Fidel Vargas Mendoza

Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
382/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Fidel Vargas Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 13302, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.********************1. SE RECIBE OFICIO. Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual trascribe el auto de Presidencia de once de octubre del año en curso, del que se advierte acusa recibo de los autos originales del presente expediente, asimismo informa, que asumió el conocimiento de la incompetencia planteada y registró el asunto bajo el amparo directo 793/2023, de lo que se toma conocimiento.********************2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************3. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS.********************De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el presente cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************4. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión.********************Notifíquese.

  2. Principal

    En nueve de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio.********************Asimismo, se da cuenta al Juez, con una boleta de turno recibida electrónicamente vía SISE INTERCONEXIÓN, registrados bajo los folios 12776 y 12831. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de octubre de dos mil veintitrés.********************1. ACUSA RECIBO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, acusando recibo del oficio número ********************, de veintinueve de septiembre del año en curso, con el que se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto, de lo anterior, este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales conducentes.********************2. SE RECIBE BOLETA DE TURNO. En otro orden, téngase por recibida la boleta de turno, con número de folio electrónico ********************, procedente de la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, de la cual se desprende que los autos originales del juicio de amparo en que se actúa fueron turnados al Segundo Tribunal Colegido en Materia Civil del circuito ya mencionado, de lo anterior, este órgano de control constitucional toma conocimiento para el efecto legal conducente.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Uruapan, Michoacán, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 382/2023, promovido por Fidel, Fabiola y Mireya, todos de apellidos Vargas Mendoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado en la misma fecha a este Juzgado Sexto de Distrito, Elías Arellano Ochoa, en cuanto representante legal de Fidel, Fabiola y Mireya, todos de apellidos Vargas Mendoza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, consistentes en: "IV. ACTO RECLAMADO.- El AUTO de fecha 18 dieciocho de mayo del año 2023 dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente 321/2023, Mismo que no me fuera notificado. En el cual se determinó por parte de dicha responsable que: Visto el escrito presentado por el licenciado Elías Arellano Ochoa, apoderado Jurídico de la denunciante, dígasele que no ha lugar a tenerlo por interponiendo el recurso de queja contra el auto de fecha 8 ocho de los actuales (mayo 2023), toda vez que se trata que la ley expresamente dispone que sea apelable, puesto que de conformidad con el artículo 1010 del código de procedimientos civiles vigente en el Estado "los autos dictados en los juicios sucesorios y la resolución declarando herederos de un intestado o que es legítimo un testamento, son apelables en el efecto devolutivo, salvo las excepciones expresas en la ley", por tanto, al tratarse de un auto de tal índole, resulta improcedente la admisión del recurso que se pretende incoar." La parte quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 4, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de doce de junio del dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se registró bajo el número 382/2023, se admitió la demanda a trámite; se pidió el informe justificado de la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo el uno de agosto del año corriente, al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. INCOMPETENCIA. En principio, se tiene que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 48 de la Ley de Amparo, antes de decidir sobre el fondo del asunto que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, para lo cual no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que debe analizarse de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado o vía; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por grado o vía. En ese sentido, los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) Ley de Amparo "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)" De una interpretación armónica y sistemática de los numerales transcritos, se obtiene, en lo que nos interesa, lo siguiente: El juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Que las sentencias definitivas son aquéllas que deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio son las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; y Que cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguna sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, se debe declarar incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que sea tramitada en la vía directa. En esa tesitura, este Juzgado Federal estima que carece de competencia legal por cuestión de grado o vía para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al estar reservada su jurisdicción a los Tribunales Colegiados de Circuito. Ello es así, pues el acto reclamado que la quejosa reclama al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo constituye: El acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 321/2023, relativo al juicio sucesorio intestamentario denunciado por Fidel, Fabiola y Mireya, todos de apellidos Vargas Mendoza, a bienes de Fidel Vargas Espino y Candelaria Mendoza Campos en el que declaró improcedente el recurso de queja que interpuso el apoderado jurídico de los citados Vargas Mendoza, en contra el auto de ocho de mayo del mismo año, en el que determinó como no admisible la denuncia del juicio sucesorio intestamentario, toda vez que la misma debía realizarse de manera aislada por cada de las autores de la sucesión, por lo que dio de baja el asunto. Determinación que se ubica en el supuesto de aquéllas proveídos dictados por autoridad judicial del orden civil que sin resolver el fondo del asunto, ponen fin al juicio; y por ende, en su contra es procedente el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil. Sobre el tema, existe cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, sentó precedente en el juicio de amparo directo 1032/2018, de cuya consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que determinó que el proveído por el que se desecha el recurso de queja interpuesto en contra del diverso por el que se inadmite el juicio sucesorio, como en el caso, constituye un auto en el que sin decidir el fondo del asunto lo da por concluido. Dicho criterio se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". En consecuencia, remítanse el presente juicio al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, en turno solicitándole de manera atenta, se sirva acusar de recibo e informar la determinación que al efecto emita. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias que integran el presente juicio. SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, declara carecer de competencia por razón de grado o vía para conocer y resolver del presente asunto; por tanto, una vez que las partes sean notificadas de la presente resolución y previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en Morelia, para que a su vez lo remita al Tribunal Colegiado en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firma [electrónicamente] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, hasta el día de hoy, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante María Guadalupe Mateo Mendoza, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En doce de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el término de ocho días de que dispone la parte quejosa para imponerse del informe justificado de la autoridad responsable se encuentra transcurriendo.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de julio de dos mil veintitrés.********************1. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación que antecede, se desprende que el plazo de ocho días de que dispone la parte quejosa para imponerse del informe con justificación de la autoridad responsable se encuentra transcurriendo.********************2. DIFERIMIENTO. En ese sentido, para que sea respetado el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo.********************Es aplicable, la tesis V.2o.P.A.4 K (10a.), sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes:********************"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO ELQUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes - principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten".********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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