Fidel Pérez Cortés
Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Fidel Pérez Cortés
Actuaciones
- Principal
Visto que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintiséis de enero del actual, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven ***. Ahora bien, vista la demanda de amparo que promueve ***, en la especie se actualiza la causa de improcedencia. (***) De los preceptos trascritos se tiene que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que tenga un interés jurídico o legítimo. Por su parte, la parte quejosa podrá promover juicio de amparo a través de representante legal, apoderado, defensor en materia penal o cualquier persona en casos específicos que prevé dicho ordenamiento legal, como lo es en el caso de menores de edad, discapacidad, mayor sujeto a interdicción (***) o tratándose de actos prohibidos. Asimismo, debe precisarse que todo escrito presentando en un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o sus autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercer cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente. En ese orden de ideas, de la demanda que instó el presente juicio constitucional, se advierte que no contiene la firma autógrafa de dicho peticionario, pues si bien al final de esta se asentó mediante computadora "(***)" este no la suscribió. Así las cosas, este órgano jurisdiccional no se encuentra facultado para ordenar que se subsane tal extremo; pues tal omisión, no se encuentra prevista en ninguna de las hipótesis. De tal suerte que, un escrito presentando en las narradas condiciones, no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado por el peticionario de amparo debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza ni de las consecuencias inherentes a la misma. Por tanto, en el particular se surte la causal de improcedencia en estudio al no existir manifestación de la voluntad de ***, de ejercitar la acción de amparo, al no haber plasmado de su puño y letra su firma en la demanda de derechos fundamentales que se provee. Consecuentemente, procede desechar la demanda de derechos fundamentales promovida por ***. Por otra parte, vista la demanda de amparo promovida por ***, se advierte que dichos quejosos reclaman la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que condenó a la entrega de la posesión del bien inmueble denominado "***" o "***", ubicado en Santa *** en favor de ***, así como la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Al respecto, el juicio de amparo en ese aspecto, deviene improcedente, pues se advierte que dichos quejosos comparecieron al juicio de origen y que incluso han interpuesto diversos medios de impugnación contra la resolución definitiva y actos derivados de su ejecución. En ese contexto, de la sentencia emitida en dicho sumario constitucional, publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que en el juicio de origen José Juan Pérez Cortés solicitó en la vía directa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos siguientes: "1. La omisión de llamarme a juicio interdictal de recuperar la posesión del bien inmueble denominado "***" o "***, ubicado en ***, a pesar de que desde la contestación de demanda en dicho juicio, los demandados manifestaron que la posesión de ese bien inmueble la tiene el suscrito.- 2) La inminente ejecución de la sentencia de fecha cinco de octubre del año dos mil quince, dictada en el toca de apelación civil *** por la H. Sala Civil-Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la entrega de la posesión del bien inmueble denominado '***', ubicado en ***, en favor del hoy señalado como tercero perjudicado ***, a pesar de que dicho bien inmueble está en mi posesión y que el suscrito nunca he sido llamado al juicio interdictal de recuperar posesión promovido por este último". Asimismo, de dicha determinación se advierte que a efecto de aportar mayor claridad en cuanto a las razones por las cuales se estimó que era improcedente la acción constitucional intentada, el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito realizó una narrativa de los principales antecedentes de los actos reclamados. (***) De la anterior narrativa de antecedentes se advierte que en el caso, la sentencia cuya ejecución se pretende, fue dictada por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el ocho de septiembre de dos mil once, dentro del juicio de interdicto de recuperar la posesión *** y su acumulado juicio de usucapión ***, en donde se resolvió que esta última acción, la cual fue intentada por ***, resultaba improbada, y por el contrario, era procedente la acción de interdicto para recuperar la posesión propuesta por su contraparte ***, razón por la cual se condenó a dicho persona a la entrega de la posesión del inmueble materia del interdicto. De esta forma, inconforme con tal resolución los aquí quejosos interpusieron recurso de apelación, el cual fue radicado bajo el toca *** ante la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y, dictándose la sentencia respectiva mediante la cual se modificó la resolución de primer grado, para el único efecto de declarar procedente dentro del juicio interdictal, la prestación relativa al pago de perjuicios, e improcedente la de pago de frutos agrícolas e intereses moratorios, ya que de dichas prestaciones no se había ocupado el juez. Asimismo, al no resultar el fallo de apelación favorable a los intereses de los aquí quejosos promovieron un primer juicio de amparo directo, el cual fue radicado en el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número ***, y que fue resuelto mediante ejecutoria de trece de junio de dos mil trece, en el sentido de conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que se dictara una nueva determinación en la que con plenitud de jurisdicción resolviera lo conducente, pero se diera respuesta a los agravios que la sala analizó deficientemente. De esta forma y de manera sucesiva, la sala responsable a efecto de dar cumplimiento al fallo constitucional, emitió en diversas ocasiones diferentes determinaciones, las cuales fueron impugnadas por los quejosos, al no ser totalmente favorables a sus intereses, debido a que subsistía la condena que se le decretó en el juicio de origen, esto es, la entrega del bien inmueble respectivo. En ese contexto, el diez de septiembre de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dictó la sentencia respectiva al juicio de amparo directo ***, promovido por los quejosos, mediante la cual se concedió el amparo y protección. Así, en cumplimiento al fallo protector, el cinco de octubre de dos mil quince, la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dictó una nueva sentencia, en la cual reiteró en sus términos que la acción de usucapión intentada por el ***, resultaba improbada, y que era procedente la acción de interdicto para recuperar la posesión propuesta por su contraparte, razón por la cual se les condenó a la entrega de la posesión del inmueble materia del interdicto, absolviéndolo por lo que hace al pago de los perjuicios, demandados por el actor interdictal. Los anteriores antecedentes, también se destacaron