Fidelia Ramírez Pérez

Expediente 225/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
225/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Fidelia Ramírez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede, y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cabal cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Al efecto, se acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.. Vista; la certificación que antecede, y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cabal cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Al efecto, se acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 225/2019-II, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Acto reclamado. Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que inmediatamente le causa perjuicio, pues omite señalar el número de placas del vehículo que refiere cuenta con orden de localización y detención. Lo anterior es así, dado que sus manifestaciones resultan ser imprecisas, obscuras y contradictorias para este juzgador; además, fijarse en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento civil, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75, y 77, de la Ley de Amparo. De ahí que en el caso particular deba especificar lo solicitado, pues con dicha precisión se fijará la litis en el presente asunto, y así las autoridades responsables estarán en posibilidad de rendir sus informes respecto de los actos que se les atribuyen. Al efecto, apoya la anterior consideración el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo texto y rubro son el tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. SEGUNDO. Manifieste pormenorizadamente respecto a los diversos juicios de amparo que ha promovido dentro del procedimiento laboral, en específico el 94/2017. Ello debido a que de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que el quejoso ha promovido diversos juicios de amparo, los cuales han sido radicados en este Circuito Judicial. Por el sentido que informa, tiene aplicación el criterio sustentado en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. TERCERO. Precise todos y cada uno de los antecedentes del acto reclamado; esto es, los hechos o abstenciones que lo constituyen, pues en el hecho cuatro de su escrito de demanda, manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de febrero de dos mil diecinueve; sin embargo, de la revisión realizada al juicio de amparo 94/2017, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que fue con anterioridad; esto es, el cuatro de enero de dos mil diecisiete, en que el Juzgado responsable dictó un auto en el juicio de origen, donde ordenó la detención y puesta a disposición de las placas y tarjetas de circulación respectivas. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. En esa tesitura, se apercibe tanto al quejoso como a sus autorizadas, que de ser el caso se impondrá la multa de cincuenta a quinientos días de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 249, de la Ley de Amparo. Asimismo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que determine lo conducente, en relación con el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la materia, esto es, de advertirse que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, porque en la especie no se reclaman actos de excepción a la regla. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se cita en el rubro de la demanda; y como autorizadas para tales efectos, recoger toda clase de documentos e imponerse de autos, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a las personas que menciona, toda vez que así lo solicitó. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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