Fidel Valderrama Villicaña
Expediente 836/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fidel Danyael Valderrama Pulido
- Fidel Valderrama Villicaña
- Otra autoridad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 111 a 119), HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de veinticinco de octubre del año en curso (foja 29), se tuvo a la Coordinadora Estatal de Bachillerato de la Zona 3, con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias anexas a su informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen cuaderno de pruebas que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
veinte de julio de dos mil veintidósSENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 836/2021 promovido por Fidel Danyael Valderrama Pulido. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Mediante escrito presentado en línea ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el veintisiete de septiembre de dos mil uno y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3-8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de septiembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo promovida por Fidel Valderrama Villicaña, en representación de su entonces hijo menor de edad Fidel Danyael Valderrama Pulido; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 12-16). Se agregó a los autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 21-27). El dieciséis de noviembre siguiente, se acordó requerir al quejoso si deseaba ampliar su demanda de amparo respecto a las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable en su informe justificado (foja 39). El diez de diciembre siguiente, se tuvo por ampliada la demanda de amparo del quejoso, respecto de conceptos de violación, por lo que se requirió a la responsable su nuevo informe justificado (fojas 54-56) mismo que se agregó a los presentes autos (fojas 59-61). Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se acordó requerir al directo quejoso Fidel Danyael Valderrama Pulido si era su deseo ratificar la demanda de amparo con que se formó este asunto y que promovió en su representación su padre Fidel Valderrama Villicaña, en razón de haber adquirido la mayoría de edad (fojas 85-86) por lo que al haberlo realizado así (foja 89) se ordenó continuar con el trámite del presente juicio (foja 90). Integrado el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 92) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (foja 109). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, al reclamarse un acto proveniente de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado consiste en: El oficio SEV/DGB/CEB/Z3/0313/2021, de treinta de agosto de dos mil veintiuno, signado por la Jefa de la Coordinación Estatal de Bachillerato Zona 03, en Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido a la Coordinadora Estatal de Bachillerato Zona 03, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificados reconoció la existencia del oficio que se le reclama (fojas 21-27). Lo que se constata, pues dicha autoridad remitió el original del aludido oficio (fojas 99-100) el cual tiene valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, como lo sostiene la autoridad responsable en su informe justificado, se concreta el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque se considera que la demanda de amparo con que se formó este asunto fue presentada fuera del plazo que establece el artículo 17 de la mencionada ley y, como consecuencia de ello, que ha operado el consentimiento tácito del acto reclamado. MARCO NORMATIVO Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal. Los artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "ARTÍCULO 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.". De la lectura de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 citado, deviene improcedente. Igualmente, se prevén tres supuestos en los que el peticionario del amparo puede tener conocimiento de los actos reclamados y, que se tomarán como punto de partida para realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la demanda de amparo. Esas hipótesis son: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. La hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. Y la hipótesis del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. De lo anterior se concluye que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en las vías directa o indirecta- comienza a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis antes señaladas, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Hasta aquí el marco jurídico. ANTECEDENTES A fin de demostrar el motivo de improcedencia invocado, se torna necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1). Mediante oficio SEV/DGB/CEB/Z3/0313/2021, de treinta de agosto de dos mil veintiuno, signado por la Jefa de la Coordinación Estatal de Bachillerato Zona 03, en Veracruz, Veracruz, dirigido a Fidel Valderrama Villicaña, se le hicieron saber las calificaciones finales sometidas a revisión en el periodo febrero-julio de dos mil veintiuno obtenidas por el estudiante quejoso en el plantel educativo "Bachillerato de Veracruz" clave 30EBH0065Q, así como la oportunidad y el plan de realizar la entrega de evidencias y/o actividades para soportar la asignatura respecto de la cual no se contó con el soporte documental para su evaluación (fojas 99-100). 2). Mediante oficio SEV/DGB/CEB/Z3/0314/2021, de treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Jefa de la Coordinación Estatal de Bachillerato Zona 03, en Veracruz, Veracruz, comisionó a Arturo Andrés Ibarra León trabajador adscrito a esa coordinación, para que se constituyera en el domicilio proporcionado por Fidel Valderrama Villicaña, ubicado en calle Miguel Lerdo 719-20 de la colonia Centro, código postal 91700, en Veracruz, Veracruz, a efecto de notificarle el oficio SEV/DGB/CEB/Z3/0313/2021 (foja 101). 