Fidel Soria Sánchez
Expediente 503/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Fidel Soria Sánchez
Actuaciones
- Principal
En virtud de no haberse presentado la promovente, o su autorizada, a notificarse personalmente del auto de doce de julio del dos mil veintitrés, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, por el Módulo del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene la firma criptográfica de dicha Actuaria, mediante el cual, remite testimonio de la resolución emitida en sesión ordinaria de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 101/2023, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 503/2023-II-B. Hágase las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Ahora, al no existir diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a determinar su destino legal. En el artículo 20, fracción IV, del mencionado acuerdo general se prevé que son susceptibles de destrucción, en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo como asunto totalmente concluido, los expedientes de juicios de amparo en los que se desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que se desechó; por tanto, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido. Lo anterior, previa acta de baja documental y listado de los expedientes a destruir que deberá elaborarse para constancia, misma que se remitirá en forma impresa y/o electrónica a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 22 del invocado acuerdo general. Finalmente, no es el caso ordenar notificación personal a las partes para que acudan a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a efecto de recuperar algún documento original que hubieren exhibido en el presente expediente, como lo dispone el artículo 20, segundo párrafo, del citado acuerdo general, atento a que, según se observa de la certificación que antecede, no se exhibió documento original alguno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el Módulo del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, mismo que cuenta con la firma criptográfica de funcionaria autorizada, el cual contiene transcripción del proveído de treinta y uno de mayo de este año, dictado en el recurso de queja 101/2023, a través del cual dicho Tribunal de Alzada admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido por *********************, autorizada del promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene su firma criptográfica, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 101, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído, ríndase el informe justificado a la superioridad, manifestando que es cierto el acto impugnado por la parte quejosa, toda vez que este órgano jurisdiccional, el ocho de mayo de dos mil veintitrés, emitió el acuerdo que se combate. A fin de corroborar lo anterior, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, mismas que deberán anexarse al informe justificado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad. De igual forma, deberá enviarse el original del escrito de agravios. Finalmente, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del presente juicio de amparo, sea vinculado en el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para su debida integración a las actuaciones de su expediente de queja.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la promovente, o su autorizado, a notificarse personalmente del auto de ocho de mayo del dos mil veintitrés, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por ********************, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad de Guanajuato, en funciones de Juez de Ejecución y otra autoridad. Fórmese el expediente 503/2023-II-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en los libros electrónicos de registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados esencialmente: A) De la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad de Guanajuato, en funciones de Juez de Ejecución, la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, en el que declinó la competencia para resolver la controversia iniciada con motivo de la solicitud de traslado voluntaria. B) Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Ejecución, el acuerdo de tres de abril del año en curso, en el que admite la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntaria. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO A). ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación a la Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario y 217, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Como puede apreciarse, el artículo transcrito en primer término señala que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercitabilidad resulte de alguna otra disposición de la ley. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que dicha causa de improcedencia del juicio de amparo, deriva necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN. Conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos a los referidos en las fracciones anteriores, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Tal sucede en el caso en que la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos derivados de consentidos, se establece en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de una causa diversa de las contempladas en las diecisiete fracciones del artículo 73, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, debe aplicarse esa jurisprudencia, atendiendo a su obligatoriedad." Por su parte, el precitado artículo 107, fracción VIII, dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; mientras que el diverso ordinal 217, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas es de observancia obligatoria. Ahora, en relación con la causa de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de la Materia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, sostuvo que la norma en cuestión no podría interpretarse literalmente y aseverar que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. Luego, explicó, que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Que se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Asimismo, que esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, -sostuvo- que la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto pero que estima competente, solicitando que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto pero que estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. Que en ambos supuestos pueden darse diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se aprecia que, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial; en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo que es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y congruente con la Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio bi-instancial el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, lo cierto es que debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser la que producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, porque en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Por tanto, el Alto Tribunal concluyó que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Esos argumentos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En el caso, de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la resolución de veinte de enero de dos mil veintitrés, en el que declinó la competencia para resolver la controversia iniciada con motivo de la solicitud de traslado voluntaria, no se considera un acto de autoridad susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Se dice ello, pues tal acto, por sí solo, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, pues para que ello ocurra, dependerá que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, pues será en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO B). Ahora, en cuanto al acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Ejecución, consistente en el acuerdo de tres de abril del año en curso, donde el quejoso aduce admitió la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntaria, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De conformidad con el precepto transcrito, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a cumplir con el principio de definitividad, el cual, se traduce en que antes de acudir a la instancia constitucional, se debe agotar el recurso ordinario que conceda al gobernado la ley del acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado. Cabe señalar que, como excepciones a dicho principio, entre otros supuestos, se tienen los que la propia Carta Magna establece para los terceros extraños y los casos en que el acto reclamado importe peligro de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello se explica, porque el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, dado que su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Así, de acuerdo con el principio de definitividad, el juicio de amparo únicamente procede en contra de actos definitivos, es decir, aquéllos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; de manera que la definitividad del acto reclamado como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte promovente, en lo que aquí interesa, reclama sustancialmente: El acuerdo de tres de abril del año en curso, en el que admite la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntaria. Ahora, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez en Ejecución, con motivo de la resolución dictada por el Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, mediante proveído de tres de abril del año en curso, aceptó la competencia planteada por dicha juzgadora, para conocer de la solicitud de traslado voluntario. De manera que contra el citado acto reclamado, procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece lo siguiente: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. (.) De dicho precepto se advierte que contra las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, procede interponer recurso de revocación. El ordinal invocado de la ley especializada debe interpretarse de manera armónica y congruente con la teleología del juicio de amparo, para que ambos sean funcionales y complementarios, atendiendo, en primer orden, a la naturaleza de excepción que caracteriza a la instancia constitucional, lo cual se logrará observando los principios que rigen al primero y, en segundo, para impedir que se entorpezcan con dilaciones innecesarias los procedimientos, al evitar que los órganos jurisdiccionales, dentro de su ámbito competencial, resuelvan controversias de mero trámite. De ahí que se diga, que de conformidad con el artículo 130 del Ley Nacional aludida, la determinación reclamada, esto es el proveído de tres de abril del año en curso, en el cual se admitió a trámite el traslado voluntario hecho valer por el quejoso, es recurrible mediante el recurso de revocación. Tiene aplicación al caso la tesis II.2o.P.6 P (11a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 3794 Libro 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, que dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DE MERO TRÁMITE DEL TRIBUNAL DE ALZADA EMITIDAS AL SUSTANCIAR EL DIVERSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal de Alzada, en la que consideró que la resolución del juzgado de ejecución que declaró procedente pero infundado el recurso de revocación que interpuso contra la diversa en la que programó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es impugnable a través del recurso de apelación. El órgano de control constitucional desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), pues previamente a promover el juicio debió agotar el recurso de revocación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, en observancia al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, el quejoso debe agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el auto que desecha la apelación interpuesta dentro de un procedimiento de ejecución, en virtud de que dicho medio de impugnación también procede contra las determinaciones de mero trámite que el Tribunal de Alzada emita al sustanciar el recurso de apelación dentro de esa etapa. Justificación: De nuevas reflexiones, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que si bien