Fidelmar de Jesús Sánchez

Expediente 1253/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1253/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Fidelmar de Jesús Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con doce minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, en el juicio de amparo 1253/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo, informes justificados y emplazamiento de los terceros interesados. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán y el tercero interesado; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por el tercero interesado Eduardo Hernández Rivera; a lo que el Juez acuerda: ténganse por hecha la referida relación, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente S E N T E N C I A Visto, para resolver, el juicio de amparo 1253/2021, promovido por Fidelmar de Jesús Sánchez, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del (1)Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, (2) Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, así como a su (3)Presidente de dicho Tribunal, (4)Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad: La orden de aprehensión dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal 418/2021, instruida contra Fidelmar de Jesús Sánchez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas. Del (5)Fiscal General del Estado De Michoacán, (6) Coordinador General de la Policía de Investigación, (7) Fiscal Coordinador de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, (8) Director de la Policía de Investigación, todas con residencia en Morelia, (9) Fiscal Regional (10) Director Regional de Carpetas de Investigación, (11) Director Regional de Litigación, (12) Director de la Policía de Investigación, todos de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán: Su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es susceptible de ejecutarse dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables siguientes: -Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, en atención a los oficios girados al Tribunal de Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Morelia y a su Presidente. -Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad. Pues al rendir sus informes justificados los, sin que se hubiese aportado prueba alguna en contrario. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del acto reclamado a la citada autoridad. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Son CIERTOS los actos que se reclaman a las autoridades siguientes: -Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zitácuaro. -Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. -Fiscal Coordinador de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. -Coordinador General de la Policía de Investigación, con residencia en esta ciudad. -Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán. -Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. -Director de Policía de Investigación Región Zitácuaro. Toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. No obstante que lo haya negado, se presume cierto el acto reclamado al Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, dado el carácter de ejecutora que le reviste a dicha autoridad. Asimismo, es cierto el acto reclamado al Director Regional de Carpetas de Investigación de la fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, quien fue omisa en rendir su informe de ley, no obstante estar notificado para el efecto. Lo que se corrobora con las constancias relativas a la causa penal 418/2021, de la que se desprende la existencia de la orden de aprehensión dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y demás constancias digitales, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de las causa de improcedencia. En su escrito de alegatos, el tercero interesado refiere que el juicio de amparo es extemporáneo, virtud a que el quejoso conoció de la orden de aprehensión con motivo de la detención que se realizó de los diversos investigados en la causa penal de origen. Lo anterior es infundado porque no existe certeza, a través de algún medio de convicción objetivo, respecto de que lo que asevera el tercero interesado sea verídico, es decir, la detención de diversas personas no puede servir de sustento para acreditar que la fecha de conocimiento del acto reclamado es diversa; de ahí que resulte desacertado su argumento. No advirtiéndose diversas causas de improcedencia que analizar, se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. El concepto de violación hecho valer por el quejoso es infundado, sin que se advierta en él deficiencia que deba suplirse en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. El quejoso argumenta que la orden de aprehensión girada en su contra violenta sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues se le pretende privar de la libertad sin cumplir los requisitos exigidos para ello, ya que no cometió delito alguno, ni existe denuncia sobre algún hecho delictuoso. Que no ser respeto su derecho de audiencia previamente a la emisión del mandamiento de captura. Lo anterior es infundado. La Constitución Federal, en sus artículos 14 y 16 hace