio de prueba alguna. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, página 153, de título y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente. Se advierte que en el presente juicio de amparo, respecto al Coordinador General de Centros Federales y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 último párrafo y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En virtud de que de las constancias del juicio se advierte que no emitieron, dictaron, ejecutaron o dejaron de realizar los actos que se reclaman, por lo que no se le puede considerar como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, razón por la cual debe sobreseerse en cuanto a ésta se refiere, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Máxime que en la especie se acreditó que dichos actos reclamados fueron realizados por las diversas autoridades responsables Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Titular del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Coordinador del Área psicológica y psiquiátrica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos". Sirve de apoyo la Jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Novena Época), identificada con el número I.5o.P. J/3 consultable en la página 1363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Septiembre de 2005, registro número 177141, que precisa lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS." Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en la propuesta de traslado a su centro de procedencia, emitida en XIX sesión extraordinaria de quince de septiembre de dos mil diecisiete, por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, se da la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." Lo anterior, porque de la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado el interés jurídico y el legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 2004501, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia 852 emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 394808, cuyo rubro y texto indican: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". De la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la propuesta de egreso y consecuente traslado a diverso centro penitenciario y que no se trata de un acto que transgreda sus derechos humanos reconocidos ni sus derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ello toda vez que únicamente se trata de una propuesta y no una orden para trasladarlo de un centro penitenciario a otro, estando supeditada a la autorización que en su caso, pudiera realizar el juez de ejecución competente. Por tanto, aun cuando el Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, haya emitido el acto, lo cierto es que el mismo no afecta el interés jurídico del quejoso, entendido éste como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente, pues no se causa un perjuicio ni se afecta la esfera jurídica del promovente de manera real, objetiva y jurídica, ni ocasiona un agravio personal y directo pues, como se indicó, los efectos y consecuencias de la propuesta de traslado contenida en la décimo novena sesión extraordinaria de quince de septiembre de dos mil diecisiete, es un acto futuro e incierto, que pudiera materializarse o no, pues se requiere que el juez de ejecución competente, autorice el egreso y traslado del impetrante del centro federal donde se encuentra recluido a otro diverso, siendo en este momento cuando se otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de amparo para impugnarlo. Ahora bien, conviene precisar que respecto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, esta no corresponde a las autoridades administrativas, ni tampoco de los eventos que surjan durante dicha etapa, entre ellas, el traslado a diverso centro de reclusión; pues a partir de las reformas de los artículos 18 y 21 constitucionales, es facultad exclusiva del poder judicial, y no del ejecutivo. Lo anterior tiene sustento en el hecho consistente en que a partir del diecinueve de junio de dos mil once, con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo un sistema penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, por ende, cualquier aspecto relacionado con su ejecución, surgido después esa fecha corresponde a la autoridad judicial competente y no de la autoridad administrativa, cuya función en la etapa de ejecución de sanción se limita a la administración de los lugares en los que los sentenciados compurgan la pena impuesta, sin tener injerencia en los aspectos jurídicos relevantes que surjan durante la vigencia de la pena, pues éstos, son de competencia exclusiva del poder judicial. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J.17/2012, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 18, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." Criterio que incluso toma vigencia al establecerse Jurisprudencialmente por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se reclame la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, constituye en acto formal y materialmente jurisdiccional y no administrativo, pues la competencia legal para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en materia penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 18/2012 (10ª ), sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 17 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época, que indica lo siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada." Bajo dichas premisas, es dable concluir que la determinación de los lugares donde un sentenciado debe cumplir la pena, a partir de la reforma constitucional en comento, es competencia exclusiva de la autoridad judicial, a quien le corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se pudieran producir sobre tal aspecto. Lo anterior fue sostenido en la Jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional". Sin embargo, en el caso concreto, como se anticipó, se reclama la propuesta de egreso y consecuente traslado a diverso centro penitenciario del quejoso y en la opinión emitida en la sesión extraordinaria referida en el párrafo que antecede se refiere a un posible egreso y consecuente traslado, sin que resulte una determinación en sí misma. Cierto, los estudios realizados al quejoso que culminaron con la propuesta reclamada se tratan de simples opiniones técnicas, tendientes a hacer del conocimiento de la autoridad a la que le corresponda, la existencia de una situación jurídica o fáctica determinada, para que se dicte la resolución que en derecho proceda, por lo que aquéllas opiniones, en sí mismas, no obligan unilateralmente, pues están sujeta a que sean