Fidelia Garcia Felix

Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
80/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Fidelia Garcia Felix

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, con el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 32/2022, de la cual se desprende que dicho tribunal se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, derivado del juicio de amparo promovido por Fidelia García Félix, y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en turno. Por otra parte, agréguese a los autos el diverso oficio número 5260/2023 del actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Fidelia García Félix.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuanta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante cual en atención a lo solicitado, por este Juzgado, en el oficio 135/2022, remite el contenido íntegro del oficio por medio del cual comunica que se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitando, entre este Juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, formándose el conflicto competencial 32/2012.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con domicilio en Culiacán, y este órgano de control constitucional, formándose el conflicto competencial 32/2022. Finalmente, el oficio de cuenta se recibió de forma incompleta, por tanto, con el único fin de conocer el contenido íntegro del acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, se le pide de la manera más atenta a la superioridad, lo remita de nueva cuenta.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al que acompaña los autos del expediente 88/2022, en el que se encuentra agregada la demanda de amparo presentada por Fidelia García Félix, por propio derecho, con copias y un anexo; asimismo comunica el contenido del auto de veintiséis de enero del año en curso, mediante el cual se declaró legalmente incompetente por razón territorio para conocer de la demanda de garantías promovida por la citada promovente, contra actos del Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad, por los motivos asentados en el mismo; consecuentemente, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 80/2022; y al respecto se provee: Fidelia García Félix presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad, a quienes les reclama las retenciones o descuentos al pago que recibo por concepto de jubilación. Para sustentar lo anterior, la promovente de amparo anexó a su demanda de amparo, copia simple del recibo de pago de nómina, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se advierte que en el periodo de pago del mes de enero de dos mil veintidós, se hizo una "Deducción", por el concepto 322 denominado "Cred Jub-Pen", por la cantidad de $3,236.16 (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL). Conforme a lo antes expuesto, el Juzgado declinante se declaró legalmente incompetente por territorio, bajo el argumento toral que el acto reclamado, consistente en la retención o descuento de la jubilación de la promovente de amparo, se está ejecutando en la ciudad de Guasave, Sinaloa, conforme la siguiente transcripción: ". En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Lo anterior es así, pues la ejecución del acto reclamado consistente en la retención o descuento de su sueldo o pago como jubilada tiene lugar en Guasave, Sinaloa; lo que se corrobora con el recibo de pago folio 6781, que acompañó a su escrito de demanda, del que se advierte su nombre Fidelia García Félix, "Localidad: Guasave", "Delegación 26-Sinaloa", datos que revelan que la ejecución del descuento reclamado tiene lugar en la citada ciudad, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa; documental que merece valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. ." Sin embargo este Juzgado de Distrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, porque la competencia del órgano que debe conocer de la demanda de amparo, se surte a favor de aquél en donde el promovente tiene su domicilio, pues así lo ha señalado el Máximo Tribunal del país. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J.152/2009, analizó un caso similar al que se aborda en este proveído, pues determinó que cuando se reclama en amparo la indebida cuantificación de la pensión por no aplicarse los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de los pensionados (acto positivo), el cual se desenvuelve en su domicilio, por lo que será en éste en dónde resientan su ejecución y, por ende, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio del quejoso. En la ejecutoria respectiva, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País consideró, en lo que interesa al asunto, lo siguiente: ". DÉCIMO SEGUNDO. Para definir el criterio jurídico que debe imperar en cuanto a las posturas contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados, en cuanto al punto de contradicción relativo al primer tema consistente en determinar si el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de la pensión de los quejosos, acto atribuido específicamente al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del citado instituto, es de naturaleza ejecutable o no y, por lo mismo, debe precisarse qué porción normativa del artículo 36 de la Ley de Amparo es la aplicable para definir la competencia por territorio del Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo instaurado en contra de ese acto reclamado. En este aspecto, se impone destacar que el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, es del siguiente tenor: "Artículo 57. (LO TRANSCRIBE) El