Fidelia Aurea Candelaria Chirino

Expediente 399/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
399/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Fidelia Aurea Candelaria Chirino
  • Fidelia Aurea Candelaria Chirino y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de septiembre de dos mil veintiunoRecepción. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Genaro Villafuerte Santis, autorizado en términos amplios de la quejosa, mediante el cual solicita se declare no cumplida la sentencia de once de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 28/2021, en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Acuerdo. Atento a lo anterior, dígase al promovente que deberá estarse a lo ordenado en proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y se ordenó el archivo definitivo del presente expediente, comunicando la citada determinación judicial a la autoridad responsable mediante oficio 793-AI/2021-N.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto de dos mil veintiunoEstado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes, quejosa y tercero interesado, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. Acorde con los lineamientos de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: "ACTO RECLAMADO: la Sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte, pronunciada en el toca número 111-C-2C01/2013, segundo subsecuente, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra de la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada por la Jueza Segundo de lo Familiar de Tuxtla Gutiérrez, en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal promovido por la quejosa bajo el expediente número 371/2011, relativo al juicio ordinario de divorcio en contra del tercero interesado Pedro Sántiz Gómez; misma resolución que confirmó la interlocutoria de primer grado por considerar que a pesar de ser fundados sus agravios, son inoperantes.." En sentencia de once de junio de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 28/2021, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que, la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada. Emita otra, en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que, la venta judicial del inmueble objeto de la liquidación sea en la forma prevenida para la partición entre herederos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2300 del Código Civil para el Estado de Chiapas, y resuelva lo que en derecho proceda, incluyendo las cargas y créditos que pesan sobre el inmueble. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante oficio AMP-109-C/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, párrafo segundo. De las constancias recibidas se advierte que mediante resolución de siete de julio de dos mil veintiuno, la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, procedió a dictar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que resolvió el amparo en revisión 28/2021, y determinó que la venta judicial del inmueble objeto de la liquidación sea en la forma prevenida para la partición entre herederos de conformidad con lo que dispone el numeral 2300 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Lo anterior es así dado que la sala responsable medularmente resolvió lo siguiente: ". Conforme al contenido de los artículos 2300 y 2297 del referido Código Sustantivo, se advierte la existencia de la venta judicial en dos modalidades, forzada y voluntaria, la primera se da cuando existe un acreedor y éste como consecuencia de su derecho de cobro, persigue la venta de bienes que previamente ha embargado, por lo que en este caso, el procedimiento judicial aplicable para su venta, sería la del remate a través de almoneda y subasta pública, trayendo consigo que se castigue al deudor en la venta del bien que le ha sido secuestrado, debido al incumplimiento de su obligación, la segunda, deriva de la propia voluntad de sus legítimos representantes, y se origina única y exclusivamente sobre bienes que no admiten cómoda división, y por lo tanto, los propietarios se ven obligados a recurrir a las formalidades judiciales, sin que a ello le sea aplicable las reglas previstas para las ventas forzadas (remate), ya que la enajenación que se persigue respecto de estos bienes, no devienen de haber sido secuestrado por incumplimiento de una obligación, sino que su venta deriva de a voluntad de los copropietarios en razón de que la cosa no admite cómoda división; de ahí que en este caso, cada copropietario debe percibir lo que íntegramente en derecho le corresponde. (.) De ahí que el citado inmueble debe venderse en el precio que fijen los peritos y en consecuencia, no debe proceder su disminución conforme a las reglas del remate. Venta que deberá anunciarse a través de la publicación de edictos, acorde a lo establecido por el artículo 548 del Código de Procedimientos Civil Local, debiéndose establecer el valor de la venta, convocarse a interesados no postores, debido a que no se trata de una venta en subasta pública, almoneda o remate; anuncio que deberá ser cubierto en la misma proporción por las partes contendientes. (.)" Fallo cumplido. Por tanto, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de este auto; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, así como los documentos que se considere pertinente. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Galdámez Blanco, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2660/2021 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión; asistido de María del Rosario Villalobos Gómez, Secretaria de Juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS) NBAR