acogidas o no por la autoridad judicial de que se trate. Aunado a ello, la propuesta en cuestión no tiene, por sí sola, una ejecución de imposible reparación, habida cuenta de que como ya se señaló, con ella no se emite una resolución decisoria; ciertamente, la opinión emitida por sí sola no produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos de la parte quejosa. Sustenta lo anterior por identidad jurídica al caso, la tesis emitida en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, página 583, que dispone: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DEL DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y CONSULTIVO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Como el dictamen que rinde el director general de lo Contencioso y Consultivo de la Procuraduría General de la República al oficial mayor, informando que un elemento de seguridad no aprobó la pericial poligráfica en términos de los artículos 11 bis-1, 11 bis-2 y 11 bis-3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es una simple opinión tendiente a hacer de su conocimiento, la existencia de una situación jurídica o fáctica determinada, para que el oficial mayor dicte la resolución que en derecho proceda, es claro que dicho dictamen no obliga unilateralmente y, por tanto, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque está sujeto a que sea acogido o no por la autoridad administrativa mencionada." También respalda lo anterior por identidad jurídica, la tesis emitida en la Décima Época por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 5, página 4706, que establece: "SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL AMPARO QUE PROMUEVAN CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA ES IMPROCEDENTE. Conforme a los artículos 44 a 60 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 83 a 88 de su reglamento, la referida institución cuenta con un Centro de Evaluación y Control de Confianza que tiene a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza de sus servidores públicos, con sujeción a los criterios, normas, procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de verificar que satisfagan los requisitos de permanencia en relación con el cumplimiento a los principios constitucionales de certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Así, los mencionados servidores públicos deberán someterse y aprobar los siguientes exámenes: a) patrimonial y de entorno social; b) médico; c) psicométrico y psicológico; d) poligráfico, y e) toxicológico y, en caso de no resultar aptos, dejarán de prestar sus servicios en la dependencia, previo desahogo del procedimiento de terminación del nombramiento o de separación del servicio en que se les citará a una audiencia para que manifiesten lo que a su derecho convenga; una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización de dicha procuraduría resolverá lo que corresponda. En estas condiciones, los actos emitidos dentro de los procesos de evaluación de control de confianza no tienen, por sí solos, una ejecución de imposible reparación, porque no se ha emitido la resolución decisoria y, por tanto, el amparo promovido en su contra por los señalados servidores públicos es improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el precepto 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo." De la misma forma sustenta lo antes expuesto por identidad jurídica al caso, la tesis emitida en la Novena Época por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 1952, que dice lo siguiente: "AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO EL RESULTADO "NO APTO" DE SU EVALUACIÓN CONJUNTA DEL PROCESO DE CONTROL DE CONFIANZA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). El resultado "no apto" de la evaluación conjunta del proceso de control de confianza practicada a los agentes del Ministerio Público de la Federación, por sí solo no les causa perjuicio, pues para separarlos del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal no basta esa evaluación, sino que es necesario sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en 2008, en el cual podrán cuestionar dicho resultado, pues aun cuando sirve de base para instaurarlo y para decretar su separación, como este hecho es futuro de realización incierta, no produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos del examinado. Por tanto, los mencionados servidores públicos carecen de interés jurídico para reclamar en el amparo el mencionado resultado." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley en cita, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa, respecto a la propuesta de traslado. Por la conclusión alcanza, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su escrito inicial de demanda (foja 02 a 06), toda vez que dichos conceptos de violación no cambiarían el sentido de este fallo. Tal consideración se funda en la tesis Jurisprudencial con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 24, Tercera parte, pagina 49, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. El similar criterio al adoptado por este juzgador ha sido confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoctavo Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 365/2017, derivado de la sentencia emitida en el juicio de amparo 1597/2015-III, del índice de este juzgado. La invocación de la ejecutoria dictada por el tribunal revisor, no precisa agregar copia de ella a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2a./J.103/2007: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Pag. 285 Jurisprudencia(Común) HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. SEXTO. Al no existir diversa causa que haga improcedente el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido por los numerales 73, 74, 75, 76 114, fracción IV, y 124 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo respecto al acto reclamado que hizo consistir en la falta de atención médica. SEPTIMO. Análisis del acto reclamado. Los conceptos de violación consistentes en la omisión de otorgar atención médica, son infundados por los motivos que enseguida se expresan. En efecto contrario a lo sustentado por el peticionario de amparo, durante su estadía dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, las autoridades responsables le han brindado la atención médica necesaria para cada una de sus enfermedades y padecimientos, con lo cual se ha garantizado su derecho fundamental a la salud, reconocido en el numeral 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien y a fin de sustentar la anterior conclusión, es importante señalar que el artículo constitucional en mención, en su tercer párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2, fracciones I a la VII del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. A su vez, los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud). Por atención médica se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud (artículo 32 de la Ley General de Salud). Las actividades de atención médica son: preventivas (incluyen las de promoción general y las de protección específica), curativas (que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno), de rehabilitación (que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física o mental) y paliativas (que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario (artículo 33, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Salud). De lo anterior, se puede dilucidar que el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, comprende el no padecer, prevenir y tratar una enfermedad. