Fidel Martínez Lezama (Defensor Particular)
Expediente 1122/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ y Otros.
- Fidel Martínez Lezama (Defensor Particular)
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de octubre pasado, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano; que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda, la sentencia, así como el presente proveído, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe y agrega:Oficio SSP/DGAJ/SC/SGI/01010173/2022 signado electrónicamente por el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla Sin mayor acuerdo, en virtud que por auto de diecinueve actual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas con motivo de la suspensión de plano.
- Principal
Se advierte que el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno, no ha informado si aceptó o no la competencia planteada en el juicio de amparo 974/2017 de este juzgado, promovido por *******; mismo que remitió el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, mediante determinación judicial pronunciada en el juicio de amparo 759/2022 II-A de su índice; en esas condiciones, mediante oficio que al efecto se gire a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, requiérasele para que informe a qué juzgado de Distrito le correspondió conocer del juicio de amparo de referencia, debiendo remitir el oficio correspondiente al juez que haya conocido por razón de turno del aludido juicio de amparo, a fin de que este último informe si aceptó o no la competencia planteada, o en su caso, informe la imposibilidad legal que tenga para ello.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Fidel Martínez Lezama, en representación de XXXXX, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 1122/2022. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes actos reclamados: Privación de la libertad; Incomunicación; Búsqueda; Localización; y Tortura. Ahora, tomando en consideración que tanto la incomunicación como la tortura son considerados como penas inusitadas y trascendentales, y por ende, prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Federal de la República, de conformidad con los artículos 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, de oficio se concede la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto a dichos actos para el efecto de que cesen de inmediato. Para dar cumplimiento a lo anterior, requiérase a las autoridades responsables para que en un plazo no mayor de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a esta determinación (suspensión de plano), apercibidas que si al hacerlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 247, fracción V, del Código Penal Federal, reformado el doce de noviembre de dos mil veintiuno. Comuníquese a las autoridades que a efecto de que estén en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento urgente hecho por esta autoridad, tienen a su disposición el número telefónico de guardia 2224593590 y el correo electrónico institucional 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término fijado en párrafos que anteceden, remitan las constancias de donde se advierta que el quejoso ha tenido, en su caso, comunicación con sus familiares, abogado o persona alguna, previniendo a las autoridades que la violación de este mandato entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. (...). Así también, hágase del conocimiento de las responsables que en el supuesto de no rendir el referido informe en el término fijado, se les impondrá multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente; lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de esta resolución a las autoridades responsables. Dígase al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir el oficio que se envía, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada, se le impondrá al encargado, como a la autoridad responsable, multa de mil días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, todo lo cual el fedatario asentará razón en autos; además, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación con tales hechos, mismos que son constitutivos de delito. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa, y por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente respecto del amparo promovido en nombre del directo quejoso, se ordena al actuario se constituya en los lugares de detención de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Estatal de Investigación, y requiera al quejoso para que en el acto de la notificación de este proveído o por escrito dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su nombre, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias decretadas. Asimismo, el citado fedatario judicial deberá de dar fe de manera pormenorizada del estado físico del impetrante de garantías y cuestionarlo para que manifieste si ha sido objeto de tortura. En la inteligencia de que se otorgan amplias facultades al actuario para que en caso de no localizar al quejoso en los lugares señalados, pero sea informado por personal alguno, el lugar en donde está, sin mayor acuerdo se constituya en dicho lugar y lleve a cabo la diligencia encomendada, para lo cual se ordena expedir dos oficios con el nombre de la autoridad en blanco a efecto de que, en caso de ser necesarios, se asiente la denominación correspondiente, y sin necesidad de emitir nuevo acuerdo se notifiquen. Ahora, tomando en consideración que la petición de amparo no la formula directamente el quejoso y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman, se ordena a la autoridad responsable para que de suceder esto, permita al actuario el acceso a sus registros de trabajadores o visitantes e incluso que pueda entrevistarse con aquellos cuyo nombre sea similar al del quejoso, a fin de que se localice a los impetrantes de amparo y se dé fe del lugar y las condiciones físicas visibles en las que está, so pena de incurrir en responsabilidad penal, en términos de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario Firellezama12671. Se comisiona a la Oficial Judicial C adscrita para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibido que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Se autoriza el acceso al expediente electrónico, para lo cual se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario Firellezama12671. De igual manera, téngase a la parte quejosa proporcionando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que señala en el proemio de la demanda; en la inteligencia de que en aquel únicamente se practicaran las notificaciones que de manera excepcional por su naturaleza deban realizarse en tal forma en términos del segundo párrafo, fracción II, del artículo 30 de la ley de la materia. Por otra parte, ténganse como forma especial y expedita de contacto con la parte quejosa, los números telefónicos que menciona en su escrito de cuenta, el cual servirá para entablar comunicación no procesal; sin embargo, a fin de privilegiar el principio de inmediatez se tendrá este como medio de comunicación exclusivamente cuando el suscrito lo considere necesario. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Néstor Adalid Aguilar Cortes, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alejandro Bernal Torres y Giovani Cuatle Coyotl, por no estar registrada su cedula profesional en dicho sistema. Tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
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