Fidelio Moreno Morales
Expediente 1931/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1931/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/01/2018
Partes del expediente
- Fidelio Moreno Morales
Actuaciones
- Principal
III La certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues como quedó asentado anteriormente, en esta fecha causó estado el auto de veintiséis de marzo de dos mil quince, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia.
- Principal
III La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no desahogo el requerimiento formulado en el auto de prevención de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en tales condiciones, con apoyo en lo anotado en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente y dada la naturaleza del acto que por esta vía se tilda de inconstitucional, se hace efectivo el apercibimiento inserto en la providencia de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
- Principal
Notificación personal
- Principal
III.- EN ATENCIÓN AL AVISO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE VEINTIDÓS DE LOS CURSANTES, SE NOTIFICA AL QUEJOSO FIDELIO MORENO MORALES, LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE: Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Fidelio Moreno Morales, quien se ostenta como representante de Eduardo y Armando ambos de apellidos Moreno Rivera, contra actos del Juez de Control del Este Distrito Judicial y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1931/2017-III. El numeral 114 de la Ley de Amparo en vigor, en la parte que interesa, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)." Ahora, la fracción II del artículo 114, transcrito, no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos previstos en artículo 108 de la legislación en comento; sino cualquier deficiencia, irregularidad u omisión, expresamente indicadas en las restantes fracciones, que pudiese obstaculizar el trámite respectivo. En ese tenor, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: Primero. Con apoyo en el numeral 114, fracción II, de la Ley de Amparo, deberá acreditar con documento fehaciente el carácter con el que se ostenta como representante de Eduardo y Armando ambos de apellidos Moreno Rivera, pues resulta que no existe documento idóneo que acredite la personalidad con que se ostenta. Lo anterior es así pues, el artículo 17 Constitucional prevé el derecho relativo a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, éstos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Es decir, que si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo cual explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia 2ª./J. 1/96, visible en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1996, Tomo III, Novena Época, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". Por ende, analizar la personalidad del promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí, en cambio, distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, aunado a que está regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente que podría ocurrir, inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantía para su ejecución e incluso, de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes son partes en juicio. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J./96, visible en la página 47 del Semanario Judicial de la Federación, enero 1996, tomo III, Novena Época, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. " Segundo. Deberá exhibir ocho copias de la documental con la que avale la circunstancia referida en el punto precedente, pues el acreditamiento de la personalidad no es cuestión que únicamente incumba a los peticionarios y al órgano jurisdiccional o que no trascienda a la litis constitucional, sino por el contrario al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el numeral 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) incide en las defensas de las demás partes en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, lo que se logra a través de una copia del documento relativo, carga que corresponde al promovente. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia número P./J. 37/2001, consultable en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J.43/96 de este Tribunal Pleno de Rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tiene derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe de exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Lo anterior, salvo que dicha personalidad la tenga acreditada ante la responsable y así lo demuestre ante este Juzgado de Distrito. Al promovente se le apercibe que de no cumplir con los extremos de los requerimientos formulados, en el lapso concedido para tal efecto, se proveerá en relación a la demanda únicamente por propio derecho. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Olga Lilia Colín Gómez, pues acorde a la certificación de cuenta tienen registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; respecto a las demás personas autorizadas se les autoriza en términos de la última parte del párrafo segundo del citado artículo; es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no contar con el registro respectivo. Con apoyo en lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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