3). El propio treinta de agosto de dos mil veintiuno, el nombrado trabajador comisionado por la Jefa de la Coordinación Estatal de Bachillerato Zona 03, razonó constituirse en el domicilio proporcionado y notificar personalmente al interesado Fidel Valderrama Villicaña el contenido del oficio SEV/DGB/CEB/Z3/0313/2021, quien se negó a firmar de recibido, diligencia a la que se hizo acompañar de los testigos de asistencia Rosa Isabel Benítez Lira y Claudia Salas Herrera (fojas 102). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso, se concreta el primero de los supuestos precisados, porque la quejosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el contenido del oficio SEV/DGB/CEB/Z3/0313/2021, de treinta de agosto de dos mil veintiuno, signado por la Jefa de la Coordinación Estatal de Bachillerato Zona 03, en Veracruz, Veracruz. No obstante, el solicitante del amparo fue notificado formalmente de tal determinación por parte de la autoridad responsable, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación aludida. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el oficio combatido fue emitido el treinta de agosto de dos mil veintiuno y, notificada el mismo día a la parte quejosa de manera personal (foja 102). Circunstancia que pone en evidencia que, a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos dicha notificación personal en términos de los artículos 37, fracción I, 38, 40 y 43 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, que lo fue el uno de septiembre de dos mil veintiuno, puesto que la misma surtió efectos el treinta y uno de agosto anterior, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual inició el uno de septiembre y feneció el veinticuatro de septiembre ambos de dos mil veintiuno, con descuento de los días inhábiles (cuatro, cinco, once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho y diecinueve de septiembre del citado año). Luego, se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo ya había fenecido, conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Además, la resolución reclamada no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tampoco se advierte que, con la emisión del acto, exista en perjuicio de la quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. Y si en la especie, se tiene como fecha cierta a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación legal del acto reclamado, conforme la ley de dicho acto, es decir, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, al habérsele notificado de manera personal el treinta de agosto anterior y surtido sus efectos el treinta y uno de agosto siguiente, entonces es evidente que la presentación de la demanda que originó el presente juicio es extemporánea y, por ende, el destacado acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido. Lo anterior es así, se insiste, en razón que de la Evidencia Criptográfica-Transacción emitida por el Poder Judicial de la Federación (foja 9) se desprende que la demanda de amparo fue presentada en línea a través de firma electrónica el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que ya había fenecido el plazo legal de quince días con que contaba la quejosa para promover el juicio de amparo contra el acto antes destacado, previo descuento de los días inhábiles ya mencionados. No pasan inadvertidas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la parte quejosa en el sentido que la notificación del oficio reclamado no cumple con los requisitos necesarios para respaldar su legalidad y veracidad; pues por un lado dichas alegaciones no vinculan a su precisa contestación y, por otro lado, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar la legalidad de la notificación personal de que se trata, en la medida que la misma no forma parte de la litis constitucional en el presente juicio de amparo, máxime que no se advierte que hubiese sido impugnada a través del medio ordinario de defensa y, en su caso, declarado nula. De allí que, por lo menos para los efectos del presente asunto, tal notificación conserva la presunción de su validez. Sirve de respaldo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) que se lee: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." CONCLUSIÓN En consecuencia, al tener el acto reclamado la calidad de consentido tácitamente, pues no se promovió en su contra el juicio de amparo en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, con apoyo en el artículo 63 de la citada legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento, existe impedimento jurídico para estudiar los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fidel Danyael Valderrama Pulido, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por la Coordinadora Estatal de Bachillerato Zona 3, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido por este juzgado mediante la misiva 15317 girada en proveído de diez de mayo del año en curso, en virtud de lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. En esas condiciones, al haberse cubierto tal extremo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y anexos por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la responsable de mérito, la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que la parte quejosa en los hechos de la demanda destaca la interposición de una queja a la autoridad responsable, la cual fue atendida mediante oficios SEV/DGB/CEB/Z3/0287/2021 de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, y SEV/DGB/CEB/Z3/0313/2021 de treinta de agosto de dos mil veintiuno, sin embargo dichas constancias no fueron remitidas por la autoridad responsable Coordinadora Estatal de Bachillerato de la Zona 3 de Veracruz, Veracruz, junto con su informe justificado. No obstante, dichas pruebas resultan relevantes para la resolución de este juicio de amparo, en consecuencia de lo antes narrado, se impone, requerir a la aludida autoridad responsable, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita las mencionadas constancias en el párrafo que antecede. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido para el efecto, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta veces valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.
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