en el juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que el tres de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda presentada por los aquí quejosos, entre otras cuestiones, porque se consideró que los actos reclamados, no se trataba del último emitido en ejecución de sentencia, Ahora bien, en el caso particular los quejosos reclaman: la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que condenó a la entrega de la posesión del bien inmueble denominado "***" o "***", ubicado en *** en favor de ***, así como la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Asimismo, hacen referencia a algunos de los antecedentes que se pusieron de manifiesto en párrafos que anteceden; y agregan que el cuatro de enero de dos mil veintidós, se les notificó el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se les indicó que la sentencia dictada en el juicio de origen, se tuvo por cumplida el siete de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, en relación a los actos reclamado se actualiza la causa de improcedencia. De lo anterior se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando: I. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; II. No se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y, III. También será procedente el amparo indirecto, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Causal de improcedencia que se robustece con el contenido de la aludida sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo ***, promovido por los aquí también quejosos, de la cual se aprecia, como quedó previamente expuesto, que el acto de ejecución que se reclama en este sumario, tienen como consecuencia el que se cumpla la sentencia dictada en el juicio de origen, pues consiste en la diligencia de entrega del bien inmueble de mérito realizada el siete de diciembre de dos mil dieciocho. Por tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con la causal de improcedencia en estudio, es inconcuso que no es procedente el presente juicio de amparo, al reclamarse actos de ejecución, que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, siendo que en el caso tales actos no goza de autonomía, ni tampoco son de imposible reparación al no ser ajeno a la cosa juzgada y menos aún es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Así, los actos reclamados consistentes en la ejecución de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil once, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que condenó a la entrega de la posesión del bien inmueble denominado "***" o "***", ubicado en *** en favor de ***, así como la continuación del procedimiento de ejecución respectivo; constituyen en todo caso violaciones cometida durante el procedimiento de ejecución, las cuales por disposición expresa de la ley debe reclamarse cuando se promueva el amparo contra la última resolución que en dicho procedimiento se dicte, esto es, en aquella en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente; lo que en el caso no acontece. Asimismo, debe destacarse que no existe esa autonomía propia y destacada con relación a la fase ejecutiva, indispensable para la procedencia inmediata del juicio de amparo indirecto, ya que se encuentra íntimamente relacionada con la misma, al no ser actos preliminares o preparatorios, sin los cuales no se podría emprender tal ejecución; resolución que si bien se emitió en el estadío procesal considerado como de ejecución, lo cierto es, que no goza de autonomía y tuvo como finalidad directa e inmediata lograr la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural, pues se ejecutó la entrega del inmueble materia del juicio natural, tal como se condenó en sentencia definitiva. Por tanto, se insiste, los actos reclamados en el presente juicio constitucional no se tratan de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, siendo contra este último acto procedente el amparo biinstancial. De igual manera, los actos reclamados no se encuentran en el caso de excepción a la regla general establecida, esto es, que el juicio de amparo biinstancial será procedente cuando el acto sea de imposible reparación y no se encuentre vinculado con la cosa juzgada. Se afirma lo anterior, pues como se precisó, los actos de ejecución que se reclaman está vinculados a la cosa juzgada, toda vez que a través del mismo se ejecutó la entrega de la posesión del bien inmueble materia del juicio natural, pero la autoridad responsable no se pronunció en relación a tenerla por cumplida o archivado el expediente de origen. No es óbice que los quejosos agreguen en su demanda que el cuatro de enero de dos mil veintidós, se les notificó el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se les indicó que la sentencia dictada en el juicio de origen, se tuvo por cumplida el siete de diciembre de dos mil dieciocho, pues lo cierto es que dicho auto no constituye la última resolución en ejecución de sentencia, en los términos indicados en párrafos que anteceden. Máxime que en el juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional, respecto del acto que se reclamó, consistente en la diligencia de entrega del bien inmueble de mérito realizada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que se diera cumplimiento a la sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil once, dentro del juicio de interdicto de recuperar la posesión *** y su acumulado del registro de dicho órgano jurisdiccional, se consideró que no constituía la última resolución. Así, se insiste tanto de los antecedentes indicados en este proveído, como los narrados por los quejosos, no se advierte acto alguno que pueda considerarse como la última resolución en ejecución de sentencia, en los términos indicados con antelación. De ahí que, al no actualizarse la destacada hipótesis, es innecesario analizar si la resolución reclamada reviste el carácter de imposible reparación o no, pues como se estableció, para se actualice la excepción prevista en la fracción ***, y que haga procedente el amparo indirecto, es indispensable que subsistan ambos extremos, esto es, que el acto reclamado sea de imposible reparación y que se encuentre desvinculado de la cosa juzgada. En las relatadas condiciones, se estima actualizada la causal de improcedencia. En mérito de lo anterior, los razonamientos expuestos ponen de relieve lo manifiesto e indudable de la improcedencia del presente juicio constitucional, y por tanto, que se imponga DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan los quejosos en su escrito de cuenta. Por otra parte, se tiene por autorizada a la persona que refieren en su escrito de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente los quejosos. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes
- Fidel Martínez Tabares527/2022
- Fidel Monarca China1367/2016
- Fidel Monarca China490/2021
- Fidel Morales Mota1106/2019
- Fidel Moreno Muñoz685/2020
- Fidel Paredes Hernández1006/2009
- Fidel Quintos Ortiz390/2018
- Fidel Reyes Xelhuantzi110/2021
- Fidela Cuamatzi Cocoletzi226/2019
- Fidelia Zecua Arenas476/2020
- Fidencio Arturo Mendieta Mendoza543/2023
- Fidencio Arturo Mendieta Mendoza1432/2023