distinción entre actos de privación y actos de molestia; los primeros son aquellos que tienen por efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho reconocido al gobernado, por lo que se autorizan únicamente cuando se cumplen los requisitos previstos en el primero de los preceptos constitucionales mencionados, esto es, que exista un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho que generó la controversia. Por su parte, los actos de molestia constituyen una afectación a la esfera jurídica del gobernado y restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de tutelar determinados bienes jurídicos; para que tales actos se consideren constitucionales, es suficiente que preceda mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su proceder. Ahora bien, cabe señalar que el dictado de una orden de aprehensión, bajo el sistema de justicia penal acusatorio, tiene como finalidad conducir a una persona ante el juez, para que se le haga saber cuál es el cargo por el que se le pretende investigar, dándole ocasión de contestarlo, informándole de los datos de prueba que obran en su contra. Asimismo, la orden de aprehensión es una medida efímera, dado que solamente cobra vigencia desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se le pone a disposición del juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de imputación, dentro del marco de la audiencia inicial, en la cual se le harán saber al imputado los hechos por los cuales se pretende iniciar una investigación en su contra, supervisada por una autoridad jurisdiccional, dándole oportunidad de que conteste el cargo imputado, con el fin de dar lugar al dictado, en su caso, de un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos de manera formalizada y judicializada. En esas condiciones, la privación de la libertad deambulatoria sólo ocurre en el tiempo previo y hasta que el imputado es presentado a una audiencia donde, conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona. De ahí que resulte palmario que la orden de aprehensión contemplada en el sistema penal acusatorio, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo restringe provisionalmente la libertad deambulatoria del imputado y su finalidad únicamente es la de dar marcha a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez que se realiza la imputación y se dicta el auto de vinculación a proceso. Por ello, la orden de aprehensión solamente se considera un acto de molestia que sirve como conducto para iniciar el procedimiento relativo a la imputación que, en su caso, dará lugar a la discusión relativa al dictado de un auto de vinculación, o bien, a las medidas cautelares. Cabe hacer la acotación en el sentido de que lo que priva de la libertad al procesado de forma definitiva no es la orden de aprehensión ni el auto de vinculación a proceso, sino la imposición, en su caso, de la medida cautelar que se discute y resuelve en un estadio procesal diferente al en que se emite la orden de aprehensión, ya que ésta sólo implica un acto de molestia temporal al reducir la libertad deambulatoria momentáneamente hasta que el gobernado es puesto a disposición de un juez en una audiencia en la que se debe resolver, en su momento, si la investigación practicada por el agente del Ministerio Público justifica o no la apertura de una investigación judicializada, donde la regla general es que el procesado no está en prisión preventiva con motivo del trámite del proceso. Así, para el dictado de una orden de aprehensión se requiere satisfacer los requisitos previstos en el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son: i. Que se exprese por escrito, salvo en tratándose de juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, en esos casos, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido; ii. Que provenga de autoridad competente; y, iii. Que en el mandamiento relativo se funde y motive la causa legal de su determinación. La relación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal de su determinación. Ahora, en el caso a estudio, se cumple con el primer requisito, en atención a que si bien se actualiza el supuesto de excepción de que el acto obre por escrito, el mandamiento de captura se solicitó de esa forma y el Juez de la causa la otorgó en la misma forma el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. De igual modo la autoridad Judicial señalada como responsable es la competente legal para emitir la resolución que en esta vía se reclama, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 133 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conjuntamente, la autoridad responsable sí cumplió con la última de las obligaciones destacadas, consistente en que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por ello, dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión permitiéndole una real y auténtica defensa, lo que así ocurrió y como en su oportunidad se destacará. Asimismo, del análisis del citado precepto 16 constitucional, se advierte que para el dictado de una orden de aprehensión deben cumplirse como requisitos mínimos de forma y fondo los siguientes: a) Que la solicite el Ministerio Público; b) Que