precepto señalado fue reformado a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y modificado el uno de enero de dos mil dos. En el primer caso, para que los incrementos a las pensiones se otorgaran en proporción al aumento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y en el segundo, para que los aumentos procedieran conforme al incremento anual en el año anterior del Índice Nacional de Precios al Consumidor. El acto reclamado en los juicios de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión de los quejosos, al no habérseles aplicado los incrementos en el tiempo y proporción en que se aumentaron los sueldos básicos de los trabajadores en activo, tal como lo disponía el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, acto atribuido específicamente al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del citado instituto. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales por razón de territorio de los Jueces de Distrito, en los siguientes términos: "Artículo 36. (LO TRANSCRIBE) Del precepto referido se desprende una condición indispensable para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces Federales, consistente en determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material. En el primer caso, se fijan dos reglas: a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. En el segundo supuesto, que el acto reclamado no requiera ejecución, la norma indica que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Como se advierte, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías depende de la naturaleza del acto reclamado, para lo cual, resulta indispensable determinar si éste requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas. En la especie, el acto reclamado en los juicios de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos a los que el quejoso tiene derecho de conformidad con el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su texto vigente hasta el cinco de enero de mil novecientos noventa y tres. Esto es, se reclama la cuantificación de la pensión con los incrementos en las fechas y en la proporción en que se hayan aumentado los sueldos básicos de los trabajadores en activo, porque a partir de la reforma del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, las pensiones se otorgan en proporción al aumento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y en la modificación del uno de enero de dos mil dos, los aumentos proceden conforme al incremento anual en el año anterior del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En este orden de ideas, el acto reclamado se atribuye además de otra autoridad, al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien según se advierte de las fracciones II y III del artículo 46 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (anterior al vigente en dos mil nueve), tiene las siguientes atribuciones: "Artículo 46. (LO TRANSCRIBE) Ahora bien, conviene señalar que la teoría general acerca de la naturaleza de los actos administrativos reconoce los actos positivos y negativos. Esta diferencia es importante para determinar si un acto tiene o no ejecución tomando en consideración que el artículo 36 de la Ley de Amparo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. En este orden de ideas, si el acto reclamado se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos respectivos, es claro que este acto no implica la impugnación de una conducta comisiva o de hacer, antes bien es todo lo contrario, es decir, se controvierte una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone, de ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión no pueda considerarse como un acto positivo, sino como uno negativo. Ahora bien, conviene advertir las consecuencias del indicado acto a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por ende, ejecutables. Es importante esta diferencia porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del indicado numeral. Es de explorado derecho que la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos respectivos se traduce en un pago de forma incorrecta hacia el pensionado, proveniente de la autoridad facultada para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Bajo esta consideración, aunque el acto reclamado se ubique en su forma de expresión como un acto negativo (no pago), lo cierto es que en virtud de sus consecuencias es positivo si se toma en cuenta que implica la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar de la pensión de manera completa, es decir, correctamente cuantificada, inclusive, en virtud de esa negativa la autoridad actúa en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso al pagarle de forma incompleta su pensión (pago parcial, fragmentado o disminuido). Luego, es claro que el acto reclamado se asemeja por su forma de expresión a una negativa simple, sin embargo, por sus efectos se deduce que en realidad tiene naturaleza positiva y como tal debe tratarse. No constituye un obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia acerca de que el acto reclamado no se haya hecho consistir materialmente en la falta de pago de la pensión respectiva, pues es indudable que esa es una consecuencia directa e inmediata de la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos respectivos. En virtud de lo anterior no es aplicable al caso el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Dilucidado que el acto reclamado es ejecutable, resta distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del numeral citado en el párrafo que antecede. De acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el pago de pensión está intrínsecamente ligado al lugar del domicilio del pensionado, tal como se aprecia de los siguientes numerales: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete) "Artículo 80. (LO TRANSCRIBE) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a partir del 1o. de abril de marzo de dos mil siete) "Artículo 16. (LO TRANSCRIBE) "Artículo 105. (LO TRANSCRIBE) "Artículo 137. (LO TRANSCRIBE) Conforme a estos numerales, tanto la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como la vigente, ligan el pago de pensión al domicilio del pensionado, situación que atiende a una lógica natural por ser razonablemente el lugar en el que cobre y disfrute de su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. En esa tesitura, puede afirmarse válidamente que la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos a la pensión tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil Federal, establece: "Artículo 29. (LO TRANSCRIBE) "Artículo 30. (LO TRANSCRIBE) "Artículo 31. (LO TRANSCRIBE) "Artículo 32. (LO TRANSCRIBE) Del artículo 29 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas: El lugar donde residen habitualmente, entendiéndose por esto, donde permanecen por más de seis meses; a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de estos dos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar en donde se encontraren. Los artículos 30 y 31 definen, uno, lo que debe entenderse por domicilio legal y, otro, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan susservicios), no se precisa cuál será el de los que ya no tengan esa calidad, caso en el cual por cuestión lógica se aplicará lo establecido en el aludido artículo 29, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas físicas, se advierte que los artículos 29 y 32 del Código Civil Federal establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente y presumiendo que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio a aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto la indebida cuantificación de la pensión por no haberse aplicado los aumentos respectivos, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de derechos de los derechos pensionarios de las personas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, en consecuencia, dichos efectos se materializan, por seguridad jurídica, en el lugar de su domicilio y no en varios, de ahí que no tenga aplicación al caso la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo relativo a que: "Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente." Entonces, cuando se reclame la indebida cuantificación de la pensión respectiva o como técnicamente se le denominó en los amparos de los que derivó esta contradicción: "la aplicación retroactiva de las reformas a lo previsto en el párrafo tercero el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que entraron en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, así como las reformas al indicado precepto legal que entraron en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos", debe considerarse competente, conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, primer párrafo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en términos de lo que al respecto establece el Código Civil Federal, al ser éste el lugar en que debe entenderse tuvo ejecución tal acto. No es obstáculo para arribar a la indicada conclusión la circunstancia de que no se señale como acto reclamado de manera destacada la falta de pago material de la pensión respectiva, porque tal situación es consecuencia (ejecución) natural de aquel acto reclamado, tomando en consideración que la incorrecta cuantificación de la pensión no significa falta de ejecución, pues en todo caso como ya se ha desarrollado en líneas arriba, las pensiones cuyo ajuste se reclaman se pagan en un lugar distinto del Distrito Federal y, de concederse el amparo ordenando otorgar los incrementos, la resolución tendría ejecución en un lugar distinto del que se emite esa decisión por la autoridad ordenadora en acatamiento de la sentencia respectiva. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. De igual modo, con esta forma de resolver se atiende al principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque considerar competente al Juez de Distrito del lugar de la autoridad encargada de conceder, negar, suspender, modificar o revocar las jubilaciones, cuyo domicilio conocido es en la Ciudad de México, llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en el Distrito Federal los juicios promovidos contra la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, lo que implicaría retardo en la impartición de justicia no sólo en esos asuntos, sino igualmente en los demás de que conocen dichos órganos jurisdiccionales. ." Lo así dicho se encuentra en la ejecutoria que le da origen a la jurisprudencia 2a./J.152/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 95, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, correspondiente al mes de octubre de dos mil nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.-Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Las consideraciones expresadas por el Máximo Tribunal del país, orientan al suscrito juzgador para rechazar la competencia que se declina y devolver los autos, por ser en la ciudad de Culiacán, donde tiene la promovente de amparo su domicilio, pues en el apartado "NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO", señaló que está en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; afirmación que tiene pleno valor probatorio conforme lo dispone el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, conforme el citado numeral procesal, los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba, por tanto, si la promovente de amparo señaló en el apartado de "NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO" que era el ubicado en Culiacán, Sinaloa; entonces, esta afirmación es suficiente para tener por cierto ese hecho, hasta en tanto no existe prueba en contrario. Aunado a lo anterior, resulta de notoria importancia señalar que, en los autos remitidos a este Juzgado de Distrito, obra el acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, suscrito por la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en donde se declarar legalmente incompetente, por razón de turno, para conocer de la demanda de amparo que ahora nos ocupa, porque previamente, la promovente de garantías presentó otros líbelos constitucionales ante el Juzgado Tercero en la misma demarcación territorial, radicados con los números de expediente 196/2021 y 475/2020, y por el mismo acto reclamado; antecedentes que permiten concluir que, la ahora promovente de amparo Fidelia García Félix, tiene su residencia en aquella ciudad capital y que no fue un hecho aislado que la presentación de la demanda de amparo que ahora nos ocupa, se hubiese hecho en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Se insiste, se debe estar a lo dicho en el proemio de ésta, en el sentido que el domicilio de la justiciable, se ubica en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, conforme los razonamientos expuestos por el Máximo Tribunal del país, debe conocer de la presente demanda de amparo el Juzgado de Distrito con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, porque en esta ciudad está el domicilio de la promovente de amparo. En otro orden de ideas, tampoco pasa inadvertido para el suscrito juzgador que en la ejecutoria de contradicción de tesis antes señalada, no se analizaran las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino las relativas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues este hecho en nada varía el presente estudio, en la medida que en esta sentencia se abordó el estudio de un acto similar, a saber, cuando se están llevando a cabo actos que afectan las pensiones (las cuales fueron catalogados como actos positivos) En el caso concreto se trata de un descuento a la pensión que recibe Fidelia García Félix, y que lleva a cabo la autoridad administrativa Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que se traduce en una indebida cuantificación de la pensión o pago disminuido de ésta. Además, en la citada ejecutoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoyó, entre otros preceptos, en el artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a nivel federal a partir del uno de abril de dos mil siete), texto que es similar al del artículo 137 bis de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí que se estime que las consideraciones expresadas en la citada contradicción de tesis son perfectamente aplicables al caso por identidad jurídica. No obsta a lo anterior, que en la ejecutoria relativa se haya interpretado el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, pues la regla de competencia que estimó aplicable al caso el Máximo Tribunal del País, es la relativa a que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; la cual, como se evidenció en párrafos precedentes, no sufrió modificación alguna con la emisión de la nueva Ley de Amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 705, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciséis, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." En ese tenor, como se determinó en la citada jurisprudencia, y de conformidad con los artículos transcritos en párrafos precedentes, el pago de la pensión se encuentra vinculado al domicilio de los pensionados, porque es el lugar en el que éstos cobran y disfrutan su pensión y, por tanto, las consecuencias del descuento efectuado por el Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se materializan en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual se desenvuelve, principalmente, en el domicilio de éstas. Se insiste, la parte quejosa señaló en el apartado "NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO", el ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por tanto, esta afirmación tiene fuerza legal, porque no existe documento o indicio distinto que evidencia lo contrario; sin que sea óbice que en el recibo ofrecido como prueba de la parte quejosa, se expusiera otra demarcación territorial, a saber: Guasave, porque, como se indicó, la competencia para conocer de la demanda de amparo, radica en el domicilio del quejoso, no así el lugar en donde trabajó. En cuanto al domicilio, en términos similares a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe decirse que dicho atributo de la personalidad se encuentra regulado en la entidad por los artículos 124 y 125 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, los cuales disponen: "Artículo 29. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle." "Artículo 30. Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarará dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de terceros." Dichos numerales establecen que el domicilio de una persona jurídica individual, es decir, de una persona física, lo constituye, en orden de prelación, los siguientes supuestos: a) El lugar donde reside con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; b) A falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y, c) En ausencia de los dos supuestos anteriores, el lugar donde se halle la persona. De esto se sigue que los numerales transcritos establecen que, por regla general, el domicilio de las personas físicas es aquel en donde éstas residen habitualmente por más de seis meses; excepcionalmente, en caso de que la persona no tenga lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y si no se actualizan ninguna de las dos hipótesis anteriores, se tendrá como domicilio aquel en el que se encuentre la persona. En ese orden de ideas, se concluye que el descuento a la pensión por jubilación de Fidelia García Félix, tiene efectos jurídicos en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, por representar un pago disminuido y, por tanto, esas consecuencias se materializan en el lugar del domicilio de los pensionados, entendido éste, por regla general, como el lugar en el que éstos residen habitualmente por más de seis meses, toda vez que es dónde cobran y disfrutan su pensión, por lo que es en el distrito en el que se encuentre dicho domicilio en donde, efectivamente, tiene ejecución la aplicación el acto reclamado, y no en la ciudad de Los Mochis, como lo determinó el juez declina|nte. En esas condiciones, este juzgador considera que la regla de competencia aplicable al caso en que se reclame el descuento a una pensión, por parte de una autoridad administrativa, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues, como se evidenció, el referido acto impugnado sólo tiene ejecución en el distrito en el que se ubica el domicilio de la promovente, ya que es en el lugar en el que se concretan las consecuencias materiales de dicho acto. Por último, se precisa que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente Permanente y del legislador ordinario federal, en la medida de que, como se expuso, la intención de éstos fue privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento de dicho principio, toda vez que, al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir al órgano jurisdiccional a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que el juez declinante sustenta su auto del cuatro de marzo de dos mil veinte, en la jurisprudencia 2ª./J.74/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO."; sin embargo, este criterio no es aplicable en la especie, porque se refiere al aseguramiento de cuentas bancarias, hecho que no se reclama en la demanda de amparo que se analiza, por el contrario, ésta se refiere a un pago disminuido de la pensión, que se encuentra reflejado en una cuenta bancaria, pero este hecho no puede ser punto de partida para establecer que se trata de una orden de aseguramiento de la cuenta en donde se deposita la pensión que se defiende en la presente instancia constitucional. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 primer párrafo de le Ley de Amparo, este Juzgado Federal, no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de garantías promovida por Fidelia García Félix, por propio derecho, por las razones vertidas en párrafos precedentes, por lo que se ordena devolver de manera inmediata de la demanda de amparo y copias de la misma, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes relativo a este juicio de amparo número 80/2022. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia al licenciado Hugo Quintero Ortega y únicamente para que oiga, reciba notificaciones y se imponga de autos, a Juan Luis Astengo Urtusuastegui, Gabriela López Placencia, Marisol Millan Navarro, Adalberto Manuel Esquerra Verdugo, Manuel Enrique Toledo Soto y Valeria Guadalupe Lizárraga Aguilar en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que la promovente Fidelia García Félix señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en calle Mariano Escobedo 361 oriente, colonia Centro, planta alta, Culiacán, Sinaloa; y tomando en consideración que este domicilio se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el inciso c) de la fracción I, del artículo 26 de la Ley de amparo, con fundamento en los artículos 30, párrafo primero, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, EN TURNO, para que en términos de los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en auxilio a las labores de este Juzgado, se cerciore que en el domicilio antes referido, puede ser localizada la promovente Fidelia García Félix y una vez hecho lo anterior, le notifique el presente proveído. En el entendido de que si el fedatario deja citatorio o aviso judicial, por no encontrarse la promovente señalada, deberá hacerle de su conocimiento que cuenta con el término de dos días hábiles para acudir al local del juzgado exhortado, a darse por notificado mediante comparecencia, apercibida que de no hacerlo, la citada notificación se practicará por lista. Por otra parte, se faculta al Juez exhortado para que haga uso de todas las medidas tendientes a lograr la diligenciación del exhorto de referencia, acuerde promociones, imponga medidas de apremio correspondientes en caso de resistencia a la práctica de la diligencia y para que en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles y en su caso realice todas las actuaciones correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la citada diligencia. Sin que resulte necesario que la autoridad exhortante acuse recibo, toda vez que al realizar el envió electrónico del presente exhorto, el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), generará el acuse correspondiente

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano