Fidel Ordoñez Meza
Expediente 1942/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1942/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/06/2023
Partes del expediente
- Fidel Ordoñez Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
AGRÉGUENSE EN AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA, REMITIDO VÍA ELECTRÓNICA POR EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DE LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE EL CUAL INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS. EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE ORDENA A LA SECRETARIA DEL JUZGADO ENCARGADA DEL ASUNTO, CREAR CUADERNO DE ANTECEDENTES, DISTRIBUIR ENTRE LAS PARTES COPIA DEL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE NOTIFICADAS LAS PARTES, REMITIR AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REFERENCIA; SOLICITANDO ATENTAMENTE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE, Y VÍA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo indirecto ********************/2022, promovido por Fidel Ordoñez Meza, contra los actos de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el mismo día a este Juzgado Federal; la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se fija en el considerando respectivo de esta sentencia. Segundo. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los establecidos en el artículo 1°, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). Tercero. Admisión y trámite. En auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario Encargado del Despacho de este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; requirió el informe justificado de la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin tramitar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional; la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el siete de junio de dos mil veintiuno; y el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que se reclama un acto atribuido a un tribunal en materia administrativa, con residencia dentro de la competencia territorial de este órgano jurisdiccional.. Segundo. Oportunidad de la demanda. Es oportuna la demanda de amparo, en virtud que se promovió dentro del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución impugnada fue notificada al quejoso el dos de diciembre de dos mil veintidós, a través de su autorizada. Por tal motivo, si el plazo comenzó a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos, conforme a la ley del acto (artículo 26, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México) la notificación al quejoso, de conformidad con el artículo 18 de la ley en comento, el plazo de quince días para su presentación transcurrió del seis al veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, sin contar en dicho plazo los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los días inhábiles de la autoridad responsable. De ahí que, como la demanda de amparo se presentó el veintiséis de diciembre pasado, es dable concluir que su exhibición ocurrió dentro del plazo legal. Tercero. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser considerado un todo, en términos de la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". La acción de amparo se ejerció en contra de la autoridad y acto reclamado siguiente: AUTORIDAD ACTOS Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se determina cumplida la sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el juicio de nulidad 1473/16-17-08-2. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (foja 29), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, precisado con antelación. Además, la existencia se acredita al obrar en autos del juicio contencioso de origen la resolución reclamada, a la cual se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° (fojas 655 a 658 del legajo de pruebas). A lo expuesto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, son aplicables las jurisprudencias 749 y 226, sustentadas por el antiguo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con números de registro 1002815 y 394182; la primera visible en la página 830, del Tomo II, correspondiente a la Materia Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-SCJN, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011; y, la segunda visible en la página 153, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que de manera respectiva establecen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Improcedencia del juicio. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que propongan las partes, por ser de estudio preferente en el juicio de amparo; o bien, llevar a cabo el análisis de oficio de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780 de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.". Al no existir causa de improcedencia advertida de oficio ni alguna propuesta por las partes, este órgano de control procede a analizar la constitucionalidad del acto por el que se admitió a trámite la demanda. Sexto. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad expresados en la demanda de amparo, no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones y conforme al principio de economía procesal, además de que, para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". En sus conceptos de violación, la parte quejosa sostiene: Que la resolución que emitió el Delegado Estatal de Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no cumple con los lineamientos establecidos en la sentencia firme emitida por la Sala responsable. Que la Sala responsable fue omisa en observar el contenido del artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, porque no se aseguró que la sentencia fuera cabalmente cumplida. Que la Sala fue omisa en agotar todos los medios para hacer cumplir la sentencia. Que la resolución reclamada viola sus derechos fundamentales, en virtud que la Sala responsable determinó declarar cumplida la sentencia definitiva, no obstante que la autoridad demandada en el juicio de nulidad no aplicó los incrementos correctos conforme al artículo 57 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Que la Sala responsable soslayó que la autoridad demandada fue omisa en cumplir con los lineamientos de la sentencia. Que la Sala responsable soslayó que la autoridad demandada fue omisa en el pago de cantidad alguna por las diferencias respectivas. Los conceptos de violación son inatendibles en una parte; e infundados en lo restante. Antes de explicar tal circunstancia, es oportuno narrar los antecedentes relevantes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden del juicio de nulidad 1473/16-17-08-2, del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a saber: 1. Por escrito recibido en la oficialía de partes del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el catorce de enero de dos mil dieciséis, Fidel Ordoñez Meza, por derecho propio, demandó la nulidad de la concesión de pensión por jubilación 637747 (fojas 1 a la 13 del legajo de pruebas). 