exista denuncia o querella; c) Que existan datos que establezcan se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y e) Que sea por un delito que tenga pena privativa de la libertad. En ese orden de ideas, el primero de los requisitos enunciados se acredita, al advertirse de autos que la resolución combatida proviene de la solicitud que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, realizada por escrito el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. El segundo de los requisitos, se encuentra justificado con la denuncia de Eduardo Hernández Rivera, en su carácter de víctima directa en la causa penal de origen. El tercero de los requisitos también se encuentra actualizado ya que de las constancias que integran la causa penal 418/2021, se aprecia que el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, libró orden de aprehensión contra Fidelmar De Jesús Sánchez y otras dos personas, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas, cometido en agravio Gerardo Lugo Parra, previsto en el artículo 125, fracción III y V 131 y 135 fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado, ilícito que prevé pena privativa de la libertad. Ahora, en cuanto al cuarto de los requisitos referidos, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de la orden de aprehensión, no es necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, el cuerpo del delito, sino sólo que únicamente deben obrar datos de los que se desprenda: a) El hecho ilícito; y b) La probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión. Acorde a lo expuesto, el Juez debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (para lo cual debe tener como factor principal, la duda razonable) y concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras: la legalidad, que implica que se enunciaron los hechos que pueden tipificar delitos y la información que se puede constituir como pruebas; y la ponderación, es decir, que exista probabilidad de que el indiciado cometió el hecho o participó en su comisión. En ese sentido, el Juez de origen consideró el siguiente cuadro fáctico de la representación social, del que se aprecian las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho previsto como delito: Que el nueve de abril de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veintidós horas, la víctima se dirigía a su casa que se ubica en la cuarta manzana de la localidad de Mactuzio de la comunidad de San Felipe los Alzati, perteneciente a Zitácuaro, Michoacán; cuando se encuentra afuera de la tienda de doña Liliana De Jesús Sánchez, decidió pasar a dicha tienda, acercándose Fidelmar De Jesús Sánchez a Eduardo Hernández Rivera, quien se bajó del vehículo, acercándose también Fabián De Jesús Sánchez y Álvaro De Jesús Sánchez; que Fabián traía una botella de cerveza de vidrio, en su mano derecha, quien la rompió y se quedó con la mitad de la botella rota; Álvaro lo jaloneó y le dijo "a ver cabrón aquí ya te cargó la chingada", en ese momento Fabián le pegó a la víctima con la botella de vidrio en la parte frontal de la cabeza, quien además recibió varios golpes como "patadas" en sus piernas y cuerpo por parte de los activos, ocasionándole a la víctima lesiones que pusieron en peligro su vida, dejándole cicatriz visible y notable en la cara, así como una cicatriz estético-dinámico a la deambulación con claudicación y cojera permanente, así como afectación emocional. Asimismo, se atribuyó al imputado una participación en cuanto coautor, porque en conjunto con otras personas agredió físicamente a la víctima. En esa tesitura, en relación con tales hechos, el Juez responsable estimó que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, en el caso, el delito de lesiones calificadas, previsto en los artículos 125, fracciones III y V, 131 y 135 fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado, normativos que disponen lo siguiente: Artículo 125. Lesiones simples A quien cause a otra persona un daño o alteración en su salud se le impondrá: . III. De cuatro a diez años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente en la cara; . V. De ocho a quince años de prisión y multa de cien a quinientos días multa, si la lesión deja al ofendido, una enfermedad mental o corporal incurable; pérdida o inutilización de un miembro, sentido o función; pérdida permanente del uso de la palabra; deformidad incorregible, incapacidad permanente para el trabajo o la pérdida de la capacidad para engendrar o la esterilización forzada. Artículo 131. Lesiones calificadas Cuando las lesiones sean calificadas, la pena correspondiente a las lesiones simples se incrementará hasta en dos terceras partes. Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: . b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él;" Para emitir la orden de aprehensión reclamada, el Juez responsable también, jurídicamente, tomó en consideración los datos de prueba que invocó en su solicitud el agente del Ministerio Público, siendo los siguientes: Denuncia de Eduardo Herández Rivera, de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante el agente de investigación, en el cual dio a conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar precisadas en el cuadro fáctico, relativa a la agresión que el ahora quejoso y las diversas personas le infirieron, lo que le causó diversas lesiones en su integridad corporal. Informe médico de lesiones con base a constancias de Eduardo Hernández Rivera, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, realizado por perito médico, del que se desprende que las lesiones sí ponen en peligro la vida, tardan más de quince días en sanar e incapacidad funcional temporal, que deja cicatriz visible y notable en la cara. Dictamen definitivo de lesiones de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por parte del perito médico forense, en el que se concluyó que las lesiones sí pusieron en peligro la vida de la víctima, tardaron más de quince días en sanar, dejaron cicatriz visible y notable en la cara; así como cicatriz estético dinámico a la deambulación con claudicación y cojera permanente. Informe de investigación de la policía investigadora, relativo a las entrevistas de Pantaleón Miranda Mendoza, quien refirió haber presenciado los hechos e identificó a los sujetos activos, así como de Vicente Paniagua Fernando, quien también refirió los hechos por haberlos percibido por sus sentidos. Dictamen pericial en materia de psicología de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el cual se practicó a la víctima, del que se concluyó que la víctima presenta afectación emocional. Dictamen pericial sobre el lugar del hecho, practicado por perito criminalista. Entrevista de Gustavo Miranda Paniagua rendido ante la policía de investigación el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, quien refirió que los sujetos activos ya se fueron de la localidad donde ocurrieron los hechos. Entrevista de Vicente Paniagua Fernando de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, quien indicó que los investigados ya no se encuentran en la localidad de los hechos. Datos de prueba ofrecidos por la Agente investigadora, y los cuales, al ser valorados y apreciados de manera conjunta, integral y armónica, conforme al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo sostuvo el juez responsable, son idóneos y pertinentes, por el momento, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que existen indicios razonables para acreditar el hecho fáctico antes referido, por haber sido recabados conforme a las reglas procesales y con respeto a los derechos procesales de los interesados, asimismo, las experticias valoradas fueron emitidas por personas con conocimientos en la materia. Lo anterior, pues así legamente lo desprendió de la denuncia de hechos realizada por la víctima directa, quien estableció dichas circunstancias a través de las cuales resintió una alteración en su salud personal; además que el hecho tiene la apariencia de delito en términos del artículo 125, fracciones III y V, en relación con el 131 y 135, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de Michoacán y tiene señalada pena de prisión. Así la clasificación jurídica otorgada, derivó, legamente, de los datos de prueba enunciados, entre los que destacan la denuncia de hechos y los dictámenes periciales que revelaron las lesiones que pusieron en peligro la vida y tardaron en sanar más de quince, días, además, que de ellos se desprende que dejaron cicatriz visible en la cara de la víctima y cojera permanente. Asimismo, estimó que los datos de prueba son suficientes para acreditar tal hecho y la probable participación del quejoso en su participación, pues no advirtió ilegalidad o ilicitud en su obtención, para ser tomados en consideración. De todos ellos, conforme a derecho, evidenció que Fidelmar De Jesús Sánchez y las otras dos personas, le dieron un botellazo en la cabeza, al mismo tiempo que lo tiraron al suelo y le dieron "patadas" en su cuerpo y cara; al tiempo que Fabián le cortó la frente desde la ceja derecha hasta el cuero cabelludo. Además, que existen imputaciones directas que se advierten de la denuncia de la víctima y de los testimonios recabados, en los que se señala como probables responsables del hecho con apariencia de delito al quejoso y a las diversas personas mencionadas. En ese sentido, es correcto que el Juez responsable hubiera determinado que la forma de intervención fue en calidad de coautoría, conforme al artículo 24 fracción III, del código sustantivo aplicable. Con lo relatado, se logra establecer, jurídicamente, el nexo causal entre la conducta atribuida al quejoso y el resultado dañoso en la salud de la víctima; con lo que queda evidenciado un hecho relevante ante la ley, el cual, como lo señaló la fiscalía, es agravado o calificado, porque existió ventaja por el número superior de personas, ya que el ahora quejoso se encontraba acompañado de otras dos personas. Lo cual, además constituye una conducta dolosa, al haberse aceptado el resultado obtenido. En ese sentido, el juez tomó en consideración los medios de prueba ya relacionados para fijar el hecho imputado y establecer que es probable que el quejoso cometió la conducta reprochada, ya que la información obtenida y el señalamiento directo de la víctima y los testigos indican que probablemente