el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula el recurso de revocación, sólo se refiere a las determinaciones del "Juez de Ejecución", ello no significa que únicamente proceda contra las resoluciones emitidas por el juzgado de primera instancia y deban excluirse las pronunciadas por el tribunal de segundo grado en el procedimiento de ejecución. Lo anterior es así, por varias razones. Primera, en la segunda instancia del procedimiento de ejecución también se emiten diversas determinaciones de mero trámite al sustanciar la apelación, las cuales, en caso de causar agravio, deben ser materia de análisis horizontal de legalidad. Por lo que aceptar que el recurso de revocación solamente procede contra pronunciamientos de mero trámite del Juez de Ejecución de primera instancia y excluir las emitidas por el Tribunal de Alzada, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, toda vez que el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo. Lo anterior se corrobora con el artículo 3, fracción XI, de la ley citada, en el sentido de que "Juez de Ejecución" se refiere, de manera genérica, a las autoridades judiciales que pueden solucionar las controversias que se susciten en esa materia, sin hacer distinción entre los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias (esto es, el Juez de Ejecución -propiamente dicho- y el Tribunal de Alzada), al ser los encargados de dilucidar las cuestiones que surjan de una controversia en materia de ejecución penal (en ambas instancias). No se soslaya que en la fracción XVI del mismo precepto se conceptualiza como "órgano jurisdiccional" al Juez de Control, al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Alzada, ya sea del fuero federal o local; sin embargo, se considera que se refiere expresamente a los órganos judiciales que intervienen en el procedimiento oral precisado en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el cual no abarca la etapa de ejecución penal). Segunda. Admitir que la revocación en ejecución penal sólo procede contra resoluciones de mero trámite en primera instancia, implicaría una carga excesiva en el juicio de amparo indirecto, que sería la única vía de control judicial frente a determinaciones de la alzada (de mero trámite), lo que es contrario a la sistemática del juicio de amparo en sinergia con el nuevo proceso penal. En efecto, los principios rectores y la naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, previo agotamiento de todos los recursos ordinarios, no han variado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal; al contrario, se ha reforzado con diversas instituciones y figuras jurídicas que someten a control judicial previo numerosas determinaciones que antes eran irrecurribles. Por ello, para efectos del juicio de amparo, es necesario que se acuda a los principios que lo conforman, para realizar una interpretación extensiva y funcional de algún precepto de cualquier legislación, para evitar que se trastoque su naturaleza excepcional, y con ello que se convierta en una instancia judicial más en un procedimiento ordinario. Tercera. El artículo 130 de la ley especializada debe interpretarse de manera armónica y congruente con la teleología del juicio de amparo, para que ambos sean funcionales y complementarios, atendiendo, en primer orden, a la naturaleza de excepción que caracteriza a la instancia constitucional, lo cual se logrará observando los principios que rigen al primero y, en segundo, para impedir que se entorpezcan con dilaciones innecesarias los procedimientos, al evitar que los órganos jurisdiccionales, dentro de su ámbito competencial, resuelvan controversias de mero trámite. De estimar que debe partirse de una interpretación literal o gramatical, se establecería que las resoluciones de mero trámite que pronuncian los órganos jurisdiccionales de segunda instancia no son recurribles a través de la revocación, y que su único medio de defensa sería el juicio de amparo indirecto, lo que generaría un exceso en el uso de un medio de control constitucional que entorpecería el procedimiento jurisdiccional ordinario, lo que contravendría la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional.". Por consiguiente, antes de controvertir dicha notificación mediante el juicio de amparo biinstancial, el promovente se encontraba obligado a combatirla a través del aludido medio de defensa, atento al principio de definitividad, y a través del cual podía lograr la modificación, revocación o nulidad de dicha determinación. Sin que pase inadvertido la excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que el acto aquí reclamado no se ubica en alguno de los supuestos a que alude dicha fracción, esto es, .el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, ya que el aquí quejoso, actualmente se encuentra privado de su libertad con motivo de sentencia condenatoria dictada en su contra. De ahí que los actos reclamados, no son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, por lo que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario y 217, todos de la Ley de Amparo, así como la establecida en el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de los actos reclamados, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, código postal ********************, de esta ciudad, y como su autorizada en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, como se advierte de la certificación de cuenta. Asimismo, se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, en atención a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias, constancias, diligencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde. EXHORTO PARA TRANSICIÓN AL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes
- Fernando Ulises Macias Mendoza37/2018
- Fernando Vázquez Rodríguez863/2022
- Fernando Vázquez Rodríguez1016/2021
- Fernando Velázquez Pérez795/2020
- Fernando Vizcarra Gaspar307/2019
- Fernando Zavala Colmenero599/2019
- Fidel Velázquez Machado709/2020
- Fidelia Valdez Rocha854/2023
- Fidencio Arredondo Trujillo397/2020
- Fidencio López Arellano1338/2023
- Fidencio Verdugo Burboa650/2022
- Filemón Valdez Benítez654/2019