Fidel Ríos Padilla
Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Fidel Ríos Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
(2) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte tercera interesada., del acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio auto, como se le comunicó en aviso de doce de julio de dos mil veintitrés, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. "auto de diez de julio de dos mil veintitrés ".Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés (fojas 50 a 57), en que se negó el amparo a la parte quejosa; luego, de conformidad con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Ahora, del contenido integral de la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil veintitrés (fojas 50 a 57), se advierte que por error en el resolutivo único, se asentó como nombre del quejoso ********************, cuando lo correcto es ********************. En tal virtud, ya que la misma ha quedado firme, con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, hágase la aclaración de la sentencia correspondiente. Al efecto, es menester señalar que el precepto legal de referencia establece de manera literal lo siguiente: "(.)El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma." En efecto, del precepto legal citado se colige que procede de oficio la aclaración de sentencia únicamente para corregir los posibles errores en el documento a fin de que concuerde con la sentencia, sin que ello altere las consideraciones esenciales que contenga, es decir, sin que modifique en ningún caso el efecto decisivo de la misma. Asimismo, la aclaración de sentencia tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de protección de derechos humanos, su empleo es de tal modo necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dedujo su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el artículo 17 Constitucional establece que es un derecho fundamental de las personas, que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. En ese orden, por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede obstaculizar su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Cabe mencionar que la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de la Materia. Al efecto se cita la jurisprudencia P./J. 2/2015 (10a.), emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido literal siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya." Consecuentemente, a efecto de evitar confusión y dar claridad a la ejecutoria de amparo, se hace la aclaración de sentencia y se precisa que en su resolutivo único, debe asentarse como nombre del quejoso, ********************; por tanto, dicho resolutivo queda como se asienta a continuación: "(.) ÚNICO. La justicia de la unión no ampara y protege a ********************, en términos del considerando sexto de esta sentencia. (.)" Precisado ello, dado que en esta fecha se declara ejecutoria la resolución constitucional, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se negó el amparo, por lo que de conformidad al numeral 17, fracción III, inciso a), del acuerdo general en cita, es conservable, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, y una vez transcurrido tres años deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Finalmente, toda vez que resulta innecesario retener las constancias que remitió en su momento remitió el Juez de Control adscrito al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial, en apoyo a su informe justificado y que obran en un anexo por cuerda separada, devuélvase a la citada autoridad.
- Principal
(2)...Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara y protege a ..., en términos del considerando sexto de esta sentencia.
- Principal
(2) Visto el estado procesal, se observa que está transcurriendo el término de las partes a que hace alusión el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Control adscrito al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial, otorgado en acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés (fojas 45 a 47), el cual fenece el dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y en su lugar se fijan las diez horas con doce minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.
- Principal
(2) Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, y, visto su contenido, téngase al Juez de Control adscrito al Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial (denominación correcta de la autoridad señalada por el quejoso como Juez de Control adscrito al Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo), rindiendo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Instrúyase a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado Federal para que realice las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la documental de cuenta, y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con los documentos de cuenta, fórmese un anexo de pruebas, que quedará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría, sin que el mismo sea integrado al expediente electrónico debido a la imposibilidad material para ello en atención a su voluminosidad, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que el contenido de los discos versátiles digitales (DVD´S), adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública, por lo cual se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Es aplicable a lo anterior por las razones que informa, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."
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