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Siendo importante destacar que el derecho a la salud, no sólo se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diversos instrumentos internacionales, como lo son el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el principio X. De lo anterior se aprecia que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Es decir, hay un doble sentido en la relación gobierno-gobernado, porque por un lado, implica una permisión al titular para acceder a los servicios de asistencia médica, con la acotación de que existen lineamientos a seguir, establecidos en la ley; por otra, el Estado se obliga a no interferir o impedir el acceso, de manera arbitraria, a los servicios, a realizar su adecuada prestación y supervisión, así como en la medida de sus posibilidades, a la creación de infraestructura institucional que se requiera para ese fin. El titular del bien jurídico de la salud, es todo ser humano, sin excepción alguna, pues aún y cuando una persona se encuentre privada de su libertad personal, tiene las mismas prerrogativas a la salud física y mental que cualquier hombre libre. En efecto, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. Ahora bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis dispone: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.). II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; (.)". "Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud (.)". "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. (.)" "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. (.)" "Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. (.)" "Artículo 79. Medidas Terapéuticas Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, podrá determinarlo la Autoridad Penitenciaria competente. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la Autoridad Penitenciaria competente determinar lo conducente. (.)" "Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los Centros Penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera continua y permanentemente en el Sistema Penitenciario Nacional. (.)" Dichos numerales prevén los derechos que tienen las personas privadas de su libertad dentro de un centro penitenciario, destacando el derecho a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de su salud, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley. Sentado lo anterior y del análisis del expediente clínico de Fidencio Antonio Meza Robles, de las constancias que en copia certificada allegaron las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Titular del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Coordinador del Área psicológica y psiquiátrica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, del año dos mil diecisiete se destaca lo siguiente: Nota medica de cinco, seis y siete de enero de dos mil diecisiete (foja 20 anexo I) Nota medica de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (foja 18 anexo I) Nota medica de cuatro de marzo de dos mil diecisiete (foja 19 anexo I) Nota medica de veinte de marzo de dos mil diecisiete (foja 19 anexo I) Nota medica de uno de abril del dos mil diecisiete (foja 17 anexo I). Nota medica de dieciséis de abril del dos mil diecisiete (foja 16 anexo I). Nota medica de veintinueve de abril del dos mil diecisiete (foja 16 anexo I) Nota medica de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (foja 15 anexo I) Nota de consulta de medicina integrada de veintisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 13 anexo I). Reporte de cirugía general de catorce de junio del dos mil diecisiete (foja 14 anexo I) Nota medica de veintisiete de junio del dos mil diecisiete (foja 12 anexo I) Nota médica de dos y trece de julio de dos mil diecisiete (foja 11 y 12 anexo I). Estudios de laboratorio de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (foja 08 anexo I) Nota medica de ocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 10 anexo I) Nota médica de quince de agosto de dos mil diecisiete (foja 09 anexo I). Nota medica de ocho se septiembre del dos mil diecisiete (foja 10 anexo I). Nota medica de veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete (foja 07 anexo I) Nota medica de nueve de octubre del dos mil diecisiete (07 anexo I). Nota médica de diecinueve de octubre del dos mil diecisiete (foja 05 y 06 anexo I). Nota médica de veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete (foja 04 anexo I). Nota medica de ocho de noviembre del dos mil diecisiete (foja 04 anexo I) Suministro de medicamento del nueve al catorce de noviembre de dos mil diecisiete (foja 02 anexo I). Nota médica de catorce de noviembre del dos mil diecisiete (foja 03 anexo I) Documentales las cuales ameritan valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Pues bien, de lo antes expuesto es dable concluir que contrario a lo sustentado por Fidencio Antonio Meza Robles, las autoridades responsables han procurado en todo momento brindarle la atención médica requerida, tanto anterior como posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, pues de su expediente clínico se observa que acude al área médica a recibir atención por parte del personal médico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, otorgándole la atención adecuada, prescribiendo el medicamento necesario para cada padecimiento y suministrándoselo, con el objeto de prevenir y tratar alguna enfermedad que pudiera padecer. Lo anterior es así, puesto que las autoridades responsables han brindado a Fidencio Antonio Meza Robles, atención médica tanto preventiva, curativa, de rehabilitación y paliativa por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Además, es necesario