Fidel Toribio Sánchez

Expediente 1059/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1059/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Fidel Toribio Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Fidel Toribio Sánchez, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo presentada por Fidel Toribio Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1059/2016-IV, y fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es posible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: ACTO RECLAMADO: "El auto de fecha veintidós de agosto del dos mil dieciséis, que resuelve el recurso de revocación que interpuse en contra del acuerdo de fecha veinte de enero del dos mil dieciséis, dictado en el expediente del índice de la responsable bajo el número 412/2011-1, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Julber Díaz Leyva en contra del suscrito Fidel Toribio Sánchez." En la especie se advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente. Esta apreciación encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora bien, en el caso el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en el auto de fecha veintidós de agosto del año en curso, en el que declaró infundado el recurso de revocación, al considerar que el único agravio que formuló se resolvería cuando el juez responsable analice el incidente de nulidad planteado contra la notificación de quince de julio de dos mil quince, aunado a que dicho recurso se promovió contra del acuerdo de veinte de enero del dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio 421/2011-1, en el que se designa como perito tercero en discordia al ingeniero Gabriel Aparicio Pérez, imponiéndole al aquí quejoso la carga de cubrir sus honorarios por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), otorgando para ello un plazo de tres días para dar cumplimiento, con lo que se evidencia que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, además de que así lo manifiesta en el capítulo de antecedentes, como se advierte a continuación: "1. En el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil Del Distrito Judicial de los Bravo, se radicó el expediente 412/2011-I relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por JULBER DÍAZ LEYVA en contra de FIDEL TORIBIO SÁNCHEZ, dando contestación a la demanda oportunamente y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes se dictó sentencia definitiva, condenándome al pago de las prestaciones reclamadas. 2. Dentro del estado de ejecución, la responsable designó como perito en avaluó." Por lo que, los actos que aquí pretende reclamar no constituyen la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen, toda vez que la responsable en ningún momento aprobó o reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia pronunciada dentro del expediente natural 412/2011-1, o que se hubiese pronunciado imposibilitado para cumplir la sentencia, de ahí que en la especie, esta juzgadora estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Sin que pueda tener trascendencia alguna la valoración de "irreparable" del acto que se reclama, toda vez que tal aspecto no puede incidir en el análisis de los actos actualizados en la fase de ejecución de una sentencia de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se cita. Tiene aplicación al caso por analogía la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En esa tesitura, se concluye que la tesis antes mencionada es aplicable por analogía cuando se reclaman omisiones para continuar la ejecución de la sentencia, puesto que no implicarían la afectación de un derecho sustantivo y por ende, el amparo indirecto en su contra resulta improcedente. Por ende, si en el asunto que nos ocupa se reclama la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, que resuelve el recurso de revocación que interpuso en contra del acuerdo de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitido dentro del expediente ejecutivo mercantil 412/2011-1; entonces, debe concluirse que dicha omisión así planteada no constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, por lo que por regla general el amparo indirecto en su contra resulta improcedente. Inclusive, aun cuando el recurrente alegue que esa omisión impliquen violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no puede considerarse como de aquellas que afecten materialmente derechos sustantivos reclamables en el amparo, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento de ejecución, sino que se da justamente dentro del mismo; siendo aplicable al caso, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime, que como lo señala el propio quejoso bajo protesta de ley, que en la resolución combatida la responsable indicó que el único concepto que hizo valer sería analizado en el incidente de nulidad planteado contra la notificación de quince de julio de dos mil quince, lo que conlleva a que se actualice la hipótesis normativa prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)." Así es, en dicho numeral, se encuentra regulado uno de los principios rectores del juicio de garantías, el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo, cuando esté pendiente de resolverse el recurso o medio de impugnación ordinario que el gobernado haya interpuesto, previo a la promoción del juicio de la vía constitucional, en virtud de que ese medio de impugnación hecho valer puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Tal supuesto trata de evitar la coexistencia de un medio ordinario de defensa con la instancia constitucional, en contra del mismo acto, que traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal, que inclusive, podrían ser contradictorias. Por tanto, al indicar el quejoso en sus conceptos de violación que el acto de molestia es la ilegal notificación de quince de julio de dos mil quince, y dado que en la resolución combatida se trastoca el principio de exhaustividad de las sentencias, toda vez que, la responsable no se pronunció respecto del agravio formulado, relativo a las irregularidades de la notificación; sin embargo, refiere que promovió el incidente de nulidad respectivo, el cual se encuentra pendiente de resolver, de tal suerte que, existiendo dicho recurso en trámite, mismo que puede tener como efecto revocar o nulificar la notificación de quince de julio de dos mil quince, el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la Jurisprudencia número P./J. 144/2000, sostenida por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Así, por identidad de razón, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, agosto de 2010, página 469, de rubro y texto: "REVISIÓN AGRARIA. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES Y SÓLO ALGUNA SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY DE LA MATERIA Y 9O., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS (INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2A./J. 55/2008, 2A./J. 57/2008 Y 2A./J. 200/2008). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las jurisprudencias 2a./J. 55/2008, 2a./J. 57/2008 y 2a./J. 200/2008, de rubros: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE CONJUNTAMENTE SOBRE LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES EN MATERIA AGRARIA Y RESPECTO DE LA NULIDAD DE OTROS ACTOS JURÍDICOS.", "REVISIÓN AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS EN CONTROVERSIAS EN QUE SE HAYAN RESUELTO CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES AGRARIAS, Y ALGUNA DE ELLAS NO SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY DE LA MATERIA.", y "REVISIÓN AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA SENTENCIA RESUELVE SOBRE LA EXCLUSIÓN DE TIERRAS INCLUIDAS EN UNA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN A FAVOR DE UNA COMUNIDAD AGRARIA, AUN CUANDO ÉSTA TAMBIÉN HAYA DEMANDADO LA RESTITUCIÓN DE ESOS TERRENOS.", en las que establece que el recurso de revisión previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria procede cuando la controversia verse exclusivamente sobre las cuestiones que en dicho precepto se mencionan, sin incluir la resolución conjunta de alguna de ellas con otra acción respecto de la cual no proceda el recurso, pues una nueva reflexión lleva a concluir que basta con que en la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario se resuelva alguna cuestión de las previstas en los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o., fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para que proceda el recurso de revisión, independientemente de que se hubiese involucrado alguna otra acción contra la que aquél sea improcedente, pues lo contrario implicaría privar a los núcleos de población ejidal o comunal de un medio de defensa instituido para salvaguardar sus derechos colectivos, reconocidos constitucionalmente y, por ende, traducidos en una garantía de derecho social. Lo anterior, en la inteligencia de que el Tribunal Superior Agrario debe resolver íntegramente la litis planteada, esto es, tanto las acciones respecto de las que proceda el recurso como aquellas en las que no proceda, en atención al principio básico de derecho procesal de no dividir la continencia de la causa." Ante ello, al actualizarse en forma patente y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, y fracción XIX de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de cuenta y únicamente para oír y recibir notificaciones a Sairy Carreto Aponte toda vez que no cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

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