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto de dos mil veintiunoEstado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes, quejosa y tercero interesado, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. Acorde con los lineamientos de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: "ACTO RECLAMADO: la Sentencia de cinco de marzo de dos mil veinte, pronunciada en el toca número 111-C-2C01/2013, segundo subsecuente, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra de la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada por la Jueza Segundo de lo Familiar de Tuxtla Gutiérrez, en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal promovido por la quejosa bajo el expediente número 371/2011, relativo al juicio ordinario de divorcio en contra del tercero interesado Pedro Sántiz Gómez; misma resolución que confirmó la interlocutoria de primer grado por considerar que a pesar de ser fundados sus agravios, son inoperantes.." En sentencia de once de junio de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 28/2021, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que, la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada. Emita otra, en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que, la venta judicial del inmueble objeto de la liquidación sea en la forma prevenida para la partición entre herederos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2300 del Código Civil para el Estado de Chiapas, y resuelva lo que en derecho proceda, incluyendo las cargas y créditos que pesan sobre el inmueble. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante oficio AMP-109-C/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o, párrafo segundo. De las constancias recibidas se advierte que mediante resolución de siete de julio de dos mil veintiuno, la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, procedió a dictar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que resolvió el amparo en revisión 28/2021, y determinó que la venta judicial del inmueble objeto de la liquidación sea en la forma prevenida para la partición entre herederos de conformidad con lo que dispone el numeral 2300 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Lo anterior es así dado que la sala responsable medularmente resolvió lo siguiente: ". Conforme al contenido de los artículos 2300 y 2297 del referido Código Sustantivo, se advierte la existencia de la venta judicial en dos modalidades, forzada y voluntaria, la primera se da cuando existe un acreedor y éste como consecuencia de su derecho de cobro, persigue la venta de bienes que previamente ha embargado, por lo que en este caso, el procedimiento judicial aplicable para su venta, sería la del remate a través de almoneda y subasta pública, trayendo consigo que se castigue al deudor en la venta del bien que le ha sido secuestrado, debido al incumplimiento de su obligación, la segunda, deriva de la propia voluntad de sus legítimos representantes, y se origina única y exclusivamente sobre bienes que no admiten cómoda división, y por lo tanto, los propietarios se ven obligados a recurrir a las formalidades judiciales, sin que a ello le sea aplicable las reglas previstas para las ventas forzadas (remate), ya que la enajenación que se persigue respecto de estos bienes, no devienen de haber sido secuestrado por incumplimiento de una obligación, sino que su venta deriva de a voluntad de los copropietarios en razón de que la cosa no admite cómoda división; de ahí que en este caso, cada copropietario debe percibir lo que íntegramente en derecho le corresponde. (.) De ahí que el citado inmueble debe venderse en el precio que fijen los peritos y en consecuencia, no debe proceder su disminución conforme a las reglas del remate. Venta que deberá anunciarse a través de la publicación de edictos, acorde a lo establecido por el artículo 548 del Código de Procedimientos Civil Local, debiéndose establecer el valor de la venta, convocarse a interesados no postores, debido a que no se trata de una venta en subasta pública, almoneda o remate; anuncio que deberá ser cubierto en la misma proporción por las partes contendientes. (.)" Fallo cumplido. Por tanto, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de este auto; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, así como los documentos que se considere pertinente. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Galdámez Blanco, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2660/2021 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión; asistido de María del Rosario Villalobos Gómez, Secretaria de Juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SE ANEXAN EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS) NBAR

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de julio de dos mil veintiunoRecepción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos, por ministerio de ley, de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 01, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al diverso oficio 734-AI/2021-N, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en revisión 28/2021, y, remite las constancias respectivas. Acuerdo. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, para que en el término de tres días, manifiesten lo que a sus derechos convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria. Apercibimiento. Apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Instrucción al actuario. Finalmente, se ordena al actuario de adscripción que al momento de realizar la correspondiente notificación de la vista ordenada, con copia de las constancias remitidas por la responsable, corra traslado a las partes, debiendo asentar razón de dicha actuación.

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