2. En auto de dos de febrero de dos mil dieciséis, la Octava Sala Regional Metropolitana del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda y ordenó registrarla con el número 1473/16-17-08-2 (foja 33 del legajo de pruebas). 3. Mediante sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil diecisiete, la Sala Regional resolvió el juicio declarando la nulidad de la resolución reclamada (fojas 143 a 157 del legajo de pruebas). 4. La parte actora, aquí quejosa, promovió recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia, el cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 162 a 165 del legajo de pruebas). 5. El referido medio de impugnación se resolvió el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, declarándolo fundado (fojas 189 a 191 del legajo de pruebas). 6. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fidel Ordoñez Meza, por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto contra la omisión de hacer cumplir la resolución de queja por omisión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la sentencia de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 1473/16-17-08-2, emitida por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asunto que se radicó bajo el número 788/2018, del índice de este juzgado, el cual constituye un hecho notorio para este juzgado. 7. Mediante sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, por una parte, sobreseyó y, por la otra parte, concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a favor del quejoso para los efectos siguientes: ".la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vincule al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado, a efecto de que cumpla con la queja por omisión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la sentencia de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 1473/16-17-08-2 de su índice. De persistir la renuencia en acatar el fallo dictado en el juicio de nulidad 1473/16-17-08-2, de oficio, deberá agotar el procedimiento que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De igual forma, dicha concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución, pues no se combaten por vicios propios." 8. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo 788/2018, previos requerimientos a la autoridad demandada en el juicio de nulidad, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Sala responsable declaró que la sentencia definitiva se encontraba cumplimentada. Dicha determinación constituye el acto reclamado. Bajo ese tenor, por lo que hace al concepto de violación en el que argumenta que el Delegado Estatal de Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no cumple con los lineamientos establecidos en la sentencia firme emitida por la Sala responsable, es inatendible, en virtud de que va dirigido a combatir la actuación de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, lo que no forma parte de la Litis en el presente asunto. Luego, son infundados sus agravios en el sentido de que la Sala responsable fue omisa en observar el contenido del artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, porque no se aseguró que la sentencia fuera cabalmente cumplida y fue omisa en agotar todos los medios para hacer cumplir la sentencia. Lo anterior, porque contrario a lo que aduce el quejoso, la Sala responsable sí observó lo dispuesto por el aludido numeral y agotó los medios para hacer cumplir la sentencia. Cabe precisar que en cumplimiento al fallo protector dictado en el diverso juicio de amparo 788/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, la Sala responsable estudió y verificó el cumplimiento de la queja por omisión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la sentencia de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 1473/16-17-08-2 de su índice; esto mediante resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado materia de este fallo. Por tanto, dada la determinación de la Sala responsable de tener por cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad citado, no tenía que requerir nuevamente el cumplimiento a la autoridad demandada. Son infundados los conceptos de violación relativos a que la Sala responsable determinó declarar cumplida la sentencia definitiva, no obstante que la autoridad demandada en el juicio de nulidad no aplicó los incrementos correctos conforme al artículo 57 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que soslayó que la autoridad demandada fue omisa en cumplir con los lineamientos de la sentencia. Ahora bien, los efectos para los cuales se otorgó la nulidad de la "Concesión de Pensión por Jubilación número 637747", en la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, fueron los siguientes: Que la autoridad demandada Delegado Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emita una nueva resolución en la que incremente la cuota de pensión del enjuiciante, desde el dieciséis de mayo de dos mil dos, hasta la fecha de su liquidación, así como los subsecuentes en términos de lo dispuesto en el artículo 57, tercer párrafo de la Ley del citado instituto, vigente en la fecha que se le otorgó la pensión de jubilación, cubriéndole las cantidades que no le han sido pagadas hasta el momento en que dé cumplimiento a dicho fallo. La autoridad demandada mediante oficio resolutivo 007.300.302./5676/2022 de treinta de septiembre de dos mil veintidós (foja 642 del legajo de pruebas) adujo haber dado cumplimiento a la sentencia de nulidad, argumentando lo siguiente: ".PRIMERO. Una vez aplicados los incrementos ordenados en la sentencia de mérito, resultó una cuota diaria anterior de $334.46, misma que se ajustará la cuota pensionaria por la cantidad de $339.00 y será instalada en el próximo mes de enero de 2023. En virtud de que la diferencia a su favor es por la cantidad de $19,718.67 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N.); se informa que dicha cantidad se pagará en la nómina a partir de los meses de diciembre 2022 o enero 2023, misma que se verá reflejada en el talón de pago bajo el concepto 05." Así, del referido oficio resolutivo 007.300.302./5676/2022, de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se