Fidelino Nicolás López Morán
Expediente 402/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Fidelino Nicolás López Morán
- Virgilio Huerta Sánchez
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 135), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 141). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinte este órgano colegiado resolvió conceder a ******************** la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: "1) La sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. 2) Emita otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, al abordar el examen de la litis de segunda instancia, determine que la parte actora no acreditó la causa generadora de su posesión respecto de las tres fracciones de terreno materia del juicio de origen, y resuelva lo que conforme a derecho proceda." (foja 103). Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de siete de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve y ordenó traer los autos a la vista para dictar nueva resolución (foja 116). El veinticinco de septiembre de dos mil veinte pronunció otra en la que, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable determinó: El actor al ejercer la acción de usucapión manifestó que la causa generadora de su posesión fue con motivo de la donación que le realizó su padre ********************, con fecha uno de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. Si bien para demostrar la causa generadora de la posesión el accionante ofreció la prueba testimonial; sin embargo, la misma no fue idónea ya que los deponentes fueron examinados al tenor de un interrogatorio ilustrativo, lo que resta eficacia probatoria a ese medio de convicción. Con la confesional tampoco se demostró el justo título con el que la accionante pretendió demostrar la causa generadora, ya que si bien se declaró confeso fictamente al demandado, lo cierto es que las posiciones no fueron idóneas para acreditar tal extremo, pues tuvieron por objeto probar si el enjuiciado a) conoce el predio objeto de la litis; b) adquirió de ******************** los derechos posesorios del terreno controvertido; y c) realizó diversos actos con el carácter de propietario en el citado inmueble. Las ocho fotografías que el accionante anexó a su escrito de once de enero de dos mil dieciocho tuvieron como finalidad acreditar los actos de perturbación que realizó el demandado al inmueble controvertido, mas no la causa generadora de la posesión. En tanto que la inspección judicial y las treinta placas fotográficas estuvieron encaminadas a identificar el terreno en disputa, así como a establecer sus características, delimitaciones y destino. Tanto la copia certificada de la escritura relativa al contrato de cesión de derechos posesorios que celebraron ******************** y ********************, como la copia certificada de la escritura en que se hizo constar la cesión de derechos posesorios que celebraron ******************** y ********************, informan sobre tales actos jurídicos, sin que logren demostrar el justo título a que aludió el actor en la demanda de origen (donación). El certificado de inscripción expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala es un documento del que se desprenden los diversos movimientos registrales asentados en la partida en que se encuentra inscrito el terreno en disputa, pero no la causa generadora de la posesión. A pesar de que el accionante invocó como causa generadora de la posesión una donación, sin embargo, no exhibió el escrito en que se plasmara dicho contrato, lo que era legalmente indispensable, ya que la donación de un inmueble debe constar por escrito, pues se trata de un contrato consensual que se perfecciona con la voluntad de las partes: uno, al ofrecer en donación el bien, y el otro al aceptarlo, tal y como se desprende de lo dispuesto por los artículos 1940 y 1945 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala (vigentes a la fecha en que se pactó la pretendida cesión gratuita a la que se refiere el actor). Lo anterior lleva a concluir que no se demostró la causa generadora de la posesión que invocó el accionante y, por consiguiente, la acción de usucapión ejercida no debe prosperar; lo que obliga a revocar la sentencia del juez natural y, en consecuencia, absolver al demandado de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Se hace saber a las partes que el presente auto es recurrible y dispone de quince días para ello, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:-- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;-- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; o-- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado.-- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." "ARTÍCULO 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.-- La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.-- Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo." Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 135), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 141). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinte este órgano colegiado resolvió conceder a ******************** la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: "1) La sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. 2) Emita otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, al abordar el examen de la litis de segunda instancia, determine que la parte actora no acreditó la causa generadora de su posesión respecto de las tres fracciones de terreno materia del juicio de origen, y resuelva lo que conforme a derecho proceda." (foja 103). Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de siete de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve y ordenó traer los autos a la vista para dictar nueva resolución (foja 116). El veinticinco de septiembre de dos mil veinte pronunció otra en la que, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable determinó: El actor al ejercer la acción de usucapión manifestó que la causa generadora de su posesión fue con motivo de la donación que le realizó su padre ********************, con fecha uno de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. Si bien para demostrar la causa generadora de la posesión el accionante ofreció la prueba testimonial; sin embargo, la misma no fue idónea ya que los deponentes fueron examinados al tenor de un interrogatorio ilustrativo, lo que resta eficacia probatoria a ese medio de convicción. Con la confesional tampoco se demostró el justo título con el que la accionante pretendió demostrar la causa generadora, ya que si bien se declaró confeso fictamente al demandado, lo cierto es que las posiciones no fueron idóneas para acreditar tal extremo, pues tuvieron por objeto probar si el enjuiciado a) conoce el predio objeto de la litis; b) adquirió de ******************** los derechos posesorios del terreno controvertido; y c) realizó diversos actos con el carácter de propietario en el citado inmueble.Las ocho fotografías que el accionante anexó a su escrito de once de enero de dos mil dieciocho tuvieron como finalidad acreditar los actos de perturbación que realizó el demandado al inmueble controvertido, mas no la causa generadora de la posesión. En tanto que la inspección judicial y las treinta placas