Fidel Valle Perez
Expediente 523/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fidel Valle Perez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículos 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente recurriera el auto de siete de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintinueve de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.
- Principal
...Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Fidel Valle Pérez, quien se ostenta como integrante del colectivo FRENA; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 523/2022-3. DESECHAMIENTO Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 1131 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. Los artículos invocados establecen: Ley de Amparo 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción, I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo... Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que medularmente los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: Al respecto, en los conceptos de violación el quejoso expone que tiene interés legítimo sobre la situación que plantea, como ciudadano mexicano y que los actos que reclama vulneran intereses de la sociedad en general y colectivos de toda la ciudadanía mexicana, en especial del sector salud. Expuesto lo anterior, debe precisarse que el quejoso no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a fundar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernado o ciudadano mexicano. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado con la autorización de contratación de personal médico extranjero que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada, en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que acude a presentar la demanda en virtud de que: ". el C. Presidente de la República, ha supuesto personal médico sin título no reconocido, ni acreditado con documentación legal alguna y certificada que se encuentre expedida por alguna Institución Educativa del País... DISCRIMINARLOS A TODOS LOS MÉDICOS Y MÉDICOS (SIC) ESPECIALISTAS Y DEMÁS PERSONAL MÉDICO MEXICANO EGRESADO DE INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES MEXICANAS CON RECONOCIMIENTO OFICIALES EN TODA LA VIDA DESDE SU CREACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y DESCONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE MÉDICOS Y DEMÁS PERSONAL DE SALUD EXTRANJERO PARA CONTRATARLOS."; así como que, dice: ".En ese sentido, siguiendo el principio de prevención a los actos que puedan afectar a la ciudadanía, pues el Estado debe usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar las actividades que se lleva a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos a la sociedad."; de igual forma precisa: ".De igual manera se reclama el despojo de oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos, sin considerar primeramente la posibilidad de contratar ciudadanas y ciudadanos para el empleo de prestar el servicio médico para el que se ordenó que se contraten extranjeros." ,todo lo cual, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Sustenta lo antes expuesto, la tesis siguiente: Registro digital 2009201 "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para él, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido... Aunado a lo anterior, resulta imperativo para el que suscribe, realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado, tratándose de asuntos donde se aduzca un interés legítimo; en ese sentido, el juzgador debe distinguir entre la existencia de la titularidad de dicho interés o uno simple; sobre lo cual, en caso de que se advierta la posible legitimación del quejoso que descansa su pretensión en dicho interés, deberá admitirse la demanda y seguida su prosecución, dilucidar con certeza dicho extremo; sin embargo, si de los hechos expuestos, se aprecia de manera patente que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un interés simple, la demanda podrá desecharse; siempre y cuando sea manifiesto e indudable; tal como se actualiza en la demanda de cuenta...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no desahogaron la vista concedida mediante proveído de once de abril de dos mil veintidós, respecto de lo que establece el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para inconformarse en relación al auto que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo y se tiene por consentido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, en la inteligencia de que deberán conservarse y digitalizarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto; por lo que se establece como fecha probable el trece de junio de dos mil veinticinco. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, puesto que se concedió en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que se establece como fecha probable el trece de junio de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el trece de diciembre de dos mil veintidós. Insértese el presente acuerdo en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás
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