aprecia lo siguiente: La autoridad demandada digitalizó la evolución salarial, emitida por el Jefe de Departamento de Servicios Personales de Telecomunicaciones de México, respecto de la plaza que venía ocupando la parte quejosa de los años dos mil cuatro a dos mil veintiuno, como se advierte a continuación: Respecto de los años dos mil dos y dos mil tres, la empleadora del justiciable refirió lo siguiente: ".Con respecto al periodo de los años 2002 a 2003 no es factible proporcionar la información, considerando los plazo de conservación de los documentos que están sujetos a la valoración de las Unidades Administrativas y a las disposiciones legales que se indican en el Acuerdo que establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental." De lo anterior, la autoridad demandada señaló los incrementos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, como se sigue a continuación: Después, la autoridad demandada realizó las tabulaciones siguientes para determinar la cantidad a pagar a la parte quejosa, cuyo monto fue: Cantidad que debió pagar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado $1,298,044.86 Cantidad pagada el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado $1,278,326.19 Diferencias a pagar $19,718.67 Luego, mediante acuerdo de veintiocho de noviembre pasado, la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó: ".esta Sala considera que en la especie la autoridad ha dado cabal cumplimiento a la sentencia definitiva de 20 de febrero de 201, pues acreditó el debido incremento de la cuota pensionaria del actor desde mayo 2002, acorde a la mecánica establecida en el artículo 57, tercer párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a la fecha que se otorgó la pensión. (.) Lo anterior es así, ya que tomó en consideración los incrementos que tuvieron los Índices Nacionales de Precios al Consumidor.desde el 2002 al 2022.y aplicó el porcentaje más benéfico a la cuota de pensión al actor.lo que conlleva a afirmar que realizó la comparativa que se ordena en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a la fecha que se otorgó la pensión. (.) .es necesario indicar que a pesar de que la autoridad no asentó los incrementos de los sueldos de los trabajadores en activo por el periodo de 2022 a 2003, así como del año 2022, lo cierto es que, indicó los motivos por los cuales no lo hacía, mismos que son del todo justificables y ante ello.procedió a aplicar el incremento de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor." En ese sentido, como se adelantó, es infundado el concepto de violación hecho valer, ya que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, fue correcto lo determinado por la Sala responsable al declarar cumplida la sentencia de nulidad, dado que, contrario a lo argumentado por el quejoso, la autoridad demandada para emitir la nueva resolución en la que incrementó la cuota de pensión del enjuiciante, desde el dieciséis de mayo de dos mil dos, hasta la fecha de su liquidación, sí aplicó los incrementos conforme al artículo 57 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues realizó lo siguiente: Digitalizó la constancia de evolución salarial obtenida de la dependencia en la que laboró la parte accionante y, respecto de los años dos mil dos y dos mil tres, indicó justificadamente porqué aplicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Tomó en consideración las constancias de evolución salarial de los trabajadores en activo de la cual se obtienen los porcentajes de incremento salarial de éstos; por lo que resulta innecesario el uso o consulta de los tabuladores salariales. Lo anterior, dado que los tabuladores de sueldos son los documentos mediante los cuales las dependencias y entidades de la administración pública fijan los valores máximos y mínimos de una remuneración basándose en un trabajo; por lo que si la constancia de evolución salarial tomada en consideración por la autoridad responsable cuenta con la información de los salarios otorgados a los trabajadores en activo respecto de la misma plaza que venía desempeñando la parte quejosa, así como el porcentaje de incremento, es claro que resultaba suficiente para el cálculo de los incrementos generados a su favor. Por tanto, como correctamente lo sostuvo la Sala responsable, la autoridad demandada acreditó el debido incremento de la cuota pensionaria del actor desde mayo 2002, acorde a la mecánica establecida en el artículo 57, tercer párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que contrario a lo manifestado por el quejoso, sí cumplió con los lineamientos de la sentencia. Por otra parte, es infundado el concepto de violación en el que se argumenta que la Sala responsable soslayó que la autoridad demandada fue omisa en el pago de cantidad alguna por las diferencias respectivas, pues la autoridad demandada sí determinó el monto de las diferencias resultantes, esto es, $19,718.67 (diecinueve mil setecientos dieciocho pesos 67/100 Moneda Nacional) a pagar en la nómina a partir de los meses de diciembre de dos mil veintidós o enero dos mil veintitrés. En ese sentido, al resultar los conceptos de violación, en una parte inatendibles; y en lo restante infundados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles para la notificación de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fidel Ordoñez Meza, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa y de forma electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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CIUDAD DE MÉXICO, A UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS AUTOS, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, PARA RECURRIR EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO LA INCONFORMIDAD RESPECTIVA; EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE EL AUTO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EN EL PRESENTE ASUNTO, CAUSÓ ESTADO. EN CONSECUENCIA, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMLO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO Y REALÍCENSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
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CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. AGRÉGUESE A LOS AUTOS LOS OFICIOS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DESDE ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA HABILITADO PARA SU CONSULTA EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL PRESENTE JUICIO, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). NOTIFÍQUESE.
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