fotográficas estuvieron encaminadas a identificar el terreno en disputa, así como a establecer sus características, delimitaciones y destino. Tanto la copia certificada de la escritura relativa al contrato de cesión de derechos posesorios que celebraron ******************** y ********************, como la copia certificada de la escritura en que se hizo constar la cesión de derechos posesorios que celebraron ******************** y ********************, informan sobre tales actos jurídicos, sin que logren demostrar el justo título a que aludió el actor en la demanda de origen (donación). El certificado de inscripción expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala es un documento del que se desprenden los diversos movimientos registrales asentados en la partida en que se encuentra inscrito el terreno en disputa, pero no la causa generadora de la posesión. A pesar de que el accionante invocó como causa generadora de la posesión una donación, sin embargo, no exhibió el escrito en que se plasmara dicho contrato, lo que era legalmente indispensable, ya que la donación de un inmueble debe constar por escrito, pues se trata de un contrato consensual que se perfecciona con la voluntad de las partes: uno, al ofrecer en donación el bien, y el otro al aceptarlo, tal y como se desprende de lo dispuesto por los artículos 1940 y 1945 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala (vigentes a la fecha en que se pactó la pretendida cesión gratuita a la que se refiere el actor). Lo anterior lleva a concluir que no se demostró la causa generadora de la posesión que invocó el accionante y, por consiguiente, la acción de usucapión ejercida no debe prosperar; lo que obliga a revocar la sentencia del juez natural y, en consecuencia, absolver al demandado de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Se hace saber a las partes que el presente auto es recurrible y dispone de quince días para ello, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:-- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;-- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; o-- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado.-- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." "ARTÍCULO 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.-- La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.-- Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo." Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 135), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 141). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinte este órgano colegiado resolvió conceder a ******************** la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: "1) La sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. 2) Emita otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, al abordar el examen de la litis de segunda instancia, determine que la parte actora no acreditó la causa generadora de su posesión respecto de las tres fracciones de terreno materia del juicio de origen, y resuelva lo que conforme a derecho proceda." (foja 103). Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de siete de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve y ordenó traer los autos a la vista para dictar nueva resolución (foja 116). El veinticinco de septiembre de dos mil veinte pronunció otra en la que, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, la sala responsable determinó: El actor al ejercer la acción de usucapión manifestó que la causa generadora de su posesión fue con motivo de la donación que le realizó su padre ********************, con fecha uno de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. Si bien para demostrar la causa generadora de la posesión el accionante ofreció la prueba testimonial; sin embargo, la misma no fue idónea ya que los deponentes fueron examinados al tenor de un interrogatorio ilustrativo, lo que resta eficacia probatoria a ese medio de convicción. Con la confesional tampoco se demostró el justo título con el que la accionante pretendió demostrar la causa generadora, ya que si bien se declaró confeso fictamente al demandado, lo cierto es que las posiciones no fueron idóneas para acreditar tal extremo, pues tuvieron por objeto probar si el enjuiciado a) conoce el predio objeto de la litis; b) adquirió de ******************** los derechos posesorios del terreno controvertido; y c) realizó diversos actos con el carácter de propietario en el citado inmueble.Las ocho fotografías que el accionante anexó a su escrito de once de enero de dos mil dieciocho tuvieron como finalidad acreditar los actos de perturbación que realizó el demandado al inmueble controvertido, mas no la causa generadora de la posesión. En tanto que la inspección judicial y las treinta placas fotográficas estuvieron encaminadas a identificar el terreno en disputa, así como a establecer sus características, delimitaciones y destino. Tanto la copia certificada de la escritura relativa al contrato de cesión de derechos posesorios que celebraron ******************** y ********************, como la copia certificada de la escritura en que se hizo constar la cesión de derechos posesorios que celebraron ******************** y ********************, informan sobre tales actos jurídicos, sin que logren demostrar el justo título a que aludió el actor en la demanda de origen (donación). El certificado de inscripción expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala es un documento del que se desprenden los diversos movimientos registrales asentados en la partida en que se encuentra inscrito el terreno en disputa, pero no la causa generadora de la posesión. A pesar de que el accionante invocó como causa generadora de la posesión una donación, sin embargo, no exhibió el escrito en que se plasmara dicho contrato, lo que era legalmente indispensable, ya que la donación de un inmueble debe constar por escrito, pues se trata de un contrato consensual que se perfecciona con la voluntad de las partes: uno, al ofrecer en donación el bien, y el otro al aceptarlo, tal y como se desprende de lo dispuesto por los artículos 1940 y 1945 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala (vigentes a la fecha en que se pactó la pretendida cesión gratuita a la que se refiere el actor). Lo anterior lleva a concluir que no se demostró la causa generadora de la posesión que invocó el accionante y, por consiguiente, la acción de usucapión ejercida no debe prosperar; lo que obliga a revocar la sentencia del juez natural y, en consecuencia, absolver al demandado de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Se hace saber a las partes que el presente auto es recurrible y dispone de quince días para ello, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:-- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;-- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; o-- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado.-- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." "ARTÍCULO 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.-- La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.-- Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo." Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
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