Fidel Octavio Molina Soria

Expediente 1096/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1096/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Fidel Octavio Molina Soria

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS CAUSA ESTADO DESECHADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente allegó un documento catalogado como no original. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado en sentido contrario y 20, inciso fracción II, del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, el documento que exhibió la parte promovente no está catalogado como original, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirá junto con el expediente principal en el plazo señalado. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Púbico de Investigación número 4 de Silao, Guanajuato y de otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1096/2023. ESTUDIO DE PROCEDENCIA En esas condiciones, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En la demanda que nos ocupa, se advierte que el quejoso reclama, el citatorio derivado de la carpeta de investigación *****, del índice de la Agencia del Ministerio Público número 4 de Investigación de Tramitación Común de Silao, Guanajuato, con el fin de que compareciera a una diligencia ministerial. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente. Lo anterior, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con relación con los diversos 5, fracción I, y 6, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley: [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la interpretación sistemática de los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, se colige que sólo quien resienta una afectación real y actual a su esfera jurídica puede acudir al juicio constitucional. Por tanto, cuando esa afectación no se produzca, el promovente carecerá de interés jurídico y habrá que desechar la demanda por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de investigación deriva de una encomienda constitucional que no forma parte de la esfera jurídica de los particulares, sino que es exclusiva del Ministerio Público, quien la ejecuta en representación de los gobernados, de modo que se proyecta como un auténtico derecho social. Por tanto, las diligencias que el Ministerio Público realiza en la fase de investigación para esclarecer los hechos presuntamente delictivos, no causan por sí un perjuicio a los derechos del gobernado en contra de quien se ordenan. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2005, estableció que la procedencia del amparo en contra de los actos acaecidos durante la averiguación previa, debe ser determinada fundamentalmente en si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Dijo que los actos ocurridos durante la investigación que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado (esto es, azotes, tortura, etcétera) son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo; pero, por ejemplo, aquellas irregularidades relacionadas con la manera como el órgano acusador sustenta algún hecho son, en cambio, susceptibles de ser contrarrestadas mediante la determinación del Juez de no otorgar valor probatorio a las pruebas obtenidas de manera ilícita. Por tanto, concluyó, que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Ahora bien, en el caso del acto reclamado, el citatorio dirigido al quejoso, en la carpeta de investigación *****, del índice de la Agencia del Ministerio Público número 4 de Investigación de Tramitación Común de Silao, Guanajuato, con el fin de citarlo a una diligencia ministerial, no ocasiona un perjuicio a su esfera de derechos que no sea susceptible de ser subsanada en diversa etapa del proceso penal, por lo que al no existir esa afectación real y actual en su esfera jurídica, carece de interés para promover el juicio de amparo por lo que hace al acto en estudio. Es así porque en caso de que el quejoso haya sido citado a una indagatoria y/o sea objeto de la investigación para su integración, ello de ningún modo puede considerarse que le cause alguna afectación o perjuicio en sus derechos reclamable en amparo. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controvierta el citatorio girado en contra de la parte quejosa, toda vez que la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación, para lo cual el Ministerio Público debe emprender una búsqueda de los elementos que le ayuden a encontrar la verdad en la comisión de ilícitos, por ser disposiciones de orden público e interés social. De ahí que, no se advierta que el acto que se analiza cause al quejoso una afectación real y actual a algún derecho sustantivo y, por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y textos siguientes: Época: Novena Época Registro: 180028 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia (s): Penal Tesis: 1a. CXXXV/2004 Página: 351 "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En consecuencia, queda demostrada la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo y procede desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En consecuencia, se le practiquen las notificaciones, aun las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista que se fije en los lugares visibles de este órgano, así como la correspondiente publicada en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal; hasta en tanto señale domicilio para tal fin. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *****, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de esta fecha. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó un correo electrónico, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES ACORDADAS De igual manera, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente.

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