Fidel Pinzon Abonza
Expediente 1196/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fidel Pinzon Abonza
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del acuerdo dictado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHO ACUERDO HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, con base en los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del treinta de septiembre del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio enviado por el Técnico Profesional en Funciones de Secretario Coordinador de Asuntos de Amparo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual da cumplimiento a lo acordado en auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 34) y remite copia certificada de la notificación realizada a la aquí quejosa respecto de la resolución dictada el diez de septiembre del presente año, dentro del expediente laboral ******. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de un análisis que se realizó al escrito inicial de demanda y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, este juzgador federal advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado, contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo . Lo anterior porque, en esencia, el quejoso reclama la omisión de la responsable de dictar laudo, dentro del expediente laboral ********; sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado (fojas 19 a 33), acordado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se advierte que el diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictó la resolución en forma de laudo correspondiente, asimismo, de las constancias de cuenta, se desprende que dicha resolución fue notificada al aquí quejoso el veinticinco de septiembre del año en curso, constancias a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia en comento, lo que ocurre de forma manifiesta e indudable, por lo que, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio, en términos del precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, conforme lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes. Ténganse como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su informe de cuenta y por señalado el domicilio que refiere siempre y cuando sea el de su residencia oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva. Por otro lado, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase al tribunal responsable, para que dentro de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del laudo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que dicha constancia es necesaria para resolver el presente juicio de amparo. Apercibiéndose a la Presidenta de dicho Tribunal, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista al quejoso y terceros interesados por el plazo de tres días, sin que hayan realizado manifestación al respecto, como se advierte de la constancia de cuenta; por tanto, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado. En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia engrosada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, concedió la protección de la Justicia de la Unión a ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, a efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************, a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de marzo de dos mil quince y las consecuencias legales que de ella derivaran. Los efectos apuntados atendieron, en síntesis, a que la funcionaria que realizó el emplazamiento de la quejosa en el juicio de origen, no cumplió con el requisito previsto en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues no se cercioró de que el domicilio en el cual se apersonó fuera aquel en el que habitaba, trabajaba o tenía su domicilio ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Luego, en acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho este juzgado de Distrito declaró que dicho fallo había causado ejecutoria y requirió su cumplimiento, además, precisó que para dar exacto cumplimiento la autoridad responsable debía acreditar la devolución de los bienes embargados en diligencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, mediante oficio recibido el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el siete del citado mes y año, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen a partir del emplazamiento y ordenó realizar de nueva cuenta dicha diligencia, así como de las notificaciones personales de dicho acuerdo y de la diligencia de emplazamiento. No obstante lo anterior, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho se requirió a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos que acreditara la devolución de los bienes embargados a la parte quejosa, lo cual no realizó, pues a pesar de señalar diversas fechas para ello omitió notificar a las partes, por lo que en acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho se impuso la medida de apremio con que se apercibió a su presidente y se le requirió de nueva cuenta. Posteriormente, mediante oficio recibido el veinticinco de octubre del año en cita, la junta responsable refirió que no podía devolver los bienes embargados en razón de que en diligencia de quince de dicho mes y año, el apoderado legal de los aquí terceros interesados informó que fueron sustraídos del lugar en el cual se depositaron, por lo que realizó la denuncia correspondiente. En atención a lo anterior, el treinta de mayo de dos mil diecinueve este juzgado de Distrito ordenó abrir un incidente innominado, con la finalidad de precisar o definir la forma o términos del cumplimiento de la sentencia de amparo, por lo que dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Luego, el quince de julio de dos mil diecinueve este juzgado de Distrito desahogó la audiencia incidental y dictó resolución interlocutoria, en la que, en síntesis, determinó que para acatar el fallo protector la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos debía cumplir con sus obligaciones, pero dentro de su competencia y facultades que su marco jurídico establece, lo cual no incluye la investigación de delitos ni determinar la cantidad con que debe ser indemnizada la parte demandada -aquí quejosa- por los daños y perjuicios sufridos. Ahora, de autos se advierte que las actuaciones que en ejecución de la sentencia de amparo realizó dicha autoridad son las siguientes: 1. En acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho ordenó la devolución de los bienes embargados y señaló las nueve horas del nueve de julio de dicho año para dicha diligencia, además apercibió al depositario con una medida de apremio de multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. 2. Debido a que la diligencia de devolución no se llevó a cabo en la fecha señalada, en acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho señaló las doce horas del siete de agosto del referido año y reiteró la medida de apremio. 3. De igual forma, en proveído de ocho de agosto del año en cita señaló las doce horas del catorce del referido mes y año para llevar a cabo la devolución de los bienes embargados, y de nueva cuenta reiteró la medida de apremio. 4. Una vez más, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho señaló las doce horas del seis de septiembre para verificar la devolución de los bienes embargados, e insistió en el apercibimiento. 5. El seis de septiembre de dos mil dieciocho el actuario David Montoya Rodríguez redactó la constancia respectiva en la que asentó la incomparecencia de la demandada, aquí quejosa, a la diligencia de devolución de bienes. 6. Por tanto, en acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho la autoridad responsable señaló las once horas del quince del referido mes y año para desahogar la diligencia de mérito. 7. Finalmente, el quince de octubre de dos mil dieciocho el actuario adscrito a la junta responsable hizo constar que, en compañía del apoderado legal de ********************, sociedad anónima de capital variable, acudió al domicilio del depósito de los bienes embargados, lugar en el que fue atendido por ********************, apoderado legal de la parte actora -acá tercero interesada- quien le informó que el depositario ******************** no estaba, además, que el seis de octubre de dos mil dieciocho presentó una denuncia con la que se dio inicio a la carpeta de investigación ********************, con motivo a la sustracción de los bienes embargados. Como se ve, la autoridad responsable a fin de cumplir con el fallo protector llevó a cabo todos los actos para los que está facultada, pues ordenó la devolución de los bienes, preparó la diligencia respectiva, misma que inició pero no pudo llevar a cabo en sus términos por una cuestión ajena a ella como lo es el robo de los bienes embargados, ilícito que fue denunciado por el apoderado legal de la parte actora en el juicio laboral, como acreditó en autos la junta responsable con la copia certificada de la carpeta de investigación ********************. De ahí que no sea dable exigirle a la autoridad responsable que continúe requiriendo su devolución, desde luego, tampoco hacerla que sustituya a la autoridad investigadora ni que se constituya en juez civil para determinar los daños o perjuicios que dicha sustracción haya ocasionado y, menos aún, tenerla como responsable de dicha sustracción. En efecto, como se consideró en la resolución interlocutoria dictada en el incidente innominado, lo exigible a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el tema del cumplimiento de la sentencia de amparo, consiste en que ejerza los actos jurisdiccionales necesarios dentro de su competencia y marco normativo para lograr la restitución de los derechos transgredidos al quejoso, lo que excluye aquellas que no le corresponden ni son de su responsabilidad. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin que obste que no se hayan devuelto a la parte quejosa los bienes embargados en diligencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, pues ya no será a través de este juicio de amparo indirecto que se materialice su devolución, ya que al haberse acreditado su sustracción del lugar en que se encontraban resguardados, ello equivaldría a trasladar los efectos del fallo protector a la carpeta de investigación respectiva o bien sustituir las acciones civiles correspondientes y supeditar su cumplimiento a las actuaciones que ahí se desahoguen. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo, fracciones VI, XV y XXI, décimo primero y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el último párrafo del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, es susceptible de depuración. No obstante, debido a que el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa se formó por duplicado, y el original ya obra agregado en autos, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, se ordena la destrucción del duplicado de dicha pieza incidental. Asimismo, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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