puntualizar que el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, no cuenta con médicos especialistas, sino que únicamente con un médico general, cuando dicho médico considera que por las sintomatologías que presentan los interno-pacientes sea necesario que se canalice con algún médico especialista, éste debe solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De su expediente clínico no se advierte constancia alguna que acredite que Fidencio Antonio Meza Robles, haya -por sí o por conducto de su defensa- solicitado a las responsables la atención médica especializada que dice no se le ha dado o que la hubiere necesitado y se le haya negado, ya que aun y cuando así lo manifestó en la demanda de amparo, no presentó algún acuse de recibo del escrito de solicitud sellado por parte de alguna de las autoridades responsables. En ese contexto, si bien el quejoso sostiene en su demanda la atención médica; sin embargo, tal aserto es insuficiente para demostrar que requiere cuidados médicos especiales, pues como se ha relatado anteriormente, de las copias certificadas de su expediente clínico, se puede advertir ha sido atendido en relación a los padecimientos que fueron dictaminados por el médico general tratante, y además, se le ha suministrado diversos medicamentos para cada uno de ellos, por lo que no puede imponerse a capricho del interno, que sea atendido por un determinado especialista, sino que debe ser coherente con lo que se ha dictaminado, en principio, por el referido médico general, respetando su derecho humano a la salud en armonía con la regulación normativa que exige el centro de reclusión en el que se encuentra el quejoso; máxime, que de lo asentado por los médicos que lo atendieron, no se advierte la necesidad de ello; amén de que no se aprecia que el quejoso solicitara la intervención de especialistas con base a un padecimiento que ameritara su intervención ni que en sus consultas médicas haya explicado algún síntoma o enfermedad relacionado con las especialidades médicas en estudio. En lo conducente, se orienta lo anterior de la tesis que emitió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2012470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h, en Materia Constitucional, Tesis I.8o.A.2 CS (10a.), que dispone: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU INSTRUMENTACIÓN RESPECTO DE INDIVIDUOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DEBE OPERAR EN EL CONTEXTO REGULATORIO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTREN. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, la privación de la libertad de un individuo no es una circunstancia que justifique el desconocimiento de la oportunidad con la que cuenta, como cualquier persona, para la atención eficiente de su salud, aspecto que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el bienestar y preservar la vida de los internos; sin embargo, en estos casos, no debe pasarse por alto que dicha prerrogativa se encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Por tanto, la instrumentación del derecho mencionado debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión en donde se encuentren, el cual admite las previsiones que, por razón de seguridad, adopten los órganos del Estado. Esta conclusión es congruente con el primer precepto constitucional citado, al determinar que la protección a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades que defina la normativa aplicable, así como con lo establecido en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a que si bien los individuos sujetos a encarcelamiento gozan de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión." En ese sentido es inconcuso que las autoridades responsables no han trasgredido en modo alguno el derecho fundamental a la salud de la quejosa reconocido en el artículo 4º Constitucional, y que le han brindado una adecuada atención médica general y especializada en estricto apego a los numerales 9, 34, 76, 78, 79 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fidencio Antonio Meza Robles, en contra de los actos que reclamó del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Titular del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Coordinador del Área psicológica y psiquiátrica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos. OCTAVO. El quejoso está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, notifique este fallo al quejoso Fidencio Antonio Meza Robles y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. NOVENO. En cumplimiento al Acuerdo General 9/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Fidencio Antonio Meza Robles, contra el acto consistente en la sesión extraordinaria XIX de quince de septiembre del dos mil diecisiete, en la que se emite opinión a efecto de que se traslade urgentemente al quejoso a otro centro de reclusión y la autorización a las autoridades Coordinador General de Centros Federales, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Titular del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Coordinador del Área psicológica y psiquiátrica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fidencio Antonio Meza Robles, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de otorgar la atención médica, reclamada al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Titular del Área Médica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, Coordinador del Área psicológica y psiquiátrica del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO. Dése cumplimento al acuerdo general 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. CUARTO. Gírese despacho para notificar esta sentencia al quejoso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN...
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Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no obra en autos el despacho ordenado por auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, a fin de notificar al quejoso Fidencio Antonio Meza Roblez el citado proveído; en mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. En mérito de lo anterior, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el Estado de Morelos, al quejoso FIDENCIO ANTONIO MEZA ROBLEZ, el presente acuerdo y le corra traslado con éste y con el oficio que se provee, y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante exclusivamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desean hacer peticiones adicionales. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/6345/2017 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza. Doy fe.
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