fue él, quien en compañía de otras personas, realizó la conducta reprochada, además no hay dato de prueba del que se pueda inferir la existencia de una causa de justificación o inculpabilidad, ni que sea una persona inimputable. En cuanto, a lo establecido por el artículo 141, fracción III, del Código Nacional, el Juez responsable, acertadamente, refirió que está acreditada la necesidad de cautela, ello, porque de los datos de prueba se advierte que la citación no sería la forma idónea de conducir a proceso al investigado, pues de ellos se advierte que el quejoso ya no se encuentra localizable en la localidad en la que ocurrieron los hechos y que a pesar de ser buscados en dicho lugar, no se les encontró, lo que revela su falta de voluntad de someterse a la prosecución penal. Cabe hacer la acotación que en el sistema de justicia penal basta que el Ministerio Público presente al juez datos probatorios que permitan "establecer" la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo, sea como autor o como partícipe, para el dictado de la orden de aprehensión. De ahí que, para su dictado, basta que, con los datos aportados por el Ministerio Público al Juez de Control, se establezca la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación del imputado en el hecho, y la exposición de los argumentos por los que es necesaria la cautela decretada por la responsable. Se aplica a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del epígrafe: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI FUE AUTORIZADA EN AUDIENCIA PRIVADA CON BASE EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN EL RECURSO DE REVISIÓN RESPECTIVO NO DEBE DEMERITARLOS O CONCEDERLES VALOR PROBATORIO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN". Así como, la emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN". Sin que ello implique, que se transgreda en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues el juzgador, al analizar los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, debe partir de la base que el quejoso es inocente y que corresponde a la representación social la carga de ofrecer datos de prueba idóneos y pertinentes para "establecer" un hecho de que la ley señala como delito y que es probable la participación del imputado en su comisión. Luego, si en el caso, además de colmarse los requisitos formales, obran datos de prueba con los que es factible establecer que se realizó un hecho que se encuentra tipificado como delito, además de que permite determinar la probable intervención del quejoso en ese hecho, por lo que en el presente caso se reúnen los requisitos constitucionales y legales que se exigen para el dictado de la orden de aprehensión. Ello, porque si en los datos de prueba reseñados por la fiscalía se desprenden hechos probados idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo, así como la probable participación del imputado, se obtiene que su afectación, se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad. En efecto, lo anterior no implica que se vulnere en detrimento del quejoso el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la cual éstos son considerados inocentes mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme. En este caso, la acusación ministerial quedó acreditada con los datos de prueba que se allegaron a la carpeta de investigación; además de que se obtuvieron de manera lícita, y resultaron suficientes y conducentes para fundar la orden de aprehensión constituye el acto reclamado; ello debido a que logran sostener la hipótesis de que fue el quejoso, quien, en compañía de diversas personas, causaron un menoscabo en la salud de la víctima. Sin que ello implique, que la representación social ya no se encuentre obligada a recabar diversos datos de prueba con los que se refuerce la investigación, sin embargo, se insiste, hasta el momento procesal, los datos expuestos son suficientes e idóneos para tal fin. Es de aplicarse, a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE". En ese tenor, al menos hasta ese estadio procesal, se demostró que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado aquí quejoso lo cometió, las cuales, conforme a derecho, resultaron suficientes para que el Juez de Control emitiera el mandamiento de captura. Por tanto, la resolución que constituye el acto reclamado colma los requisitos de fundamentación y motivación que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se expresaron las razones de derecho y los motivos de hecho que consideró el juez para emitir la orden de aprehensión. De ahí que, de forma legal, el juez de control determinó otorgar la cautela consistente en la orden de aprehensión del quejoso, tomando en consideración, para ello, la gravedad del delito cometido, además, del contexto de la resolución reclamada se aprecia que el imputado no tiene la intención de someterse a la potestad jurisdiccional y podría evadirse de la acción de la justicia. Conceptos de violación. Los conceptos de violación son infundados. Carece de razón legal el quejoso al señalar que la orden de aprehensión no se encuentra fundada y motivada, pues, además de contar con los requisitos para su validez, no existe denuncia en su contra. Como se ha visto, el juez responsable relacionó, analizó y valoró los medios de prueba aportados en la solicitud de captura por el Ministerio Público, destacó las razones por las que les otorgó eficacia probatoria, para lo cual precisó los datos y circunstancias que de ellas derivan, citando el fundamento legal para tal efecto; asimismo, expresó las circunstancias especiales, razones particulares, así como causas inmediatas que tuvo en consideración para su emisión, cumpliendo con ello, la obligación motivar la orden de aprehensión reclamada. Destacando además, que el inició de la investigación y la solicitud de la orden de aprehensión derivó, precisamente, de la denuncia realizada por la víctima directa, respecto del hecho con apariencia de delitos de lesiones calificadas, el cual establece pena privativa de libertad. Asimismo, deviene infundado el motivo de disenso en el que el promovente del amparo refiere que no se respetó el derecho de audiencia en su favor, pues nunca ha sido llamado para hacer valer sus defensas. Es así, pues para el dictado de la orden de aprehensión, la autoridad responsable no está obligada a cumplir con las formalidades del procedimiento de un acto privativo, establecido en el artículo 14 Constitucional, pues de acuerdo a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las formalidades que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, consistentes en que se le haya notificado el inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa; la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, se darán una vez que el quejoso se encuentre sujeto al procedimiento penal respectivo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, del epígrafe: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA". En consecuencia, no habiendo más conceptos de violación ni queja deficiente que suplir sobre los diversos aspectos legalmente resueltos por la autoridad responsable, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Fidelmar de Jesús Sánchez contra el acto que reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Zitácuaro. La negativa del amparo solicitado, se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama a las autoridades ejecutoras; toda vez que el quejoso lo reclamó en vía de consecuencia; es decir, lo hizo depender del reclamo a la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fidelmar de Jesús Sánchez contra los actos reclamados, aautoridades y por lo motivos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fidelmar de Jesús Sánchez contra los actos reclamados y autoridades descritas en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último de la presente sentencia.

  2. Incidental

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Visto el oficio que remite el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, en el que manifiesta que no fue omiso en rendir el informe previo que le fue solicitado, por lo que remite la documental con la que pretende acreditar dicha circunstancia; sin embargo, agréguese a los autos únicamente para obre como constancia, toda vez que en interlocutoria de dos de febrero del año en curso, se resolvió el presente incidente de suspensión.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Visto el oficio que remite el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, con el que remite copia certificada de las constancias relativas a la orden de aprehensión girada en contra del quejoso el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del causa penal ZIT-418/2021; por tanto, dese vista con ello a las partes para los efectos legales conducentes. 2. Se difiere la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan para su celebración las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Visto el oficio que remite el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, con el que rinde informe justificado, agréguese únicamente para que obre como constancia, toda vez que en proveído de treinta de diciembre del año pasado, se tuvo por recibido dicho informe. 1.1. Pruebas. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida autoridad ofreciendo como prueba las documentales que adjunta, consistentes en copia certificada de las actas de audiencia celebradas los días dieciocho y veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ZIT-418/2021, así como un disco versátil que contiene la videograbación de las mismas; las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional; con ellas dese vista a las partes. 2. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y en su lugar se fijan para su celebración las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 3. Cuaderno por separado. En esas condiciones, dado que las constancias del sumario permiten advertir la posible existencia de responsabilidades administrativas por falta de cuidado en el desempeño de las funciones propias del personal a cargo de este expediente, se ordena dar cuenta al titular por separado y con las constancias pertinentes de este asunto, a fin de que determine lo que en derecho corresponda.

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